Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Exacto: la Policía Comunitaria es legal

¿Por qué sigue presa Nestora Salgado?

La Policía Comunitaria recibe recursos del gobierno del estado porque se trata de una corporación legal, amparada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, y sus actividades como “cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias” se hallan establecidas y por lo tanto protegidas por el artículo 37 de esa ley.
Con este argumento respondió el gobierno de Ángel Aguirre Rivero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su informe sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad en el estado cuestionó la legalidad del apoyo gubernamental brindado a las policías ciudadanas, concepto en el que sin hacer diferenciación alguna incluye a la Policía Comunitaria de la CRAC, que es una institución distinta (lo cual es explicado en el informe).
Tiene razón el gobierno: la Policía Comunitaria “trabaja en la legalidad, y no así los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un marco jurídico que los regule”, como manifiesta en el comunicado emitido el martes pasado. Por ello es que obtiene de las autoridades equipo para sus tareas y “los órganos del poder público y los particulares respetarán sus actuaciones en ejercicio de sus funciones como actos de autoridad”, dice también el mensaje oficial.
Con esas premisas aportadas por el gobierno de Aguirre, entonces ¿por qué fueron encarcelados Nestora Salgado García y una docena más de coordinadores e integrantes de la Policía Comunitaria, detenidos por realizar actos de autoridad que el gobierno reconoce como tales, pero que en los pliegos de consignación están señalados como actos de terrorismo o secuestro?
El punto expuesto por el gobierno para rebatir a la CNDH –es decir, la legalidad de la CRAC y de las funciones de la Policía Comunitaria– es precisamente el argumento jurídico que hace insostenible la aprehensión de Nestora Salgado y los policías comunitarios, y resultaría irracional y absolutamente arbitrario que mientras el gobierno reivindica ese precepto para contestar la imputación de la CNDH, lo destroce para mantenerlos en la cárcel.
Desde el principio fue ostensible la fragilidad jurídica de la captura de los policías comunitarios, aun en el caso de Gonzalo Molina y Arturo Campos, y para ocultar ese hecho el gobierno pretendió desconocer la pertenencia de la Policía Comunitaria de Olinalá, Tixtla y Ayutla a la CRAC, en el supuesto de que de esa manera carecerían del amparo que les brinda la ley. Pero Nestora Salgado y sus compañeros presos pertenecen a la CRAC, cuya asamblea rechazó expulsarlos como lo promovió el grupo encabezado por Eliseo Villar Castillo instigado por el gobierno.
El hecho de que el gobierno esgrima ahora el argumento de la legalidad de la Policía Comunitaria para justificar su relación institucional con esa corporación, pone al descubierto el carácter político e ilegal de la aprehensión de los comunitarios y la fabricación de delitos que motivó su captura. En esos términos, que son los del propio gobierno de Aguirre, ¿por qué sigue presa Nestora Salgado en una prisión de máxima seguridad situada en un estado ajeno al suyo, sometida a un régimen de aislamiento e inaccesible hasta para su propia familia? ¿Por qué los “actos de autoridad” realizados por Nestora Salgado son ilegales si el propio gobierno dice que esas funciones están reguladas por la Ley 701?
La controversia entre el gobierno del estado y la CNDH actualiza el caso del encarcelamiento de los policías comunitarios, pero al contrario de lo que han afirmado algunos políticos del PRD y del PRI, el informe del organismo nacional aborda mucho más que la existencia de la CRAC y el surgimiento de los grupos de autodefensa, pues en realidad ofrece un diagnóstico profundo de la inseguridad y la violencia que sufre el estado, e incluso de sus problemas de orden social y de gobernabilidad. El panorama descrito en las 116 páginas de la investigación es crítico y desalentador.
Son conocidas las estadísticas de la violencia, y en el informe están acompañadas de ?incontables testimonios de víctimas o familiares de víctimas, en casos de secuestro, homicidio o extorsión. Pero es menos conocido el hecho de que junto al incremento de la violencia, bajo el gobierno de Aguirre Rivero se ha producido un serio incremento de la pobreza.
Ese empobrecimiento queda descrito en este párrafo: “Entre 2010 y 2012, el porcentaje de la población por debajo de la línea de bienestar mínimo en el estado de Guerrero pasó de 38.8 % a 45.1 %. Cabe mencionar que en los 46 municipios de referencia el 37.4 % de las personas sufrían de pobreza alimentaria en 2010, esto es, casi dos veces el indicador nacional, de 20 %. Además, destaca que los municipios con más personas por debajo de la línea de bienestar coinciden con los de mayor población debajo de la línea de bienestar mínimo, y en ellos más de 70% de la población vive con menos de $782.89 mensuales por persona, lo cual no es suficiente para comprar una canasta alimentaria básica. Estos son: Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Alcozauca de Guerrero”.
Por más que las autoridades y algunos partidos políticos pretendan desacreditar el reporte de la CNDH, se trata de un documento sólido que remueve las entrañas del estado y pone en evidencia la ineficacia, negligencia y corrupción del gobierno del estado no solamente en el caso de la inseguridad, donde simplemente ha abandonado sus responsabilidades –lo que explica el surgimiento de las organizaciones ciudadanas de autodefensa–, sino también en el caso del bienestar social. Es un gobierno que ahí está, pero como si no estuviera, excepto para enviar a la cárcel a quienes lo cuestionan o evidencian.

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