Pide perdón el Estado a la familia de Faustino Jiménez, víctima de desaparición forzada

*El hecho ocurrió el 17 de junio de 2001, cuando agentes de la entonces Policía Judicial de Guerrero lo sacaron de su casa en el contexto del secuestro del líder cetemista José Valle. Tras ver cerradas todas las puertas, su familia llevó el caso ante la CIDH. La señora Enedina Cervantes hace público su temor de sufrir una represalia de aquellos a quienes denunció. La PGJE seguirá la búsqueda de la víctima, se compromete Iñaki Blanco

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En un acto público, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, pidieron disculpas en nombre del Estado y reconocieron su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada de Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida ?el 17 de junio de 2001 a manos de la extinta Policía Judicial.
El acto se realizó ayer antes de medio día en el auditorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y aunque en el programa de actividades estaba contemplada la asistencia del secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para leer las “palabras de bienvenida”, en su lugar acudió el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza.
Del gobierno federal acudió la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón García; del gobierno del estado el procurador Iñaki Blanco y el director de la Policía Ministerial del estado, Marcos Esteban Juárez Escalera.
Asistieron además el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquín, como representante de las víctimas, así como la esposa e hijos de Faustino Jiménez, Enedina Cervantes Salgado, Julieta y Ricardo Jiménez Cervantes.
Lo anterior como parte del acuerdo de “solución amistosa” que contempla el resarcimiento del daño.
Misael Medrano afirmó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero reconoce la responsabilidad del gobierno estatal y que está comprometido a “continuar con la investigación y sancionar a los responsables, atender a las víctimas y garantizarles sus derechos”.
Faustino Jiménez desapareció días después del secuestro del dirigente cetemista José Valle Álvarez en junio del 2001, que fue rescatado con vida por agentes de la Policía Judicial.
De acuerdo con el informe  del caso que se publica en la página de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  familiares del desaparecido contaron que el 17 de junio del 2001 alrededor de las cuatro de la madrugada llegaron policías judiciales a la casa de Jiménez Álvarez.
“De forma violenta ingresaron al domicilio del señor Faustino Jiménez Álvarez, cuando se encontraba durmiendo, se abalanzaron sobre él, lo golpearon, le preguntaron por el paradero de su patrón José Valle Álvarez, quien días antes había sido secuestrado, y bajo amenazas de matar a su esposa y demás familiares, se llevaron y desaparecieron al señor Faustino Jiménez”, dice el informe.

Temor de los familiares

La esposa de Faustino Jiménez recordó a los representantes del Estado mexicano que lo que ella y sus hijos vivieron cuando se llevaron de su casa a la víctima “nos dejó marcados, todo aquello lo tenemos muy presente”, y afirmó que tienen temor de ser agredidos ella y sus hijos, o en el peor de los casos desaparecidos por “el gobierno”.
“Se lo llevaron de la manera más cruel que se pudiera ver”, relató la señora, y aclaró que con las disculpas públicas “nada borra de lo que ya nos hicieron, nada cambia ni nos viene a quitar el dolor de lo que vivimos, lo que sufrimos”.
Recordó que tras la desaparición de su esposo acudió a las diferentes dependencias “y todas me las cerraban, yo pidiendo y exigiendo justicia fui ignorada”.
Dijo que la incertidumbre vivida durante 12 años “es algo que no le deseo a nadie, el pensar todos los días en qué le hicieron, dónde está, dónde lo dejaron”.
Con llanto, Enedina Cervantes continuó: “mi hijo me preguntaba ¿mamá dónde está mi papá?, y yo sin ninguna respuesta, porque nadie me la daba”, y llamó al Estado mexicano a que no siga repitiendo desapariciones forzadas.
Dijo que ella y su familia viven con temor, que toma medidas extremas de seguridad, como evitar que sus hijos salgan solos a la calle porque tiene miedo de que “les pase algo malo, porque tengo miedo de que las personas a las que yo denuncié los agredan o les hagan algo, el algo que vivo día a día”.
Controló el llanto para levantar la voz e insistir en el temor que tiene y responsabilizar “al gobierno de cualquier cosa que nos pueda pasar a mi familia y a mí, porque puede que no les guste lo que estoy exigiendo, porque no quiero que me les hagan daño”.
Llamó también a las familias de victimas de desapariciones forzadas que se acerquen a los organismos internacionales y continúen exigiendo justicia a pesar del temor y el hostigamiento.
Julieta Jiménez, hija de Faustino, ya no pudo hacer uso de la palabra porque el llanto se lo impidió.
El procurador, en representación del gobierno del estado, detalló el hecho ocurrido el 17 de junio de 2001, cuando cinco integrantes de la Policía Judicial, ahora Ministerial, irrumpieron de manera violenta en la casa de Faustino Jiménez “y lo detuvieron, desde entonces se desconoce su paradero”.
Po lo que el 26 de junio de ese año la familia presentó ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) una queja que derivó en la recomendación 19/2002, en la que exhortó a la PGJE a girar la instrucción de sancionar a 20 funcionarios probablemente responsables de la desaparición.
Lo anterior a partir de la atención a los recursos promovidos por los familiares de la víctima, como fueron un amparo, la denuncia penal por desaparición y el recurso extraordinario de exhibición de personas que no dieron resultado para dar con el paradero de Jiménez Álvarez.
Por eso, el 25 de abril de 2002 los familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que resultó en el ?informe presentado el 8 de abril del 2007 número 31/2007, en el que consideró que los hechos caracterizaban una violación al derecho a la vida e integridad y libertad personal, garantías judiciales y? a la protección judicial y a las obligaciones de prevenir la tortura.

Por lo que el 27 de septiembre de 2012 el Estado mexicano representado por funcionarios de la Segob, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de Gobierno del estado, suscribieron con Enedina Cervantes, el Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, “el acuerdo de solución amistosa” en el caso de la desaparición forzada de Faustino Jiménez a manos de la extinta Policía Judicial.
En el acuerdo se incluyó el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano,?y se acordaron medidas de reparación como la realización del acto de ayer.

Las disculpas

El procurador en representación del gobierno estatal leyó que la privación ilegal de la libertad de Faustino Jiménez “fue un hecho repudiable y lamentable”.
Dijo que se ven obligados “a reflexionar sobre las responsabilidades de los servidores públicos, especialmente cuando la ilegalidad, la impreparación, el descuido, la prepotencia y el abuso de personas investidas de poder se exacerban sobre un ser humano”.
Dijo que el acto de ayer representa un medio de concientización de los derechos humanos, y afirmó que una de las “principales directrices de nuestro esquema de trabajo” es el respeto a los derechos humanos.
Afirmó que no hay nada que justifique su violación.
El procurador afirmó que ha instruido a todos los trabajadores de la dependencia a “redoblar esfuerzos en la investigación del caso”, porque dijo que reconoce que Faustino Jiménez fue víctima de una grave violación de sus derechos humanos.
Dirigiéndose a la esposa e hijos de la víctima, dijo que “el Estado asume su responsabilidad y solicita sentidamente el perdón de ustedes en su calidad de víctimas y de toda la sociedad, al estar frente a un hecho que lacera a todos”.
Justificó que no hayan podido dar con el paradero de la víctima porque “varios factores nos lo han impedido”, pero afirmó que seguirán buscándolo.
“Asumimos el ineludible compromiso de continuar en su búsqueda”, planteó.
Añadió que como el caso lo conoció la CIDH,?“a nombre de la sociedad y del Estado mexicano aceptamos nuestra responsabilidad, reconociendo que la desaparición forzada implica violación a los derechos humanos, a saber, a la vida,? a la integridad física y a la personalidad jurídica, reconoce el Estado su responsabilidad por la vulneración a la integridad sicológica de los familiares del señor Faustino Jiménez Álvarez”.
Reconoció que el Estado está en deuda con las víctimas y ofreció “una sincera disculpa por el daño causado” por la desaparición y dijo que no será olvidado por la dependencia.
Por último agradeció a las víctimas “la entereza para denunciar, como ciudadano agradezco su probidad, admiro su valor, integridad y valor”.
Por su parte, la funcionaria federal dijo que la familia de la víctima obliga al Estado y a los servidores públicos a dar importancia de un actuar “probo y pulcro” y de la importancia de respetar a los ciudadanos.
El uso de la fuerza “es para proteger a los ciudadanos y no para abusar de ellos”, señaló.
Afirmó que México es “un Estado moderno y democrático en el que no se debe tolerar que se cometan violaciones a los derechos humanos y en caso de que se den se debe garantizar que no queden impunes”.
Dijo que la política de Estado es garantizar la protección de los derechos humanos, como la ley general de víctimas, que obliga a los funcionarios a reparar el daño “sin excusas e implementar las medidas para que las dependencias trabajen de manera integral”.
Reiteró “el compromiso con el respeto irrestricto, la promoción y defensa de los derechos humanos” y reconoció el derecho de la esposa de Faustino Jiménez a conocer el paradero de la víctima de desaparición forzada.
Expresó a nombre del gobierno federal que “se acepta públicamente la responsabilidad internacional de México en la desaparición de Faustino Jiménez Álvarez y la obligación de investigar este doloroso hecho, así como de reparar el daño”.
Reconoció lo irreparable del daño “que nadie quita” y dijo que esperaba que el acto sirviera en la reconstrucción del daño.
El director del Prodh, José Rosario Marroquín, enalteció el que la familia de la víctima no se haya dejado doblegar por la ineficiencia de las autoridades y los obstáculos que encontraron en las instancias “que deberían garantizar su vida, libertad y su integridad así como la de Faustino Jiménez”.
Esto a pesar de que agotaron todas las instancias a su alcance sin obtener una respuesta favorable ni resultados, ni la presentación de la víctima, a pesar de que la familia tuvo que acudir a organismos internacionales.
Y lamentó que todavía hay actos y condiciones que favorecen la existencia? de la desaparición forzada, “no hay que olvidar que estamos en Guerrero, un estado de donde han sido documentados numerosos casos iniciadas en 1960 y continuadas hasta este momento”.
Dijo que todos los compromisos carecen de sentido si la familia y la sociedad no tiene acceso al conocimiento de la verdad, “el acto fue sólo para mostrar buena voluntad… esperamos que las buenas intenciones se traduzcan en buenas decisiones para construir una sociedad donde sea posible vivir dignamente y que sean evitados los abusos desde el poder”.