El informe de la CNDH no está bien sustentado y tiene motivaciones políticas, insinúa el gobernador

El informe de la CNDH no está bien sustentado y tiene motivaciones políticas, insinúa Aguirre

*Informa que así como hicieron los del PRI, también los alcaldes y diputados del PRD lo respaldarán.  Dice que los presos de la CRAC ya son también reos federales y justifica su aprehensión porque “fueron desconocidos” por la coordinadora y por eso no estaban protegidos por la Ley 701

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que “en su momento” fijará una postura sobre el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque no ha leído el informe que tiene 116 páginas.
Sin embargo, insinuó que el documento no está “bien sustentado” y tiene motivaciones políticas, que no especificó.
En declaraciones en playa Revolcadero de Acapulco, el gobernador dijo que hay aspectos que tiene que revisar con detalle para no dar tropiezos y por eso después fijará su postura.
También subrayó que la Ley 701 que reconoce a la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fue herencia del ex gobernador Zeferino Torreblanca.
El pasado martes, la CNDH presentó el “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, en el que señaló al gobernador Ángel Aguirre de promoverlos y al mismo tiempo perseguirlos, enlistó 46 municipios donde hay grupos de autodefensa o policías comunitarias y señaló que la ineficacia, corrupción y vínculos de autoridades con el narcotráfico gestaron esas movilizaciones ciudadanas.
–Gobernador ¿qué responde al informe de la CNDH? –se le preguntó.
–Pues lo vamos a analizar muy bien y en su momento daremos nuestro punto de vista también.
–¿Qué dice sobre el señalamiento que hace al gobierno del estado, de que al mismo tiempo los apoya y encarcela a los grupos de autodefensa?
–En su momento daremos a conocer nuestra opinión –reiteró.
–¿Por qué todavía no tiene una postura?
–Porque son 116 páginas que habrá que analizarlas con detenimiento, ¿no?, y no dar ningún tropiezo.
–¿Cuál es el balance que tiene el gobierno del estado de esos 46 municipios que señala la CNDH donde hay presencia de grupos de autodefensa?
–En su momento lo daremos a conocer –insistió.
Aguirre Rivero agregó que algunos alcaldes ya dijeron que el informe de la CNDH no corresponde a la verdad, en referencia a la reunión que el miércoles tuvo con los alcaldes priistas en una oficina del Centro de Convenciones Mundo Imperial.
Sobre el señalamiento que hizo la CNDH de que las autoridades ministeriales están involucradas con la delincuencia organizada y eso ha generado la aparición de grupos de autodefensa, el gobernador dijo que la seguridad y la impartición de justicia es responsabilidad del gobierno federal, estatal y municipal.
“Pues son tres niveles los que tenemos que contribuir y coadyuvar en la seguridad y que no nos olvidemos del federal, muchos de los bloqueos que se cometen en las carreteras es una responsabilidad del federal y no la asume, muchas veces tenemos que acudir nosotros como gobierno del estado”, expresó.
Del respaldo que los alcaldes del PRI le brindaron, el gobernador dijo que “valora” esa muestra de solidaridad con su gobierno y adelantó que también los alcaldes perredistas “se están poniendo de acuerdo” para emitir una postura en conjunto.
Asimismo, dijo que se unirán integrantes del Congreso, sin especificar si federales o locales, para fijar una postura ante los señalamientos de la CNDH, “porque cualquier señalamiento que se haga al estado de Guerrero debe estar bien sustentado y que no tenga motivaciones de otro orden y mucho menos políticas”.

Los presos de la CRAC, por delincuencia organizada

El gobernador dijo que los coordinadores de la Policía Comunitaria detenidos por el gobierno del estado ya “son reos federales”.
Por separado se conoció que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió órdenes de aprehensión contra nueve de los policías comunitarios presos en cárceles federales y en el penal de Las Cruces por el delito de delincuencia organizada.
Entre los nueve integrantes de la CRAC, la fuente dijo que se encuentran los coordinadores de Olinalá, Nestora Salgado; de Tixtla, Gonzalo Molina, y de Ayutla, Arturo Campos.
Al gobernador se le preguntó por qué mediante un boletín reconoció que la Ley 701 avala las acciones de la Policía Comunitaria como “actos de autoridad”, y el gobierno del estado procedió contra los coordinadores que tenían a personas en proceso de reeducación, y dijo que “no el gobierno del estado, la federación ya los ha declarado también como reos federales”.
Abundó que la CRAC existe desde hace 18 años y mediante un decreto del ex gobernador Zeferino Torreblanca se le otorgaron facultades para poder actuar en materia de seguridad mediante la Ley 701, y reiteró que los coordinadores detenidos “nunca fueron reconocidos por la CRAC”.
Al recordarle que los coordinadores de las casas de Justicia de El Paraíso, Tixtla y Olinalá se les tomó protesta como parte de la CRAC, Aguirre Rivero añadió que “después se les desconoció”.
Un reportero le preguntó al gobernador que hay sectores de la población que quieren declarar persona non grata al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, y Aguirre Rivero dijo que respeta esa opinión y señaló que ese tipo de declaraciones en temporada vacacional “afecta” al estado.

En Tixtla la CRAC se comportó como una guerrilla, acusa el procurador Iñaki Blanco

*Anuncia que dará respuesta a los señalamientos que la CNDH hizo en su informe contra la PGJE

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El procurador Iñaki Blanco Cabrera afirmó que el 26 de agosto los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla se comportaron como si fueran una guerrilla, durante la toma del ayuntamiento de ese municipio, en exigencia de la liberación de su compañera de Olinalá, Nestora Salgado García.
Lo anterior lo dijo en declaraciones a reporteros después de un acto público en el que el Estado mexicano a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del propio procurador Blanco Cabrera, pidió disculpas y reconoció su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada de Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida?el 17 de junio de 2001 a manos de la extinta Policía Judicial de Guerrero.
Al procurador se le preguntó por las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la dependencia estatal y la afirmación de un doble discurso del gobierno en referencia a las policías comunitarias.
Iñaki Blanco afirmó que la Procuraduría no inventó nada y que hay videos donde se observa lo que sucedió el día en que la Policía Comunitaria tomó el ayuntamiento y desarmó a uniformados municipales; recordó que los integrantes de la CRAC portaban armas de uso exclusivo del Ejército.
Además afirmó que los policías comunitarios de la CRAC, que como parte de sus manifestaciones tomaron el ayuntamiento en exigencia de la liberación de Nestora Salgado, “asumieron posiciones, actitudes propias de la guerrilla”, argumento con  el que justificó que se les imputara el delito de terrorismo.
Un reportero preguntó si eso significaba que los policías comunitarios forman parte de la guerrilla, pero evadió responder gritando “¿me dejas terminar?”
Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) los consignó por el mismo delito, “jueces del fuero común y del federal estimaron que se dan los elementos y por eso se obsequiaron las órdenes de aprehensión”.
Se le insistió por el “Informe especial sobe los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, de la CNDH, y dijo que todavía lo está revisando y “daremos respuesta a todos y cada uno de los puntos que ahí se plantean, porque hay varios que se dirigen? la Procuraduría”.
Se le preguntó por la afirmación de la CNDH de que los funcionarios responsables de la procuración y administración de la justicia están involucrados con los grupos de la delincuencia organizada, lo que ha causado el surgimiento de los grupos ciudadanos de autodefensa.
Pero respondió que “el delito de la delincuencia organizada es un delito federal, hay una ley federal, y en todo caso le corresponde a la PGR”.
Se le preguntó si entonces era incorrecto el informe, pero evadió la pregunta.
En otros temas dijo que por el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, hay cinco personas sujetas a proceso y que ninguno fue torturado.
Del caso de los ecologistas Marcial Bautista y Eva Alarcón dijo que hay dos procesados y órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales, por lo que el asunto “está resuelto en la averiguación previa”, y del asesinato de Juventina Villa Mojica y su hijo dijo que hay cuatro probables responsables, de los cuales uno ya murió.
De la detención de Nestora Salgado, presa en el penal federal femenil de Tepic, reiteró que fue consignada por “el secuestro cometido en agravio de seis personas”.
Dijo que “cuatro de las víctimas fueron menores de edad; la Ley 701 y la Ley 281 en ninguno de sus artículos contempla que las autoridades comunitarias puedan solicitar dinero para que las personas sujetas a reeducación recuperen su libertad. En el momento en que lo hacen, su conducta deriva en la comisión de un delito”.
El hecho de que se sometiera a reeducación a menores de edad va contra el espíritu del artículo 18 constitucional, que establece el sistema judicial de justicia para adolescentes, por lo que aseveró que lo cometido contra las adolescentes fue un secuestro.

Arremeten Evencio Romero y el PRD en el Congreso contra la CNDH y defienden a Aguirre

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Diputados del MC, PRD y PRI coincidieron ayer en que el informe de la CNDH sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad, no debe ser utilizado para defenestrar el gobierno de Angel Aguirre ni mentir diciendo que en la mayoría de municipios existen autodefensas.
En contraste, el coordinador de los diputados priistas, Héctor Apreza Patrón, mantuvo su postura fijada en tribuna el martes, y dijo que la justicia sigue siendo una deuda.
Este jueves en la segunda sesión de tres que se realizaron, ya en la noche, el diputado del MC, Evencio Romero, dijo en tribuna que el informe de la CNDH miente porque de acuerdo a la Constitución local, “se demuestra que es una falacia el que no exista una armonía entre la normativa indígena, con la legislación estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”.
Luego aseveró: “Solicito respetuosamente a Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, a remitir las fuentes de información que sirvieron para la integración del Informe Especial Sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, a fin de que esta soberanía, con fundamento en sus atribuciones legislativas, continúe armonizando las leyes en materia de seguridad pública, atendiendo al contexto social y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Por el PRD, el diputado Valentín Rafaela Solís quiso ser irónico y dijo: “Felicito al presidente por su informe, pero no comparto que no haga propuestas sobre derechos humanos, porque nada dice de la delincuencia organizada, ante los asesinatos y secuestros”.
Aunque luego reconoció que a la Costa Chica sólo se presentaron enviados de la CNDH una sola vez y dijo que su fracción  exige que presenten los testimonios ante el Ministerio Público.
Luego Apreza recordó que el martes dio su postura sobre el estado que guardan los derechos humanos en Guerrero y dijo que en consulta con más diputados, hubo consenso en que hay una deuda pendiente de respeto a los derechos humanos, y debe ser una responsabilidad de la presente 60 Legislatura abundar en el perfeccionamiento de la defensa de los derechos humanos.
Dijo que descalificar un informe como el de la CNDH o avalarlo de forma oficiosa, es riesgoso.
Dijo que los tres poderes tienen la obligación de revisar el informe, por el bien de Guerrero e impulsar un plan de reconciliación social, con el esfuerzo de todos.
Para el mismo tema Germán Farías Silvestre, del PRD, dijo creer que de ninguna manera en el estado se sataniza a los líderes sociales, y no entiende cómo de manera fácil se descalifica a un gobierno.
Y para terminar, remitió a la recomendación por el caso de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa asesinados, donde dijo que la CNDH sólo acusa al gobierno del estado, pero no al  federal.

Leyes de ingresos municipales

En la segunda sesión vespertina los diputados aprobaron también las leyes de ingresos y tablas de valores de los principales municipios.
Al ayuntamiento de Chilpan-cingo le autorizaron aumentar un 2 por ciento el cobro de derechos. Pero al de Acapulco le rechazaron una adición al dictamen de ley de ingresos al diputado Farías, por el cual proponía modificar el artículo tercero transitorio para descontar a los contribuyente de las zonas afectadas por la tormenta Manuel, hasta el 50 por ciento de impuestos.
El priista Héctor Astudillo su-bió a tribuna y dijo que esa propuesta era un acto de buena fe, pero que no se puede aprobar nada si no se sabe cuánto se pagar de predial.
Por el MC, Mario Ramos dijo que el ingreso principal en todos los municipios es el impuesto predial, y es el caso también de Acapulco.
Abundó que reconoce el interés de ayuda del diputado Farías, pero no se sabe quiénes son los afectados ni la dimensión del descuento.
Farías respondió que los ingresos de Acapulco y de otros municipios en más del 90 por ciento son de la federación, por lo cual no afectaría el descuento.
Ya en la votación, por mayoría se rechazó la reserva de  Farías.
Y en el caso del municipio de Chilpancingo, se aprobó por unanimidad su ley de ingresos, aunque sólo hubo un aumento del 2 por ciento en el cobro de derechos.
El diputado Alejandro Arcos, a interpelación del diputado Antonio Gaspar, dijo que no se cobran impuestos, sólo los derechos, que aumentaron 2 por ciento.
Los diputados rieron, porque Arcos y Gaspar son aspirantes a alcaldes por Chilpancingo, y luego de la interpelación se abrazaron.
Igual se aprobaron sin discusión y por unanimidad, las leyes de ingresos y tablas de valores de Iguala, Taxco y Zihuatanejo; en ninguno de ellos hay alza de impuestos.
En la primera sesiónse aprobó a la diputada Laura Arizmendi, del MC, exhortar la Comisión de Presupuesto que reasigne 3 millones de pesos para el Tecnológico de Chilpancingo, para crear su laboratorio de cómputo.
Y en la segunda sesión se aprobó al panista Jorge Camacho Peñaloza, asignar 30 millones de pesos a la Secretaría de la Cultura, para que fomente la creación, producción, difusión y promoción de orquestas y coros juveniles e infantiles del estado.
También se dio primera lectura al punto de acuerdo, presentado por la Comisión de Gobierno, por el cual se opone a la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE).

Coincide Tlachinollan con el informe de la CNDH, pero desaprueba que desconozca a la CRAC

*El organismo nacional debe hacer un análisis más progresista y con respeto a los derechos indígenas, dice el abogado Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Monataña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, coincidió con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero consideró riesgoso y regresivo que el organismo desconozca a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la organización de los grupos de autodefensa integrados a la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) y otras comunidades organizadas.
Opinó que el organismo debe hacer un análisis más progresista, de respeto a los derechos indígenas, porque hay muchos estudios de universidades de prestigio de México y del extranjero sobre la CRAC, que confirman su legitimidad.
En entrevista telefónica, indicó que coincide en que existe un vacío de gobierno, que llevó a los pueblos a organizarse por su seguridad, y en este proceso los ciudadanos retomaron las estructuras de los pueblos originarios que representa una organización histórica, anterior al Estado de derecho.
De acuerdo con la CNDH no hay Estado de derecho en los grupos de autodefensa, porque los gobiernos estatal y municipales delegaron funciones indelegables a ciudadanos, aun a la CRAC que tiene 18 años de operación en la Costa Chica y Montaña de Guerrero.
Rosales Sierra precisó que aún debe hacer una revisión minuciosa del documento, pero por lo difundido en la prensa opinó que el informe de la CNDH es parcialmente objetivo, porque puso el acento en la disfuncionalidad de los aparatos de justicia y en la seguridad comunitaria.
Confirmó que hay un vacío de autoridad, denunciado hace mucho por organizaciones sociales, por la colusión de los aparatos de justicia con el crimen organizado.
Consideró positivo que la CNDH pusiera énfasis en este problema y lamentó que algunos diputados y alcaldes, lejos de reconocer la realidad, se conviertan en cortesanos del gobernador para poner en tela de juicio el informe del organismo público, que se basó en testimonios.
Sin embargo, dijo que le preocupa un elemento del informe. Señaló que académicos han realizado tesis y libros sobre la CRAC, incluso la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno federal hizo estudios antropológicos de lo que representa la Policía Comunitaria.
Dichos estudios se inscriben en el marco de los derechos históricos que tienen los pueblos indígenas, que los hacen diferentes del resto de  la población, dijo.
Añadió que en un país tolerante, democrático y plural se deben respetar las diferencias de los pueblos originarios como un ente que tiene historia antes del Estado nacional, con cultura, territorio y organización propia, donde está la seguridad y la justicia que los pueblos de antaño.
Consideró que la CNDH tiene que hacer una diferenciación de las comunidades de los pueblos  indígenas que han rescatado sus sistemas de seguridad por el incremento de la violencia, y que luego ampliaron a los municipios.
Señaló que la CRAC tiene presencia en 11 municipios, y la diferencia es que están rescatando la justicia de los pueblos originarios.
Asimismo, indicó que las autodefensas de la UPOEG surgieron de forma espontánea ante el hartazgo de la población, pero se organizaron de acuerdo con la formas de las poblaciones indígenas, y sus policías ciudadanos son electos mediante asambleas comunitarias.
Reconoció que genera tensión el derecho indígena de seguridad y justicia con el sistema positivo del sistema mexicano, pero esas tensiones se tienen que dirimir con mecanismos de coordinación y validación.
“No se puede trivializar un sistema de justicia de esta naturaleza, porque esa posición es regresiva, desconoce de un plomazo los derechos indígenas ya reconocidas en la propia Constitución y la Ley 701”, expresó.
Consideró que desconocer los derechos históricamente ganados es ignorar 500 años de  discriminación y sufrimiento, “es como decir que no tienen derecho a una cultura propia, a su propia organización”.
Señaló que también hay tensión entre el sistema jurídico y la seguridad privada que no se cuestiona porque es útil a la clase empresarial de México, pero se escandalizan cuando la policía de los pueblos hace uso legítimo de sus derechos.
Sobre el doble discurso del gobierno estatal, que primero financia y luego detiene a los comunitarios, Vidulfo opinó que la CRAC es quien tiene que decidir su relación con las autoridades estatales.
Pero consideró que para establecer una relación sana, el gobierno debe regresar a todos los líderes y autoridades comunitarias que fueron llevadas a penales federales en otras entidades de la República.
Luego, instalar una mesa seria y objetiva, tendiente a la liberación de todos los detenidos, y ampliar la discusión a los temas que causan tensión entre el derecho positivo y la justicia indígena, para generar puntos de acuerdo de validación del sistema de justicia indígena con el occidental.
Señaló que sólo en esa dirección se puede avanzar.