No han notificado a la defensa si hay cargos federales contra Nestora, Gonzalo Molina y Arturo Campos, dice el abogado

Son para justificar el encierro de los dirigentes en penales federales fuera de Guerrero, como el señalamiento de que la CRAC?actuó como guerrilla en Tixtla, considera Hegel Mariano

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Que la Policía Comunitaria de Tixtla actuó como guerrilla en la toma del Ayuntamiento de ese municipio, es una justificación de las autoridades estatales para el traslado ilegal de varios integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a penales federales de mediana y máxima seguridad, señaló el abogado Hegel Mariano Ramírez, en respuesta al señalamiento del procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Lo mismo se refirió a las declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien informó que Procuraduría General de la República (PGR) liberó nueve órdenes de aprehensión contra presos de la CRAC por delitos del fuero federal, entre ellos la coordinadora en Olinalá, Nestora Salgado García, el promotor en Tixtla de la Casa de Justicia de El Paraíso, Gonzalo Molina González, y el también promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Como coadyuvante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el caso de Molina González, Hegel Mariano consideró que también es parte de una estrategia de respuesta al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que evidenció la incapacidad de gobierno del estado  en la impartición de seguridad y justicia, que motivó la organización de los pueblos en autodefensas.
Señaló que a la fecha, la defensa de Gonzalo Molina no ha sido notificada de de ninguna denuncia federal, y el delito de terrorismo, uno de los que acusaron a Molina González también está señalado en la legislación estatal.
De forma breve y en consulta telefónica, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, coincidió en que se sabe de la integración de demandas federales contra los miembros de la CRAC, pero no descartó que las presenten en cualquier momento.
Vía telefónica, Mariano recordó que el representante de la CRAC de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, así como el gobernador, habían insistido en que los detenidos en penales federales fueron expulsados de la institución comunitaria, para justificar sus traslados fuera del estado.
Pero consideró que con esa concepción errónea le dan un enfoque de franquicia a la CRAC, para sacar y detener a quien se expulse de la institución, pero a los que se queden, no se les pueden hacer nada.
Consideró que los sistemas normativos indígenas no necesitan el reconocimiento del gobernador, de los diputados, de los senadores ni del presidente de la República, porque están avalados en la Constitución.
Reconoció que el conflicto al interior de la CRAC entre la Casa de San Luis Acatlán y la Casa de Justicia de El Paraíso, fue porque acordaron un sistema de trabajo común, que los segundos no pudieron seguir, porque tenían condiciones distintas.
Sin embargo, señaló que eso no le quita derecho a las comunidades organizadas como Tixtla, Huamuxtitlán y Olinalá de implementar un sistema comunitario en común con otros pueblos.
Recordó que la CRAC de San Luis Acatlán, durante su constitución, no necesitó el reconocimiento de las autoridades para funcionar, y entonces como ahora el Congreso ni el gobernador tienen tiempo ni interés en armonizar los sistemas de seguridad comunitaria con la legislación, para evitar esta conflictividad.
“Por más que quieran justificar, las detenciones son ilegales (afirmó), y los pueblos pueden invocar el derecho a implementar sus propios sistemas para detener a los delincuentes en sus comunidades”.

Tiempo récord en la integración de la averiguación previa contra Molina

Dentro del expediente contra Molina González, aclaró que a la fecha no sabía de ninguna denuncia federal, pero no sería extraño que lo hicieran para justificar su traslado fuera del estado, aunque tendrían que notificarlo de inmediato a los acusados y a su defensa.
Dijo que la averiguación contra el promotor de la CRAC se integró en siete días; la iniciaron el 26 de  noviembre, y el 2 de diciembre detuvieron, consignaron y enviaron Molina a un penal fuera del estado.  La acusación a Gonzalo Molina se deriva de la toma del Ayuntamiento el 26 de  agosto,  para protesta por la detención de Nestora Salgado, el 21 del mismo mes.
Señaló que ya quisieran muchas víctimas de tortura y familiares de desaparecidos y asesinados, esta celeridad, pero, evidencia un claro interés político en el caso. Adelantó que van a llevar el proceso a las más altas instancias, porque es difícil que un juez de Guerrero sea objetivo e imparcial sobre todo con la presión del gobierno del estado.
Aclaró que si la Policía Comunitaria de Tixtla hubiera actuado como guerrilla, no se harbían retirado del Ayuntamiento después de la toma simbólica del edificio y tras someter a policías preventivos, en respuesta al desalojo que quisieron hacer de ellos.
Estimó que sólo quieren “atizar el problema, mostrar una actitud irreverente de la comunitaria”. Consideró que en la toma del Ayuntamiento había muchas personas alrededor, incluso reporteros con cámaras de video, y nadie dijo que estuvieron en riesgo sus vidas.