Tlachinollan

El uso político de la Justicia

Centro de Derechos Humanos de La Montaña,Tlachinollan

El informe especial de la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, presentado el pasado 17 de diciembre, nos muestra una radiografía sobre la forma de actuar de las autoridades estatales que han claudicado en sus responsabilidades de garantizar seguridad a la población guerrerense.
La reacción de la clase política fue repugnante por sus posturas serviles, zalameras, que a ultranza se colocaron como esbirros del poder. Salieron en defensa del gobernador importándoles un bledo el sufrimiento de centenares de familias que han sido víctimas de la violencia y la inseguridad. Sin tener una lectura completa del documento y un análisis ponderado de la investigación, de un plumazo descalificaron el informe especial que implicó varios meses de trabajo (de marzo a octubre); que requirió entrevistar a 300 víctimas; recabar 161  testimonios, desplazarse a 64 municipios y 37 comunidades del estado.
De manera muy irresponsable varios diputados pagaron los favores que le deben al Ejecutivo asumiéndose como detractores del ombudsman nacional. Descalifica-ron su informe como si la situación de violencia e inseguridad que impera en Guerrero fuera una invención. Con esa superficialidad con la que juzgan los trabajos que realizan  los organismos públicos de derechos humanos en favor de las víctimas, así se conducen y tratan a todos los actores sociales que son catalogados como incómodos o como gente llena de rencor.
Ninguno de los políticos lisonjeros hizo un análisis sereno, exhaustivo y objetivo del informe. En lugar de abonar a una discusión profunda del tema y propiciar una reflexión más amplia y plural, imperó la cerrazón, la intolerancia y la diatriba. Sobresalieron las falencias de una clase política enjuta que le falta altura de miras para promover el desarrollo democrático en nuestra entidad.
El informe plantea sin ambages que la situación de violencia que se vive en varias regiones del estado en donde rige la ilegalidad y la impunidad, se debe a que los servidores públicos han abandonado el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad. Remarca que las lamentables condiciones sociales que imperan en el estado se deben al abandono social y a la ausencia de la acción gubernamental en los campos de la justicia y la seguridad.
Constata que la población pobre de Guerrero ha estado constantemente inmersa en situaciones graves de violaciones a los derechos humanos; donde prolifera el abuso del poder, la falta de aplicación de la ley, el incumplimiento de las reglas del debido proceso y la ausencia de sanciones legales a los servidores públicos infractores o negligentes, así como la falta de sistemas efectivos de control en las dependencias encargadas de brindar seguridad pública.
Enfatiza que en Guerrero existe una elevada criminalidad que está directamente relacionada con el deficiente ejercicio de la función de seguridad pública y una denegación de la justicia. Lo más grave es que la mayoría de los testimonios recabados hizo referencia clara a la colusión que existe entre las autoridades y los grupos de la delincuencia, haciendo más cruento sus sufrimiento, ante la imposibilidad de encontrar justicia dentro de un sistema estatal corroído por la corrupción y atrapado en las garras del crimen.
Es muy ilustrativo el apartado que aborda las causas estructurales de la inseguridad pública. Ubica la situación de rezago histórica en que sigue sumida nuestra entidad. Califica de abandono social la catastrófica vida de miles de familias guerrerenses que sobreviven en los cinturones de miseria de las ciudades turísticas y en las escarpadas regiones serranas y montañeras. En Guerrero las autoridades no han garantizado condiciones mínimas a la población para contar con un modo de vida digno.
Según el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el 71.9% de los guerrerenses viven en condiciones inferiores a la línea de bienestar. Nos muestra cómo los 46 municipios que cuentan con grupos de la policía comunitaria o grupos de autodefensa, el 68.6% de esta población se encuentra por debajo de esta línea. Es decir, que el Guerrero pobre es el que está asumiendo una lucha desigual no sólo contra la pobreza sino contra los grupos de la delincuencia organizada, que ahora son los que se encargan de arruinar más la difícil situación económica de la clase trabajadora.
El 76.9% de la población de estos 46 municipios no tiene acceso a la seguridad social. El rezago educativo se remarca en los 20 municipios indígenas que cuentan con grupos de policías comunitarios y autodefensa. Hay carencias alimentarias en casi el 50% de de los 46 municipios y lo más grave es que Guerrero es un estado caracterizado por una baja cohesión social. En síntesis, la conjunción del nulo bienestar económico, la negación de los derechos sociales y la alta conflictividad social en una geografía sumamente adversa hacen de Guerrero una de las entidades más explosivas del país.
Esta dramática realidad se complejiza más con la consumación de graves violaciones de derechos humanos cometidas por corporaciones policiacas y elementos del Ejército mexicano y la Marina, que permanecen en la impunidad. Es común que en la entidad se ataque a quienes defienden y luchan por los derechos humanos y se proteja a quienes cuentan con licencia para delinquir y cometer crímenes contra la población inerme.
En el informe se recabaron testimonios de familiares de 68 personas que fueron víctimas del delito de secuestro, de 62 casos de homicidio y 55 casos de extorsión. En la mayoría de ellos se manifestó el temor a denunciar ante las autoridades por la desconfianza que existe en el órgano investigador y por temor a sufrir una agresión letal. Varios testimonios dan cuenta de la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia y las autoridades municipales, estatales y federales. En algunos casos de extorsión y secuestro, los testimonios de las víctimas narran que fueron las mismas autoridades en contubernio  con los grupos delincuenciales los autores de los delitos.
Este panorama desolador que sigue expandiéndose por todo el estado, es el que logra trasmitir el informe de la CNDH a través de los testimonios de 300 personas que fueron víctimas de delitos graves. Esta problemática estructural es la que de algún modo explica la conformación de grupos de autodefensa en lo que va del 2013. Hace un recuento de este movimiento que se extiende en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Acapulco, región Centro y Zona Norte. Señala que las mismas autoridades justifican su aparición al grado que llegan a brindarles financiamiento como una manera de renunciar a su función indelegable de garantizar la seguridad pública. Lo que se puede constatar con esta actitud ambivalente del Ejecutivo en su relación con las autodefensas y la misma Policía Comunitaria, es que se ha incumplido con la responsabilidad de garantizar seguridad a los guerrerenses.
Lo que como organismos civiles hemos venido señalando desde hace meses, la misma CNDH lo reitera en su informe, que en esta lucha emprendida por la sociedad para enfrentar a la delincuencia, las autoridades del estado han llegado a utilizar la procuración de justicia con fines políticos, con el fin de acallar las voces que se atreven a denunciar esta situación. Comenta el caso de los empresarios de Chilpancingo afiliados a la Coparmex, que por denunciar varios casos de extorsión y secuestro, fueron citados por la Procuraduría de Justicia para que comparecieran y aportaran elementos de prueba con relación a la publicación de varias notas periodísticas. Para la CNDH se trató de una intimidación por parte de la Procuraduría y por ello otorgó medidas cautelares para las personas que estaban siendo requeridas. Esta actuación da pie para mostrar la utilización de la Procuraduría de justicia para fines políticos (CNDH, #163).
Esto mismo ha pasado con el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, que en un principio recibió el apoyo y reconocimiento del mismo gobernador, sin embargo, por haber participado en manifestaciones públicas fue detenida el 21 de agosto por fuerzas armadas a petición de las autoridades civiles del estado y enviada a un penal de alta seguridad, en Tepic, Nayarit.
Para la CNDH, es preocupante la forma como se condujeron las autoridades estatales, quienes han realizado diversas acciones que aparentan un uso político de la justicia con la finalidad de criminalizar la actuación de ciertos grupos o personas –ejemplo de ello es solicitar el internamiento de la coordinadora de la Policía Comunitaria en un centro penitenciario alejado de sus familiares–, sin dejar de observar que el delito que se le imputa –secuestro–, pudiera estar relacionado con el tipo de actividades que realizaba en sus labores de policía comunitaria –como lo es la retención de las personas– las cuales fueron avaladas,  reconocidas y apoyadas por el gobierno del estado de Guerrero (CNDH, #269). Estos traslados generan una grave afectación al derecho de una defensa adecuada, se les niega la posibilidad de que las personas detenidas tengan una comunicación fluida y constante con sus defensores. Además los traslados desnaturalizan la finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues éstos son usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino a personas como Nestora que por su trabajo en defensa de su pueblo fue enaltecida por el mismo gobernador, en Olinalá.
Este informe es un insumo básico para que las autoridades atiendan las recomendaciones y sobre todo asuman su responsabilidad de garantizar seguridad y justicia. La desviación del sistema de seguridad y procuración de justicia no sólo es el causante de la violencia e inseguridad que enfrentamos, sino del uso pernicioso que se le está dando a la justicia contra dirigentes de la Policía Comunitaria que los cataloga como delincuentes de alta peligrosidad, cuando para la sociedad son personas que luchan por restaurar el orden y la paz en los pueblos que han sido abandonados por el mismo gobierno.