Testimonios de víctimas ante la CNDH describen a Chilpancingo en manos de la delincuencia

*Secuestros, extorsión y robo, hechos cotidianos en la capital

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por el patente temor y amenaza de posibles represalias de la delincuencia y de las autoridades estatales, más de un centenar de personas se negaron a colaborar en la investigación especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre autodefensas y seguridad pública en Guerrero.
Pero a pesar de ello, en el informe se destacan numerosos testimonios de comerciantes, maquiladores y taxistas de Chilpancingo, por el anuncio que hicieron la primera quincena de agosto la Coparmex y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de conformar una policía ciudadana debido al incremento de extorsiones y secuestros.
La iniciativa no se concretó y algunos políticos señalaron inconsistencias en la investigación del organismo nacional, porque señaló a la capital entre los municipios con autodefensas.
El panorama que presentaron algunas víctimas confirma la ausencia de gobierno en materia de seguridad pública que señaló la CNDH, como la denuncia de cobro de piso de la delincuencia y de extorsiones de funcionarios a transportistas.
Además del asesinato del empresario Gerardo Mastache Suárez y  el robo de la nómina de trabajadores y pago a  proveedores del PRI, el 10 y el 19 de agosto, respectivamente.
El informe indica que el 19 de agosto, la CNDH se reunió con los representantes de los sectores maquilador, transportista, médico y prestadores independientes de servicios, que señalaron ser víctimas de secuestros y múltiples extorsiones, que no denunciaron ante la autoridad ministerial por temor de poner en riesgo sus vidas.

La delincuencia en transportes

En los testimonios, de los que la CNDH resguarda los nombres, un transportista afirmó que mientras las delincuentes les cobran derecho de piso, las autoridades estatales les exigen sobornos.
Un chofer de taxi aseguró que un grupo delictivo introdujo al servicio público 200 taxis piratas que afectan su trabajo, y a todos, legales o no, les exige 20 pesos diarios para que los dejen trabajar, y a quienes no cubren la cuota los levantan, los golpean y amenazan.
Añadió que no denunciaron los hechos porque un diputado local ofreció intervenir para retirar las concesiones piratas, pero hasta entonces nada había cambiado.
Asimismo, una mujer denunció el secuestro de su esposo cuando un carro negro les cerró el paso en la carretera. Indicó que pagaron un rescate de cinco millones de pesos por su libertad, pero desde entonces continuaron recibiendo amenazas. Ella sí presentó una denuncia ante al MP pero no hubo  avances.
Un médico denunció el secuestro de su hermano, por el que le pidieron cinco millones de pesos que no pudieron reunir, pero se estableció una nueva cantidad para que lo dejaran ir. Desistió de hacer la denuncia penal para evitar represalias. Añadió que también Acapulco “está infestado de delincuentes que secuestran, extorsionan, cobran derecho de piso, asaltan violentamente autobuses sin que la autoridad haga algo al respecto”.
Además, señaló que en la ruta de taxis Chilpancingo-Palo Blanco todos los comerciantes pagan cuotas y en la carretera federal los delincuentes hacen retenes para robar a los transportistas. Lo mismo ocurre en Acahuizotla, donde dejaron de entrar los distribuidores de refresco y de pan.
Un carnicero señaló que varios sujetos entraron a su casa “para llegar a un acuerdo amigable o de lo contrario actuarían al amanecer”, y acordaron una cantidad semanal que continuaba pagando a la fecha. Además de pagar a los delincuentes, señaló que en el rastro municipal les cobran 200 pesos por cada res que se sacrifica, y les decomisan la piel y las vísceras.
Otra persona denunció su propio secuestro cuando viajaba con sus hijos de 5 y 11 de años de edad, y hombres en una camioneta sin luces los sacaron con violencia del cabello de su automóvil, se lo llevaron por una cañada a un cerro con los ojos vendados y durante cuatro días fue golpeada y liberada después de que su familia pagó su rescate.
Del sector maquilero, una persona denunció que varios integrantes de su familia han sido víctimas de diversos atropellos, como el robo de camionetas, levantones, lesiones y amenazas de muerte a varios de los trabajadores. Indicó que su hija fue víctima de acoso y amenazas por parte de desconocidos, por lo cual se vio en la necesidad de sacar a su familia del estado.