No somos paramilitares, responde la CRAC a la CNDH y critica su informe

*Los recursos que le transfiere el gobierno de Aguirre son “parte de su obligación porque somos una institución”, explica

*El análisis del ombudsman sobre Guerrero es objetivo, afirman organizaciones del MPG

*Testimonios de víctimas a enviados del organismo describen a Chilpancingo en manos de la delincuencia

*Anuncia la policía ciudadana de la UPOEG movilización en Xaltianguis ante amenazas del crimen organizado a 80 taxistas

Rechaza la CRAC el informe de la CNDH y la clasificación como “autodefensa”

*En ningún momento seremos un grupo armado paramilitar”, afirma Eliseo Villar en conferencia de prensa en Acapulco. Recuerda su trayectoria de 18 años, su presencia en 24 municipios y el respaldo de la Ley 701. Los recursos que le transfiere el gobierno de Aguirre son “parte de su obligación porque somos una institución”, explica

Mariana Labastida

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) reprobó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad en el estado y rechazó ser considerada como una “autodefensa” o grupo paramilitar.
El coordinador de la casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, y Adelaida Hernández Nava, encabezaron ayer una conferencia de prensa realizada en Acapulco, en la que enfatizó que la CRAC y la Policía Comunitaria no pueden ser equiparadas a los grupos de autodefensa, porque la CRAC tiene 18 años de historia, presencia en 24 municipios y están respaldadas por la Ley 701 de derechos y cultura indígena.
Señaló además que la Policía Comunitaria no ha violado los derechos humanos de los detenidos, a quienes somete a un proceso de reeducación de acuerdo con los usos y costumbres indígenas.
Villar Castillo reiteró que Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos fueron  desconocidos por no respetar el reglamento elaborado con la aprobación de los pueblos integrantes de la CRAC.
Cinco días después de presentado el informe de la CNDH, en el que se acusa al gobernador Ángel Aguirre Rivero de mantener un doble discurso en relación con los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, en conferencia de prensa en Acapulco, los dos coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC dieron a conocer la postura de esa organización sobre el documento del organismo nacional.
Los coordinadores traían dos pancartas en las que se leía: “Plascencia lo que dice tu informe no es verdadero, no estamos de acuerdo CNDH, respeta los derechos a la libre autodeterminación y la autonomía comunitaria indígena”, y “CNDH la CRAC no es un grupo militar”.
Después la coordinadora regional de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava, leyó fragmentos del informe de la CNDH.
La coordinadora leyó los párrafos donde aseguró que la CNDH colocó a la CRAC en el mismo nivel que los grupos de autodefensa, y afirma que el sistema de justicia que aplica no es parte del derecho a la libre autodeterminación.
En el documento se cuestiona la legislación que regula a la CRAC, así como el apoyo del gobierno del estado, y se indica que sin una regulación clara  podría derivar en la formación de grupos paramilitares.
La CNDH señala también ahí que el gobierno debe retomar las funciones de seguridad en los municipios, negándole a la CRAC la posibilidad de realizar funciones de seguridad y acceso a la justicia.
Asimismo, la CNDH acusa al gobierno del estado por su política de criminalización contra integrantes de la CRAC que han sido detenidos.
Después, Villar Castillo enfatizó que la CRAC no puede ser  comparada con los grupos de autodefensa, porque tiene una historia de 18 años que la avala, por lo cual “reprobamos el informe de Derechos Humanos, porque está cuestionando nuestro derecho, cuando tenemos leyes que nos amparan,  no somos autodefensa”, puntualizó.
El coordinador dijo que es una mentira que la CRAC esté violando los derechos humanos, y resaltó que tiene presencia en diferentes municipios y los propios habitantes de las comunidades donde tienen presencia son los que han decidido el reglamento con el que se trabaja.
“Hemos estado creciendo de una manera legal”, dijo, y precisó que aplican un sistema de reeducación que avalan los pueblos porque permite que los detenidos se reintegren a su comunidad con confianza.
Agregó que se critica que el gobierno del estado los apoye con recursos, pero “es parte de su obligación porque somos una institución y respeta el sistema comunitario”.
Por eso es que reciben subsidios, explicó, “no estamos fuera de la legalidad”.
Villar Castillo recordó que la CRAC tiene como respaldo la Ley 701 y por ello “en ningún momento seremos un grupo armado paramilitar”.
Sobre si aceptarían regularse en otro sistema, el coordinador reiteró que ellos tienen su propio sistema y por eso no están de acuerdo ni estarán en el caso de quererlos regular como Policía Rural, ante la nueva aprobación del Congreso local, y que se seguirán fortaleciendo con los pueblos originarios.
Indicó que el sistema comunitario tiene su propio sistema de seguridad y se coordina con los tres órdenes de gobierno para trabajar, por ello “podemos afirmar que la CNDH tiene una comprensión muy limitada de la realidad indígena de nuestras comunidades y que incluso se permite hacer conclusiones y propuestas que no se ajustan a los estándares de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.
Villar Castillo pidió a la ciudadanía, organizaciones sociales, al Congreso local, al de la Unión, al Senado y al Poder Ejecutivo “apoyo y respaldo total para que nuestro proyecto se consolide en el marco de la legalidad en nuestro país, ya que la ciudadanía depende de nuestro proyecto y a su debido momento tenemos que ir atendiendo las necesidades de los pueblos”.
En relación a los coordinadores detenidos, como es el caso de Nestora Salgado, así como Gonzalo Molina y Arturo Campos, dijo que es consciente de que están encarcelados pero que la CRAC fue clara con su reglamento interno, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, por lo que en su momento se les llamó la atención y se les informó de los riesgos que implicaban las acciones que estaban haciendo, “claro que ellos no respetaban el reglamento interno, acciones fuera de control”, y por eso fueron expulsados de la organización, aunque en realidad la asamblea se negó a expulsarlos.

Es “objetivo” el informe de la CNDH sobre Guerrero, aseguran organizaciones del MPG

*Acuerdan marchar en enero junto a la CETEG

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) avaló participar en la marcha que convocó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) para enero, además de realizar un balance comparativo de los informes que ha presentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los atropellos que han sufrido las organizaciones sociales y sus dirigentes en esta entidad.
El representante del Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos (FUERSA) Marco Antonio Adame Bello informó del acuerdo luego de una reunión en las oficinas de le CETEG, a donde acudieron 12 organizaciones sociales que coincidieron que los informes que ha presentado la CNDH han sido objetivos pero tienen imprecisiones y tienen que ser valorados.
“Tendremos que aportarle mayor información”, dijo vía telefónica respecto al informe.
Sostuvo que FUERSA comparará el documento con un recuento propio del gobierno de Ángel Aguirre Rivero en contra de las organizaciones sociales y sus dirigentes, además de las detenciones de policías comunitarios, que aún tiene a 13 presos políticos.
Reiteró que a pesar de que coinciden que el informe es “objetivo”, en la mayoría de los casos que se mencionan hace falta información que no se consideró ni se menciona. No reveló mayores detalles bajo el argumento de que la información se dará a conocer en una rueda de prensa en la primera semana de enero.
Adelantó que el 30 de diciembre recordarán en un acto conmemorativo a los caídos del 60 luego de que el gobierno de Rafael Caballero Aburto asesinó a 19 personas que demandaban la autonomía de la Universidad Pueblo, hoy Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
A la reunión asistieron representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Frente de Defensa Popular (FDP), la Confederación de Jubilados, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y organismos de defensa de los derechos humanos.

Testimonios de víctimas ante la CNDH describen a Chilpancingo en manos de la delincuencia

*Secuestros, extorsión y robo, hechos cotidianos en la capital

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por el patente temor y amenaza de posibles represalias de la delincuencia y de las autoridades estatales, más de un centenar de personas se negaron a colaborar en la investigación especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre autodefensas y seguridad pública en Guerrero.
Pero a pesar de ello, en el informe se destacan numerosos testimonios de comerciantes, maquiladores y taxistas de Chilpancingo, por el anuncio que hicieron la primera quincena de agosto la Coparmex y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de conformar una policía ciudadana debido al incremento de extorsiones y secuestros.
La iniciativa no se concretó y algunos políticos señalaron inconsistencias en la investigación del organismo nacional, porque señaló a la capital entre los municipios con autodefensas.
El panorama que presentaron algunas víctimas confirma la ausencia de gobierno en materia de seguridad pública que señaló la CNDH, como la denuncia de cobro de piso de la delincuencia y de extorsiones de funcionarios a transportistas.
Además del asesinato del empresario Gerardo Mastache Suárez y  el robo de la nómina de trabajadores y pago a  proveedores del PRI, el 10 y el 19 de agosto, respectivamente.
El informe indica que el 19 de agosto, la CNDH se reunió con los representantes de los sectores maquilador, transportista, médico y prestadores independientes de servicios, que señalaron ser víctimas de secuestros y múltiples extorsiones, que no denunciaron ante la autoridad ministerial por temor de poner en riesgo sus vidas.

La delincuencia en transportes

En los testimonios, de los que la CNDH resguarda los nombres, un transportista afirmó que mientras las delincuentes les cobran derecho de piso, las autoridades estatales les exigen sobornos.
Un chofer de taxi aseguró que un grupo delictivo introdujo al servicio público 200 taxis piratas que afectan su trabajo, y a todos, legales o no, les exige 20 pesos diarios para que los dejen trabajar, y a quienes no cubren la cuota los levantan, los golpean y amenazan.
Añadió que no denunciaron los hechos porque un diputado local ofreció intervenir para retirar las concesiones piratas, pero hasta entonces nada había cambiado.
Asimismo, una mujer denunció el secuestro de su esposo cuando un carro negro les cerró el paso en la carretera. Indicó que pagaron un rescate de cinco millones de pesos por su libertad, pero desde entonces continuaron recibiendo amenazas. Ella sí presentó una denuncia ante al MP pero no hubo  avances.
Un médico denunció el secuestro de su hermano, por el que le pidieron cinco millones de pesos que no pudieron reunir, pero se estableció una nueva cantidad para que lo dejaran ir. Desistió de hacer la denuncia penal para evitar represalias. Añadió que también Acapulco “está infestado de delincuentes que secuestran, extorsionan, cobran derecho de piso, asaltan violentamente autobuses sin que la autoridad haga algo al respecto”.
Además, señaló que en la ruta de taxis Chilpancingo-Palo Blanco todos los comerciantes pagan cuotas y en la carretera federal los delincuentes hacen retenes para robar a los transportistas. Lo mismo ocurre en Acahuizotla, donde dejaron de entrar los distribuidores de refresco y de pan.
Un carnicero señaló que varios sujetos entraron a su casa “para llegar a un acuerdo amigable o de lo contrario actuarían al amanecer”, y acordaron una cantidad semanal que continuaba pagando a la fecha. Además de pagar a los delincuentes, señaló que en el rastro municipal les cobran 200 pesos por cada res que se sacrifica, y les decomisan la piel y las vísceras.
Otra persona denunció su propio secuestro cuando viajaba con sus hijos de 5 y 11 de años de edad, y hombres en una camioneta sin luces los sacaron con violencia del cabello de su automóvil, se lo llevaron por una cañada a un cerro con los ojos vendados y durante cuatro días fue golpeada y liberada después de que su familia pagó su rescate.
Del sector maquilero, una persona denunció que varios integrantes de su familia han sido víctimas de diversos atropellos, como el robo de camionetas, levantones, lesiones y amenazas de muerte a varios de los trabajadores. Indicó que su hija fue víctima de acoso y amenazas por parte de desconocidos, por lo cual se vio en la necesidad de sacar a su familia del estado.

Extorsiona el crimen organizado a 80 taxistas de Xaltianguis; les pide de 2 mil 3 mil pesos al mes

*Ante la resistencia a pagar cuotas, el sábado los delincuentes secuestraron a un chofer y lo dejaron libre para que llevara el mensaje de que comenzarían a matar a los transportistas, informan en asamblea. Ya han matado a tres que se han negado a dar el dinero, señalan. La Policía Ciudadana de la UPOEG acuerda entrar a esta comunidad del municipio de Acapulco a capturar a los malos

De la corresponsalía

San Marcos

En una reunión sostenida ayer en la casa de seguridad de San Marcos, el comandante regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Ernesto Gallardo Grande, informó que la Policía Ciudadana de la Costa Chica se une al apoyo de los transportistas de Xaltianguis, Acapulco, que están sufriendo hostigamiento por parte del crimen organizado en su comunidad, tras conocer que desde hace tres semanas han sido amenazados de muerte más de 80 trabajadores del volante que se han negado a pagar cuotas que van desde 2 mil hasta 3 mil pesos al mes para dejarlos trabajar en la ruta Xaltianguis-Las Cruces.
Gallardo Grande dijo que los transportistas del sitio 1, 2 y 4, que circulan en la ruta Xaltianguis-Cruces, están cansados de pagar la famosa cuota y que hace un par de días (el sábado) secuestraron a un transportista para posteriormente dejarlo libre con la finalidad de llevar el mensaje a sus compañeros y decirles que de negarse a pagar la cuota que a cada uno le corresponde comenzarán a matarlos.
“De hecho el sábado pasado encontraron un taxi quemado, mismo que era del compañero transportista que dejaron libre y ahora teme por su vida y la de los demás, por eso desde ayer (domingo) nos estamos reuniendo para buscar las estrategias para dar con su paradero y meterlos en cintura, por eso hoy (ayer) estoy en San Marcos, para pedir apoyo a los compañeros policías ciudadanos y ayudar a capturar a los malos que hostigan a los transportistas de Acapulco”, dijo el comandante del SSJC, que pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Agregó que su visita al municipio de San Marcos es para solicitar apoyo a los policías ciudadanos de este municipio y de ser posible que en los próximos días sitien el puerto de Acapulco, junto con policías ciudadanos de Xaltianguis, Tierra Colorada, Tecoanapa y Cruz Grande, pues asegura que los transportistas han solicitado el apoyo al presidente municipal Luis Walton, pero que hasta la fecha han hecho caso omiso a sus peticiones.
Dijo que el problema viene desde hace un año y que hace tres semanas los choferes se acercaron a Gallardo Grande, para solicitar apoyo y seguridad, y sin dudarlo solicitó que se reunieran en la comisaría para conocer cómo está la situación de los transportistas.
Un transportista de Xaltianguis, quien sólo se dio a conocer con el nombre de Raúl (n), detalló que han muerto tres compañeros transportistas por negarse a dar la cuota pero que ya no están dispuestos a pagar más, pues según se están llevando hasta lo que le tienen que dar al patrón en el caso de los choferes que rentan placas.
Aseguró que la población se ha quedado sin transporte público desde el fin de semana y que de momento temen salir a trabajar, que por eso se vio en la necesidad de viajar a la Costa Chica y buscar el apoyo de los policías ciudadanos junto con el comandante de la SSJC, Ernesto Gallardo Grande, para pedirles ayuda.
El abogado comunitario Manuel Vázquez Quintero, dijo que a los transportistas de Xaltianguis se les estará asesorando legalmente para que también interpongan su denuncia formal ante el Ministerio Público, “a pesar de que desde un principio no han querido denunciar los hechos por temor a represalias y por no confiar en las autoridades municipales, pero ya que vean el apoyo por parte del sistema de seguridad comunitario, realicen sus denuncias para que podamos llegar con el presidente Walton y con pruebas en la mano poder reforzar lo que tanto piden, que es seguridad, pues no podemos permitir que como pueblo continuemos siendo olvidados por nuestras autoridades para que otros vengan y nos quiten lo poco que ganamos trabajando”, dijo el abogado comunitario.
Por otro lado el promotor de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez, también conocido como comandante Guerrero, señaló que “es urgente entrar al puerto de Acapulco, para brindar y enseñar a la población como autoresguardarse de la maña, porque su gobierno (municipal), no le pone atención a la seguridad de sus pueblos, que no se les olvide que no sólo el puerto y el área turística es Acapulco, sino que también existen localidades que pertenecen a este municipio y que se les debe de dar seguridad, pues para confiar en el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, del municipio (SSPPC), Alfredo Álvarez Valenzuela, primero debe de garantizar la seguridad en todo Acapulco”, dijo García Rodríguez.