El Grupo ACA da su respaldo a López Rosas y acasocios señalan al gobernador

Daniel Velázquez

El ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Ramón Almonte Borja, se rehusaron a responder sobre el informe final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su informe final la CNDH pide al gobernador Ángel Aguirre Rivero que colabore con ella en los trámites de juicio político ante el Congreso contra los funcionarios que intervinieron en los hechos del 12 de diciembre, entre los que incluye al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y al ex subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arreola Ibarra.
Asimismo, al presidente del Congreso le pide facilitar el juicio político contra el ex procurador López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Almonte.
López Rosas estaba anunciado ayer como invitado en la sesión semanal de la asociación civil Acapulco, pero no asistió.
En su ausencia el grupo Aca acordó emitir una postura en respaldo a López Rosas, y por separado el presidente del Colegio de Abogados Mariano Otero, Rogelio Lozano Herrera, dijo que la recomendación de la CNDH es ilegal e incongruente porque no respetó los derechos de los ex funcionarios a defenderse.
En declaraciones por teléfono, López Rosas dijo que canceló su asistencia a la sesión del Grupo ACA porque estaba en el Distrito Federal haciendo consultas con sus abogados y no pudo regresar a tiempo.
Sobre la recomendación de la CNDH, que ordena juicio político contra él por su responsabilidad en el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, el ex procurador dijo que no tiene una postura al respecto porque está trabajando con sus abogados en el análisis de las conclusiones del ombudsman para poder fijar una postura.
Por separado, el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte,  también se rehusó a dar una postura sobre el tema y dijo que sobre ese caso no daba entrevistas.
Al insistirle en la recomendación del juicio político en su contra que pide la CNDH, Ramón Almonte respondió: “No tengo comentario”.
En Chilpancingo, Almonte fue visto en el restaurante de la tienda Liverpool acompañado por unos seis escoltas, que llamaron la atención de reporteros y al ser abordado por éstos también se negó a dar declaraciones.
Se le pidió su opinión sobre el informe final de la CNDH que lo señala como una de las personas que estuvieron “directamente a cargo de la operación” de desalojo en la que murieron por disparos de policías los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
La charla fue breve y el ex funcionario perredista mantuvo una actitud completamente cerrada; ante varias preguntas sólo atinó a responder “no tengo opinión, ninguna opinión”, mientras gesticulaba y batía sus brazos en señal de negativa.
–¿Es difícil la situación en la que lo pone la CNDH?, ¿no debería dar una posición, ya que es una figura pública?, ¿tiene la solidaridad del gobierno del estado? –se le preguntó.
–No, porque tengo la libertad de declarar lo que quiera y no tengo declaración, estoy en la libertad de no emitir una opinión y no tengo opinión –dijo por toda respuesta.

El que dio la orden de desalojar fue el gobernador, dicen acasocios

El acuerdo tomado por los acasocios es que el presidente del Grupo Aca, José Luis Gallegos Peralta, redactará el documento con la postura del grupo y posteriormente se los enviará a los socios para que lo firmen.
“La posición del Grupo ACA es de respaldo total e irrestricto al licenciado Alberto López Rosas, sin prejuzgar, no tenemos atribuciones de juzgadores pero sí sabemos de la trayectoria de guerrerenses bien nacidos comprometidos con la ciudad y por eso el repudio a la recomendación de la CNDH”, dijo Gallegos Peralta.
En su intervención el acasocio Victórico López dijo que el único responsable del asesinato de los dos normalistas es el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien le pidió que tenga el valor de asumir su responsabilidad, porque dijo que López Rosas sólo asumió una orden.
La secretaria general adjunta del PRI en Acapulco, Rosaura Rodríguez, dijo también que los ciudadanos no son tontos y saben que la responsabilidad política de lo sucedido el 12 de diciembre es del gobernador Aguirre Rivero.
Ramiro Solorio dijo que el apoyo solidario a López Rosas debe hacerse público porque la acusación que le hace la CNDH es por señalar públicamente a los policías federales, y se le acusa por liberar a los estudiantes y obstruir la aplicación de la ley, pero no hay un señalamiento hacia quienes ordenaron el desalojo y lo que hicieron es desviar la atención hacia López Rosas y no de la responsabilidad que tiene el gobernador.
Otro de los acasocios dijo que los señalamientos contra López Rosas son de tipo político y criticó que se olvide sancionar a los responsables de la muerte del trabajador de la gasolinera.

La CNDH, “ilegal”: Rogelio Lozano

El presidente del Colegio de Abogados Mariano Otero, Rogelio Lozano, dijo que el informe final de la CNDH es totalmente “ilegal, incongruente y unilateral”
Dijo que es un informe ilegal porque no respetó el artículo 16 y 21 de la Constitución, que garantiza una adecuada defensa; es incongruente porque sabe y le consta la participación de la Policía Federal, de acuerdo con los videos; pero en su informe final no sanciona a la Policía Federal y sólo a las policías estatales, señaló.
Además es unilateral porque no considera la actitud beligerante de los estudiantes, que los llevó a cometer diversos delitos, como los daños ocasionados en la gasolinera, agregó. (Con información de Rosendo Betancourt Radilla / Chilpancingo).