La resolución de la CNDH sienta las bases de la justicia, dice el Centro Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan celebró ayer el contenido de la recomendación 1 VG/2012, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso del desalojo violento de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre pasado, cuando dos de ellos fueron asesinatos a tiros y otros resultaron heridos por policías estatales y federales.
En una postura enviada por escrito, el organismo argumenta que el informe final de la CNDH “confirma la legitimidad de la lucha de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la veracidad de las denuncias”, por lo que calificó dicha recomendación como “un triunfo estudiantil que sienta las bases para que se garantice la justicia y la no repetición de los hechos”.
Asimismo, manifiesta que la CNDH “da cuenta de la necesidad de que en el empobrecido contexto guerrerense las acciones de protesta se respondan con el diálogo y no con la fuerza”.
Por la tarde se buscó una entrevista con el director de Tlachino-llan, Abel Barrera Hernández, sin embargo, dijo que por tratarse de un asunto “delicado” el organismo enviaría su postura por escrito.
Aquí Tlachinollan, que acompañó con asesoría legal a la dirigencia estudiantil para la presentación de la queja ante la CNDH y la demanda de juicio político contra el gobernador ante la Cámara de Diputados, agrega que el ombudsman “reconoce la legitimidad de la protesta realizada el 12 de diciembre y considera plenamente acreditada la existencia de las violaciones graves a derechos humanos imputables a autoridades federales y estatales, como la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”.
Destaca que en el informe también reconoce la tortura de otro estudiante, en contra de quien se intentó realizar una falsa imputación, y establece que se cometieron tratos crueles y detenciones arbitrarias.
Y subraya que “también surge con claridad” en el informe que “la lamentable muerte del señor Gonzalo Rivas no habría ocurrido si las corporaciones policiales hubiesen actuado respetando los protocolos relativos al uso de la fuerza pública en entornos de conflictividad social”.
Y luego añade que es “fundamental subrayar que el informe de la CNDH apunta a las causas estructurales del conflicto”, pues indica que en la normal rural “ve-nían prevaleciendo condiciones indignas que limitaban a los estudiantes el acceso a una educación de calidad, mismas que fueron desatendidas por la negligencia y la intolerancia institucional, lo que llevó a la movilización del 12 de diciembre de 2011”.
Y “subrayamos que la CNDH señala que hubo responsabilidad institucional del gobierno del estado de Guerrero por la indolencia y la intolerancia con que se condujo la interlocución política con los estudiantes” antes de la protesta del 12 de diciembre.
El organismo celebra que el ombudsman nacional establezca la responsabilidad de la Policía Federal “al señalar que sus elementos fueron los primeros en iniciar las agresiones, al disparar y establecer que los estudiantes detenidos por esa corporación fueron llevados a un cuartel policial donde fueron víctimas de tratos crueles”.
Y cita: “Para Tlachinollan, la sanción penal de los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, recomendada por la CNDH, cobra especial relevancia pues es público y notorio que dicha Secretaría ha gozado de total impunidad durante este sexenio, incluso cuando se ha demostrado que sus más altos mandos han incurrido en ilegalidades y violaciones a los derechos humanos”.
Tlachinollan destaca, además, que la CNDH determinó la responsabilidad política y jurídica “de los más altos funcionarios del estado de Guerrero conforme a la cadena de mando, ordenando incluso al Congreso estatal que se siga juicio político en contra de quienes entonces fungieron como procurador de Justicia, secretario de Seguridad Pública y subsecretario de Seguridad Pública, respectivamente”.
Manifiesta que lo anterior sin menoscabo de que “igual relevancia tiene la sanción de los policías ministeriales identificados como autores materiales del homicidio de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”.
Dice que la sanción de los altos mandos a través del juicio político “abre la puerta para un ejercicio inédito en nuestro estado, para responsabilizar a funcionarios de primer nivel jerárquico”.
Pero no hace mención que la CNDH no se establece ninguna responsabilidad para el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a pesar de que, según información extraoficial, él dio la orden para el desalojo .
Y en ese contexto, Tlachino-llan hace un llamado a que el Congreso del estado cumpla en sus términos y de manera pronta esta “toral recomendación”.
El organismo resalta también el hecho de que la CNDH ordena que se realice un acto público donde se pida una disculpa en presencia de las víctimas, en un evento solemne, donde se anuncien las medidas que se adoptarán para la no repetición de los hechos y la reparación del daño a las víctimas, “cuestión esta última en la que se han presentado importantes avances en los últimos días a través de los diálogos entre el gobierno estatal y la Comisión Civil de Interlocución”.
Y en este contexto reclama que sólo el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones “garantizará que las graves violaciones a derechos humanos cometidas no queden en la impunidad y pasen a la historia como las masacres de Aguas Blancas o El Charco”.
Advierte, asimismo, que dará “puntual” seguimiento a las mesas de trabajo donde se dé trámite a la recomendación “y llamamos a la opinión pública nacional e internacional a permanecer atentas al proceso”.
Expresa que los gobiernos estatal y federal deben atender las causas estructurales que llevan a los normalistas a tener que defender año con año en las calles su institución, como lo hacen cientos de jóvenes alumnos y alumnas de las normales rurales del país.
Afirma que “solamente de esa forma se garantizará que hechos como los ocurridos el 12 de diciembre de 2011 nunca más vuelvan a suceder”, y manifiesta que “ese será, sin duda, el mejor homenaje para las víctimas”.