Demandan políticas públicas para responder a las necesidades de mujeres migrantes

Es inaceptable la marginación, desigualdad y falta de oportunidades de los migrantes, dice la CNDH

*Demanda políticas públicas de atención tras un informe de Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó la creación de políticas públicas con perspectiva de género para detectar y diferenciar las necesidades específicas de las mujeres migrantes, después que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, presentó el informe La Montaña de Guerrero, fuente de mujeres migrantes.
Asimismo, denunció que es inaceptable la marginación, desigualdad y falta de oportunidades de los 15.7 millones de mujeres y hombres que conforman esa población de nuestro país.
En un comunicado fechado el 24 de diciembre, el organismo público autónomo señaló que la población migrante tiene necesidades específicas, en particular las mujeres migrantes, cuyo número va en aumento.
El 15 de diciembre en la ciudad de México, Tlachinollan informó que Guerrero ocupa el quinto lugar de migración al extranjero y el primero a nivel nacional de migrantes internos, a quienes en los programas públicos del Estado llaman jornaleros agrícolas.
La asociación civil señaló la situación de las mujeres y niñas indígenas migrantes, que aportan un ingreso a su hogar, asumen diferentes roles y más cargas de trabajo.
La CNDH indicó que a nivel mundial cada vez son más las mujeres que migran hacia otro país, no sólo para reunirse con sus compañeros o esposos sino principalmente en busca de un trabajo para mejorar su calidad de vida.
Urgió la aplicación de políticas públicas que contribuyan a garantizar su seguridad y el pleno acceso a derechos tales como la salud, la seguridad pública y la identidad de los pueblos originarios.
Citó datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que estimó en 214 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 49 por ciento son mujeres, y en México la proporción constituye el 24.5 por ciento, en América Latina se eleva a 50.1 por ciento.
Señaló que mujeres y hombres deben gozar de los mismos derechos ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que ambos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que las leyes les protegen de igual manera.
Sin embargo, a pesar de que existe pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres migrantes en la legislación nacional e internacional, muchas de las que transitan por territorio mexicano no denuncian los abusos de los que son víctimas, por desconocimiento de sus derechos o por el temor a ser detenidas.
Por otro lado, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que el gobierno y la sociedad en su conjunto, tienen una deuda pendiente con el respeto de los derechos humanos y la cultura de los pueblos indígenas.
En otro comunicado distinto, la Comisión denunció que es inaceptable la marginación, desigualdad y falta de oportunidades de los 15.7 millones de mujeres y hombres que conforman esa población de nuestro país.
Recomendó a las autoridades estatales y del gobierno federal fomentar la comprensión, respeto y difusión de los derechos humanos entre los más de 62 pueblos indígenas de nuestro país, para construir vías idóneas que encausen a la solución de sus problemas.
Según estadísticas oficiales, 79.6 por ciento de la población hablante de lenguas indígenas, es decir 5.4 millones de personas, viven en situación de pobreza; de ellos, tres millones la sufren de manera extrema.
Enfatizó que los rezagos que padecen en materia de salud, acceso a la vivienda digna, seguridad social, educación y empleo, constituyen factores de riesgo para el respeto de sus derechos humanos.

Registra la CNDH 2 mil 393 casos de desplazados por la violencia

*Representantes del organismo entrevistaron a las familias afectadas en comunidades de Tierra Caliente y la Costa Grande

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó  2 mil 393 casos de desplazamientos forzosos de personas que han dejado sus casas y sus tierras para salvaguardar sus vidas ante una delincuencia sin control y el abandono del gobierno.
En el informe especial sobre los grupos de autodefensas y la inseguridad en Guerrero, que la CNDH envió la semana pasada al gobierno del estado y al Legislativo, así como al Senado de la República, expresó su preocupación por la?situación que impera en el estado, “no sólo en los municipios donde hay presencia de grupos de autodefensas y policías comunitarias”.
En el documento, que se exhibe en la página oficial del organismo nacional, destaca la grave situación que se vive en la región de Tierra Caliente, donde la presencia de grupos de la delincuencia organizada ha imposibilitado el desarrollo de una vida digna de los habitantes.
Explicó que por la información difundida en la prensa sobre el desplazamiento de cientos de familias, representantes de la CNDH estuvieron en San Miguel Totolapan, donde un funcionario municipal les confirmó que 190 personas, de por lo menos 14 familias de diversas localidades, abandonaron sus casas entre julio y agosto de este año, por amenazas del crimen organizado.
Asimismo, el 16 julio del año varias familias de Villa Hidalgo, Terrero y Romance pidieron auxilio y albergue en la cabecera municipal, donde fueron atendidas sólo por ocho días.
El 6 de agosto de 2013 en Tlacotepec, en la Sierra de la región Centro, una funcionaria municipal les informó que hasta ese momento había entre 700 y 900 persona desplazadas.
Ahí mismo la CNDH visitó un albergue temporal para personas refugiadas de Tetela, Acatlán, Pericotepec, Filo de Caballo, Huerta Vieja y Rodeo, con unas 40 personas que coincidieron en que alrededor de 200 personas armadas habían tomado sus comunidades y los habían amenazado de muerte.
En la Costa Grande, la CNDH visitó a un grupo de 150 personas de San Miguel Totolapan que buscaron refugio en Tecpan de Galeana. En un principio en la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, y posteriormente trasladadas llevadas a un hotel a las afueras de la localidad.
Ellos relataron que dejaron sus casas y sus pertenencias porque en julio hombres armados con disparos los hostigaron y quemaron sus viviendas.
Asimismo, los visitadores del organismo estuvieron en San Luis La Loma, en el municipio de Tecpan de Galeana, para entrevistarse con representantes de familias desplazadas de Las Mesas II.
El dirigente de una organización social les informó que se habrían organizado como autodefensa, aunque este grupo dejó de operar después de negociar con las autoridades estatales, pero ya no se documentó en el informe de la CNDH.
En  Arcelia el organismo también detectó “un sinnúmero” de casas abandonadas, así como gran desolación y negocios cerrados, e inmuebles con orificios de arma de fuego en las fachadas.
En Teloloapan, de la Zona Norte, obtuvo un testimonio anónimo que señaló que en las localidades que colindan con Arcelia y Apaxtla de Castrejón, los grupos de delincuentes entran a sus viviendas y obligan a los jóvenes a unirse a su organización o de lo contrario, los asesinan.
En este sentido registró muchos testimonios de desplazados en Tecpan de Galeana y en Coyuca de Benítez, y de personas de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Tlapehuala.
De estos casos, que difundidos en su momento por la prensa, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que enviarían más fuerzas del operativo Guerrero Seguro, que integran efectivos de la Marina y el Ejército con policías federales y estatales, a los pueblos de la Sierra y Tierra Caliente agraviados por la violencia, para que regresaran a sus comunidades.
No obstante la situación no ha mejorado. El 20 de diciembre organismos de derechos humanos denunciaron que en la comunidad Puerto de la Trampa, vecina de localidades de desplazados del municipio de Coyuca de Catalán, soldados y civiles armados, que identificaron como miembros visibles de la delincuencia organizada, entraron con violencia al poblado y se llevaron a tres jóvenes menores de edad.
Después de saquear sus domicilios, advirtieron a las pocas familias que ahí viven que se fueran de esas tierras o volverían para “llevárselos detenidos o asesinarlos”.
En su informe, la CNDH subrayó que entre los desplazados se observó mucho temor y desconfianza para hacer una denuncia formal de lo que viven, por miedo a las represalias o perder la vida por hacerlo.
Cuestionó el abandono de las funciones de seguridad pública y la impunidad por parte de los gobiernos del estado y los municipales.