Falta el juicio político contra Aguirre, advierten normalistas

Sicarios atacaron a balazos dos tortillerías, una en la colonia Bocamar (gráfica), donde mataron a dos hombres que estaban adentro y otra en la Infonavit Alta Progreso donde mataron a un vecino que estaba comprando. En la colonia Olímpica llegaron pistoleros en un vehículo con dos detenidos, los bajaron y les dispararon, y en la madrugada fueron hallados los cadáveres de dos jóvenes en un canal en La Sabana. En Papanoa, en la Costa Grande, fue hallado en cadáver de un taxista atado de pies y manos * Foto: Jesús Trigo

Lourdes Chávez / Tixtla

El comité directivo estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa reiteró su demanda de justicia al gobierno del estado por el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, para que el caso no termine como la matanzas de Aguas Blancas de 1995, en la que no se procesó a ningún alto funcionario señalado como responsable, ni la de El Charco de 1998 en la que de plano hubo impunidad total.
En conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa, jóvenes del comité se manifestaron de acuerdo con los resultados del informe final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señala a tres altos funcionarios públicos entre los responsables de la represión en la que murieron dos de sus compañeros, y la calificó de “resolución histórica”.
Sin embargo, dijeron que aún no se termina su lucha, porque seguirán vigilando el cumplimiento de las recomendaciones y continuarán con su demanda de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, por su responsabilidad en los hechos.
Diego Castro Domínguez dijo que el informe de la CNDH representa no obstante una victoria del movimiento estudiantil que, tras la represión policiaca inició una jornada de lucha y de información activa con el respaldo de organizaciones sociales, pero también representó un gran sacrificio, en alusión a los dos normalistas muertos por balas disparadas por policías, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Destacó que tras una campaña de criminalización contra los estudiantes, finalmente la CNDH les otorgó la razón porque sus demandas son justas. “Padecíamos de muchas cosas y eso nos orilló a la manifestación del 12 de diciembre de 20112”, justificó la movilización de ese día en la que demandaban una audiencia con el gobernador, hecho ampliamente resaltado en la recomendación del ombudsman nacional.
En tanto, Juan José Reyes Aguilar insistió en que los autores intelectuales de las muertes de los dos normalistas en la represión policiaca del 12 de diciembre, no han sido detenidos.
“Hay pruebas suficientes por responsabilidad contra el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, el encargado de la policía estatal, Ramón Miguel Arreola, y el ex procurador Alberto López Rosas; la información es clara, pero lo que nosotros queremos es que se haga justicia, que no quede como la masacre de El Charco, de Aguas Blancas, que si hacemos cuentas no hay nadie en la cárcel por esos crímenes”, dijo.
Y exigió que el caso de la represión en la Autopista del Sol el 12 de diciembre no quede en la impunidad. Asimismo, el dirigente Pablo Juárez Cruz indicó que existen señalamientos directos al gobierno del estado, que implican la responsabilidad del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y en uno de los anexos del informe de la CNDH se encuentra el juicio político que los normalistas solicitaron a la Cámara de Diputados.
Agregó que han decidido esperar un tiempo para observar el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, que incluyen demandas penales en la PGR y juicio político en el Congreso local para los funcionarios señalados, y en caso de que no se acaten, afirmó que volverán manifestarse. “Necesitamos que se haga justicia con los compañeros. No nos basta que sólo dos policías ministeriales estén tras las rejas”, subrayó en alusión a los agentes Rey David Cortés Flores y Nicolás Matadamas Salinas, acusados de ser los autores de los disparos que mataron a los dos normalistas.
Recordó que el gobernador ya se comprometió a acatar las recomendaciones de la CNDH, pero “dudamos muchas veces de su palabra, por lo que ya hemos visto en el pasado”.
Castro Domínguez subrayó que el gobernador no puede pasar por alto lo que llamó “una resolución histórica” de un organismo como la CNDH, porque ya dejó un mal precedente en su gobierno; en menos de un año criminalizó la lucha social, desatendió una demanda justa, omitió todos los protocolos de seguridad y terminó con la vida de dos normalistas.
Reyes Aguilar recordó que la lucha de los estudiantes es por la permanencia de la normal de Ayotzinapa, “porque se veía amenazado el nuevo ingreso”, aún no se tenían las condiciones de la convocatoria de selección de aspirantes.
Añadió que ahora no pueden darse el lujo de perder a otros compañeros, pero aseguró que van a continuar luchando por la continuidad educativa en la normal rural, y recordó que el 18 de abril comienza el periodo de inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso.
También informó que del 29 al 31 de marzo van a conmemorar el 86 aniversario de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que va a comenzar con un homenaje a los caídos en el zócalo de Tixtla y continuará con un foro educativo para analizar la situación y proponer alternativas del normalismo rural.
Los estudiantes también recordaron al empleado de la gsolinera  Gonzalo Rivas Cámara, que murió a consecuencia de la violencia desencadenada por los policías que disparon centenares de balas en la operación de desalojo de los normalistas.