Ante abusos del gobierno, piden a la CIDH brindar protección a Nestora Salgado

*La solicitud de medidas cautelares fue presentada en la Comisión Interamericana el pasado lunes
*En la prisión de Tepic está aislada, sin hablar con sus abogados y sin medicamentos, denuncia su esposo José Luis Ávila
* Sólo una de sus hermanas la puede visitar cada diez días
* La CRAC de El Paraíso es la más golpeada por los gobiernos, dicen sus integrantes; apelan a la sociedad para liberar a los detenidos

La familia de Nestora Salgado solicitó a la CIDH interceder por la coordinadora de la Policía Comunitaria

En la prisión de Tepic está aislada, sin hablar con sus abogados y sin medicamentos, denuncia su esposo José Luis Ávila. Sostiene que la CNDH se quedó corta en relación con el caso

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La familia de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla durante el proceso judicial que se le sigue.
Su esposo, José Luis Ávila Báez, informó vía telefónica desde Seattle, Estados Unidos, que el 23 de diciembre ingresaron la petición a la CIDH, en la que detallan el caso de Salgado García, recluida en una prisión federal y sometida a aislamiento, sin sus medicamentos y sin haber podido hablar en cuatro meses con sus abogados.
Explicó que expusieron a la CIDH el trabajo comunitario de Nestora Salgado para la seguridad de Olinalá, su detención por militares el 21 de agosto y cómo el gobierno la tiene en un régimen de aislamiento en una prisión federal de Tepic, Nayarit, por delitos del fuero común.
Indicó que en la petición destacan su salud, delicada por un accidente automovilístico ocurrido hace varios años, y porque en prisión no ha tenido atención médica a pesar de que la han solicitado por diferentes medios.
Añadió que el 25 de noviembre enviaron un oficio a la Secretaría de Gobernación en México para exponer el caso, y la embajada estadunidense —pues Nestora Salgado cuenta con doble nacionalidad— sigue pendiente del proceso, pero desconoce los alcances de su intervención.
Señaló que cada vez que su hermana Cleotilde la visita cada diez días en el penal, la única con autorización para verla, entrega un reporte a la embajada norteamericana para que sigan documentando el proceso.
Del informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad pública en Guerrero, en el que menciona el caso de Salgado García en  prisión, Avila Báez consideró que el organismo se quedó corto.
Señaló que esperaba un posicionamiento más claro del organismo nacional sobre la criminalización contra su esposa por parte del Estado mexicano, y una recomendación expresa para su liberación.
Asimismo, se inconformó porque la CNDH metió en un mismo saco a los grupos de autodefensa y a las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque los segundos tienen estructura, trayectoria y una legislación que las ampara.
No obstante, señaló que esperan que la CNDH presente más adelante un informe particular del caso de Nestora Salgado.
Por otro lado, informó que en Estados Unidos siguen trabajando con abogados de la Universidad de Washington, con quienes ingresaron la solicitud de medidas cautelares en la CIDH, “porque no es posible que haya sido transferida a un lugar tan lejano a su residencia en Guerrero, sin acceso a su familia ni a su defensa. Hasta ahora no ha tenido bien a bien una defensa”, denunció.
Aseguró que tampoco ha tenido atención médica, al contrario, le quitaron sus medicamentos, y por una deficiencia de la circulación sanguínea, en los siete minutos que habla con su hija Zaida cada 10 días, le dijo que comenzaron a brotarle moretones en los brazos.
Ávila Báez aseguró que mantendrán su lucha por su defensa de Salgado García en Estados Unidos y en México.
Señaló que ya se integró un Comité por la Defensa de Nestora con organizaciones de mujeres y el Partido Obrero Socialista de EU, que van a seguir organizando acciones conjuntas en aquel país.
Indicó que el 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos, hubo manifestaciones en diferentes estados, en las que se pronunciaron por su libertad.
Cuestionó el trato que recibió Salgado García, en quien descargaron todo el peso de la ley, mientras en Olinalá, de cinco asesinatos ocurridos en los últimos meses no hay ningún seguimiento.
Consideró que aunque el Estado niegue o desconozca esta injusticia, la población sabe que no tiene interés de mantener la paz, la seguridad ni revertir la impunidad.
Afirmó que “la gente está cansada de tanta fregadera”.

La CRAC de El Paraíso es la más golpeada por los gobiernos, acusan sus integrantes
Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso informaron que los pueblos de Ayutla se encuentran temerosos porque han sido los más golpeados por las autoridades estatales y federales, no obstante, continúan en pie de lucha con un proyecto de seguridad y educación en sus comunidades de influencia y en la defensa de sus compañeros detenidos.
En una visita a la redacción de El Sur dijeron que a un año de la fundación de la Casa de Justicia de El Paraíso, el 22 de diciembre, están en una campaña de reorganización, integración y acuerpamiento por la defensa y libertad de sus presos políticos, en particular de aquellos que fueron enviados a prisiones de mediana y máxima seguridad fuera de Guerrero como Nestora Salgado García, Gonzalo Juárez Ocampo y Arturo Campos Herrera.
La coordinadora de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, Rosario Cano dijo que los pueblos de Ayutla están retraídos porque han tenido el mayor número de detenidos, entre ellos el coordinador, Bernardino García Francisco.
Recordó que en la incursión de marinos y militares en la Casa de Justicia en el Paraíso en agosto detuvieron a 30 de sus integrantes, por ello decidieron esperar a que se resuelva la situación de 13 que siguen en prisión, nueve de Ayutla de los Libres.
Destacó la fuerza que han mostrado los vecinos de Tixtla y los municipios de la Cañada en La Montaña como Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac, Alpoyeca y Atlixtac.
El consejero educativo, Dámaso Martínez señaló que la Casa de El Paraíso de la CRAC tiene un proyecto más amplio de seguridad y justicia que las demás casas de justicia, pues el suyo incluye un desarrollo integral para inhibir los delitos.
Respecto a la diferencias que han tenido con el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, dijo que si bien pertenecen a una estructura y se rigen por el marco jurídico de la CRAC, cada Casa de Justicia tiene autonomía y se ordena por la asamblea de sus pueblos.
Subrayó que Villar Castillo es coordinador de San Luis Acatlán, no vocero de la institución comunitaria, “a pesar de que asume el poder y quiere hacer y deshacer en todas las casas de justicia”.
Rosario Cano cuestionó que el gobierno estatal entregó a los integrantes de al CRAC liberados a Villar, a pesar de que en las mesas de negociación no abogó por su libertad y la asamblea regional le ordenó entregarlos directamente a El Paraíso.
Consideró que Villar Castillo traicionó a los pueblos porque a conveniencia del gobierno estatal desconoce a la casa de El Paraíso, pero la asamblea regional los ratificó como parte del sistema por lo que se mantienen dentro de la CRAC.
No obstante, denunció que el coordinador de San Luis Acatlán insiste en desconocer a esa Policía Comunitaria y a sus representantes.
La consejera educativa, Adriana Catarino Sánchez adelantó que el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) participará en las actividades del aniversario de El Paraíso en enero, y tienen contemplado un foro, del que no tienen fecha aún, y una marcha el 17 de enero.
Recordó que el MPG tiene tres grandes ejes de lucha: la vida, en relación al esclarecimiento de los crímenes de dirigentes sociales, la libertad, por los detenidos de la CRAC y contra las reformas estructurales para luchar contra el saqueo a la nación.
Agregó que El Paraíso va organizar dos encuentros en Ayutla y Tecoanapa como parte de las acciones de aniversario, que no será de fiesta, sino de reagrupación. Distinto al 18 aniversario de la CRAC en Ometepec, donde incluso invitaron a funcionarios del gobierno del estado.
Rosario Caño agregó que la CRAC de Eliseo parece una “oficialista, vendida, y no queremos ser parte de eso”.
Dijo que como Casa Justicia, aunque están considerados en el subsidio del gobierno del estado, no reciben financiamiento ni lo aceptarán mientras las autoridades estatales y federales sigan criminalizando el trabajo de organización de los pueblos.

Piden donaciones para liberar a sus presos

Los representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso aclararon que sus Policías Comunitarias se sostienen con el apoyo de las comunidades, pero solicitaron el apoyo solidario de la sociedad civil para la liberación de los presos políticos.
Dieron a conocer una cuenta mancomunada en Banorte para recibir donaciones, cuyo número es: 0208421012 y la clave interbancaria: 072 260 00208421012 9, a nombre de Rey González, Dámaso Martínez y Esther Venancio.
Del informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre autodefensas y seguridad pública en Guerrero, cuyos resultados publicaron a principios de mes, señalaron que el organismo no los visitó en esta investigación.
Consideraron que aunque se dice autónoma, la CNDH está al servicio del sistema capitalista y la utilizan como un instrumento para transmitir a la población la postura del gobierno federal, que por medio año ha exigido la regulación de la CRAC, así como de los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Señalaron que en nada beneficia a la población el informe del organismo público de derechos humanos en materia de seguridad, porque no tienen “garras” para obligar a las autoridades a hacer cumplir  las leyes y dar garantías a los ciudadanos.
Dámaso Martínez consideró que el organismo pretende desinformar y justificar la represión, pero que la solución de los problemas no vendrá del gobierno, sino de los pueblos.
Asimismo se refirió a la comparación que la semana pasada hizo el procurador Iñaki Blanco Cabrera de la Policía Comunitaria de Tixtla con la guerrilla, en relación a su actuación en la toma del Ayuntamiento de ese municipio, cuando desarmaron a policías municipales.
Aclaró que los comunitarios no saben cómo actúa un grupo insurgente, tal vez el funcionario sí sabe, por eso dijo que actuaron como guerrilla.
Ratificó que la CRAC-PC continúa trabajando, reorganizándose y empujando la campaña por liberación de sus compañeros y la autonomía de la institución comunitaria.