Diez luchadores sociales fueron asesinados este año; suman 17 en lo que va del gobierno aguirrista

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En el último año se han registrado en Guerrero asesinatos extrajudiciales de 10 luchadores sociales, de los 17 que han ocurrido en lo que va del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, sin que ninguno de estos esté esclarecido.
Lo anterior provocó que 97 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos demandaran al gobierno estatal garantizar la seguridad y protección de las y los activistas y personas defensoras de los derechos humanos en el estado y esclarecimiento de los asesinatos de dirigentes sociales que permanecen impunes, ante la situación “crítica” en la que están.
Entre los dirigentes asesinados están los integrantes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona (militante y ex dirigente perredista), Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, ellos fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo después de que realizaron un bloqueo carretero. Junto con ellos fueron privados de su libertad otros cuatro integrantes de la organización que lograron huir y siguen sin regresar a Iguala por temor a represalias.
En ese caso, uno de los sobrevivientes Nicolás Mendoza Villa acusó al alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez de ser quien asesinó personalmente a Hernández Cardona.
Después le siguió el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, su cuerpo lo encontraron el pasado 5 de agosto en Coyuca de Benítez en la Costa Grande y su homicidio fue relacionado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).
Al asesinato de Raymundo Velázquez le siguió el de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, abatida el 19 de octubre. La activista fue militante perredista, y al momento de su asesinato encabezaba a un grupo de militantes del PRD que dejarían el partido para afiliarse a Movimiento Ciudadano (MC).
A la dirigente de la OCSS la había detenido el gobierno estatal acusándola del homicidio calificado en agravio de Victoriano Luengas García el 13 de marzo pasado y liberada días después por la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y asesinada a balazos siete meses después.
A menos de un mes, el 10 de noviembre continuaron los asesinatos de dirigentes de organizaciones sociales, en esa fecha asesinaron en su domicilio en Coyuca de Benítez, al líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) Luis Olivares Enríquez y su esposa de Ana Lilia Gatica Rómula por hombres armados con los rostros cubiertos.
Y a menos de una semana, el 16 de noviembre en Atoyac, fueron asesinados José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos dirigentes sociales que organizaban una asamblea para promover la policía rural en la comunidad El Paraíso ante los secuestros y la violencia que han azotado esa zona.
El 5 de noviembre José Luis Sotelo y Juan Lucena dirigieron una protesta de productores damnificados en reclamo de un mayor apoyo oficial en el municipio y organizaban una marcha que realizarían el 20 de ese mes con motivo del aniversario de la revolución.