Anuncia la AGE que en febrero entregará al Congreso los informes que debía entregar en septiembre

*Preparan diputados sanciones contra el titular del órgano fiscalizador, Arturo Latabán López, que podría ser destituido, informa Germán Farías

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría General del Estado (AGE) entregará hasta el mes de febrero al Congreso local los informes de resultados de las cuentas públicas de “algunos municipios”, mismas que debió enviar en su totalidad la segunda quincena de septiembre pasado.
Consultado por teléfono el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado del Congreso local, Germán Farías Silvestre, informó que el órgano fiscalizador envió al Poder Legislativo un oficio en el que notifica a los diputados que las cuentas públicas las recibirán a más tardar el 24 de febrero de 2014.
La información de la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los municipios en 2012 será entregada al Congreso local cinco meses después de lo que establece la Ley 1028 de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado de Guerrero.
El órgano fiscalizador entregó al Congreso local la cuenta pública 2012 del Poder Ejecutivo y Judicial, pero faltan los de algunos organismos públicos descentralizados y órganos autónomos, pero no ha entregado las de los 81 municipios y en el documento que envió informa que entregará las de “algunos municipios”.
El 10 de diciembre, Farías Silvestre anunció que la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la AGE definiría las sanciones que aplicaría a los auditores que no están cumpliendo con su trabajo y que mantienen paralizada la fiscalización de los recursos públicos ejercidos en 2012, en este caso el auditor especial del sector ayuntamientos, Elías Cuauhtémoc Tabares Juárez, y el general Arturo Latabán López.
Farías dijo que incluso podrían solicitar su destitución porque están desobedeciendo al Poder Legislativo, del que dependen como órgano auxiliar, en referencia a las solicitudes que los diputados han realizado a la AGE para que entregue las cuentas públicas 2012 de los ayuntamientos.
Entre las cuentas públicas que no se han entregado al Congreso local destaca la de Acapulco, de la que el alcalde Luis Walton Aburto denunció a su llegada al ayuntamiento que encontró un quebranto financiero de mil 561.8 millones de pesos.
Ayer, el diputado perredista afirmó que ya tienen un proyecto de sanciones a los auditores que no han cumplido con su trabajo, pero no quiso dar detalles de cuáles serían y sólo afirmó que son las que están contempladas en la Ley 1028.
En dicha ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, el artículo 94 estipula que los auditores podrán ser destituidos por causas graves, previa audiencia.
Las causas a las que hace referencia están establecidas en el artículo 103, que a su vez en su fracción quinta apunta como causa para su destitución el ?“no presentar en los términos de la presente ley, los informes financieros semestrales y los informes de resultados de las revisiones de las cuentas públicas”.
También menciona como causas de destitución a los auditores el utilizar en beneficio propio o de terceros documentación e información confidencial o reservada que tenga bajo custodia para el ejercicio de sus atribuciones, o dejar de guardar la debida reserva de sus actuaciones.
No fincar, sin causa justificada, indemnizaciones, sanciones pecuniarias, responsabilidades resarcitorias, o dejar de interponer denuncias penales, en el ámbito de su competencia y en los casos previstos por la ley cuando esté debidamente comprobada la infracción o el acto ilícito en los que esté? identificado el responsable.
También si se ausentan de su labor sin causa justificada por más de tres días hábiles en un período de treinta días, o si sustraen, destruyen, ocultan, difunden o utilizan indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o que exista en la AGE.
También en el caso de omitir la formulación de recomendaciones vinculantes y observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten, con motivo de la evaluación y fiscalización de los informes financieros semestrales y de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, así como contratar a servidores públicos que no cubran los requisitos determinados en la ley, para el desempeño de sus funciones o dejar de conducirse conforme “a los principios rectores de legalidad, eficacia, honradez, imparcialidad y profesionalismo”.