En 2013 promueve el gobierno los desacuerdos en la CRAC y hostiga a la Casa de Justicia de El Paraíso

*Están en prisión 13 comunitarios, tres de ellos, Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina, en penales de mediana y máxima seguridad fuera del estado. Hasta la promulgación de la Ley 701 operó en la ilegalidad pero ganó prestigio por su efectividad en el combate a la delincuencia. Ahora tienen una credencial que les dio el Ejército, promovida por Eliseo Villar

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el 2013 se ventilaron los desacuerdos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los cuales fueron motivados desde el gobierno del estado, según los propios actores, y acompañados de amenazas, desarmes, detenciones –la mayoría ejecutadas por soldados–, y el hostigamiento militar en sus comunidades de influencia.
Las agresiones se dirigieron principalmente a una de las cuatro casas de justicia de la CRAC, la de El Paraíso en Ayutla, que a un año de su creación sumó a ciudadanos organizados de siete municipios: Ayutla de los libres, Tixtla, Atlixtac, Huamuxtitlán, Olinalá, Cualac y Alpoyeca.
Tras la embestida gubernamental -y del coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo quien intentó en diferentes ocasiones desconocerlos, sin éxito-,  los coordinadores de El Paraíso iniciaron un proceso de organización e integración para continuar unidos y exigir la libertad de 13 de sus compañeros que están en prisión, tres de los cuales fueron trasladados a penales de mediana y máxima seguridad fuera del estado. Sin embargo, adelantaron que están valorando su separación de la CRAC por la relación que forjó en ese año con el Estado.
Hasta la promulgación de la Ley 701, al final del sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, la CRAC operó en la ilegalidad, pero ganó prestigio y reconocimiento nacional e internacional por su efectividad en el combate a la delincuencia.
En julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que había 62 procesos penales contra 210 integrantes de la CRAC por su labor de seguridad y justicia; el cual somete a juicio popular a las personas acusadas de delitos, y a un proceso de reeducación antes de su reinserción a la sociedad.
Los nuevos coordinadores de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava mencionaron que las Policías Comunitarias de El Paraíso violentaron las garantías de los detenidos,  y el 15 de agosto notificaron que las desconocían a la Secretaría de Gobernación, y en un viraje dijeron que no estaban en contra de que militares operaran en el territorio comunitario.
Desde mayo buscaron  la separación de la Casa de Justicia de El Paraíso, pero sólo formalizaron en una asamblea microrregional, después de varios meses, el desconocimiento de ocho representantes, entre ellos, del promotor Gonzalo Molina González y el asesor, Arturo Campos Herrera, detenidos entre noviembre y diciembre por policías ministeriales y trasladados a cárceles federales fuera de Guerrero.
Estos dos coordinadores encabezaron los acuerdos con el gobierno estatal y federal para la credencialización de la CRAC, supervisada por Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se documentó el 21 de agosto, para evitar las detenciones y el desarme de los comunitarios en los retenes militares, y siguen en gestiones para la autorización la licencia 110 de uso de armas de fuego de altos calibres, con la que cuentan los ayuntamientos y la Policía Auxiliar.

Activismo y amenazas

El 2013 se caracterizó por la organización de ciudadanos en autofedensas, aunque la mayoría se integró a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), otros pueblos como Acatempan, El Durazno, El troncón, Zacatzonapan y Tecozintla, de Tixtla, se unieron a la CRAC.
En febrero y marzo la federación envió advertencias para que las autodefensas y los policías comunitarios se quedaran en sus pueblos o serían desarmados, y el 10 de febrero soldados les impidieron a los comunitarios de Acatempan asistir a la toma de protesta de la Policía Comunitaria en El Durazno.
También obstruyeron su paso a la cabecera municipal para pedir servicios y respeto a la institución comunitaria. No obstante, esta comunidad continuó su activismo y se sumó a las protestas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Chilpancingo, que convocó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) contra la reforma educativa.
Poco después hubo otro altercado por la detención de un maestro de Chilapa, Leocadio Ávila Palacios, por policías municipales de Tixtla para extorsionarlo, quien pidió auxilio por teléfono a la Policía Comunitaria de Acatempan.
Éstos detuvieron a tres policías municipales hasta que el maestro fue puesto en libertad la misma noche de su detención, y el  16 de abril se informó de la amenaza que recibió el comisario de Acatempan, Pastor Coctecón Plateado, “tú estás en la lista, o te calmas cabrón o qué”.
Tres días antes, en un mitin de maestros en el Zócalo de Chilpancingo, Villar Castillo formalizó el respaldo de la CRAC al MPG y a las Policías Comunitarias de las comunidades Tixtla.
Dos meses después, el 10 de junio, se conformó la Policía Comunitaria en el barrio de El Fortín, en la cabecera municipal de Tixtla, y el 24, la Policía Comunitaria nahua de Tlatlauquitepec, en Atlixtac (luego del secuestro del presidente del comisariado), las que se incorporaron a la Casa de Justicia El Paraíso.
Por su cuenta, la Casa de Justicia de El Paraíso llamó a la CRAC a fortalecer al MPG y no dejarse amedrentar por el acoso en los retenes militares y las detenciones.

Aumenta la tensión

El 4 de marzo la Casa de Justicia de Espino Blanco informó en su aniversario que tenía a 11 detenidos de alta peligrosidad, tenía en atención de 179 casos de justicia, 59 reeducados y 48 liberados.
Para el 7 de junio, en el 15 aniversario de la masacre de El Charco, El Paraíso presentó 51 detenidos, de los cuáles seis habían sido detenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, para quienes había amenazas de que serían rescatados por grupos armados de Olinalá y de aquel municipio.
En este periodo militares detuvieron a comunitarios en diferentes retenes, como a los de El Troncón y en tres ocasiones algunos de San Luis Acatlán, entre ellos Villar Castillo.
Sin embargo, la Casa de Justicia de San Luis Acatlán también detuvo a policías municipales de San Luis Acatlán, entre ellos al jefe de la corporación, y el 20 de mayo desarmaron a cuatro ministeriales porque ordenaron la detención de una mujer en territorio comunitario. Luego de acuerdos todos fueron liberados.
El 25 de mayo se instaló la primera mesa de negociación con el gobernador para pedir el libre tránsito y la autorización para el uso de armas de grueso calibre, pero sólo se acordó el paso, siempre que avisaran a las autoridades cuando salieran de sus comunidades.
Pero a dos días de los acuerdos, el Ejército desarmó y detuvo otra vez al coordinador Eliseo Villar y a seis comunitarios cuando se dirigían al juicio de un ganadero por abigeato en Ayutla.
Para entonces, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que había de 62 procesos penales por diversos delitos contra 210 integrantes de la CRAC.

El rompimiento

Todos los detenidos en retenes militares eran liberados, hasta el 6 de agosto que la UPOEG y la CRAC de El Paraíso se coordinaron para exigir el cese de los desarmes en retenes, mediante bloqueos simultáneos en Tecoapana, Tierra Colorada, Tlapa y Tixtla.
Un día antes, la UPOEG detuvo por 34 horas a militares que desarmaron a sus policías ciudadanos, y aunque ambos grupos se reunieron por separado con las autoridades estatales para distender la situación, en adelante fueron desconocidos por los funcionarios.
El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo argumentó que la Casa de Justicia de El Paraíso no tenía reconocimiento de la CRAC, y la coordinadora de San Luis Acatlán, Adelaida  Hernández Nava lo ratificó cuando dijo que notificó a la Segob del desconocimiento de El Paraíso.
El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarrez argumentó que las negociaciones fracasaron porque la Policía Comunitaria de Olinalá se negó a liberar a sus detenidos que tenía en reeducación.  A propósito de la Cruzada Contra el Hambre se incrementó la presencia militar en las regiones de influencia de las autodefensas, y ante la inconformidad de comunidades como Zitlaltepec, que vieron una provocación en el ingreso de los soldados a sus comunidades, la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga dijo que sólo instalarían los comedores y se retirarían.

La firmeza de Nestora

En mayo la Policía Comunitaria de Olinalá denunció que el Ejército y la Marina solapaban los delitos de funcionarios municipales ligados a la delincuencia organizada, y desde que detuvieron a cuatro hombres acusados de abigeato comenzó el hostigamiento directo contra la coordinadora, Nestora Salgado García.
A principios de julio, Nestora Salgado reveló que el entonces secretario de gobierno, Florentino Cruz Ramírez (el segundo de este gobierno) la presionó para dejar en libertad a uno de ellos, a Eugenio Sánchez, cuyos familiares la acusaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que no tiene competencia sobre los ciudadanos.
La acusaron de “secuestrar muchachitas” cuando las madres de ellas le pidieron ayuda para ubicarlas y llevarlas a un proceso de reeducación, “ahora dicen que es un engaño porque no las llevaron a un lugar bonito”, dijo.
El 11 de julio se documentó la amenaza de un jefe de la Marina contra Nestora Salgado, le dijo que iría por ella y sus policías porque estaban cometiendo muchos atropellos, y le insistió en la liberación del carnicero Eugenio Sánchez; pero la luchadora social se mantuvo firme.
Salgado García que confiaba en el respaldo de la población detuvo también al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez para someterlo a un juicio popular por su complicidad con grupos de la delincuencia organizada.
Tuvo otro incidente con el gobierno municipal el 22 de julio, cuando la Marina detuvo a tres policías comunitarios de Olinalá por la portación de armas de uso exclusivo y éstos en respuesta capturaron a seis policías municipales y a un auxiliar del Ministerio Público, hasta obtener un acuerdo de libertad.
Así se incrementó el patrullaje de los militares y la CRAC de Olinalá anunció el 19 de agosto que se replegaba para evitar conflictos con los soldados, no obstante, señalaron el hostigamiento de vehículos alrededor de la casa de Salgado García, coincidentemente cuando se ausentaban los soldados.
Antes de la detención de Salgado García el alcalde Eusebio González decía que podría haber un enfrentamiento entre ciudadanos y comunitarios que exigían la libertad de los detenidos de la CRAC para que fueran enjuiciados conforme a la ley y no por usos y costumbres.
La coordinadora fue detenida el 21 de agosto por Marinos y trasladada a un penal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit, lejos de su familia,  sin haber acreditado a un abogado de su confianza y el procurador Iñaki Blanco Cabrera y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Sergio Javier Lara Montellanos argumentaron que era para reducir el riesgo de confrontación en el estado.

Intervención policiaco-militar

El 21 de agosto, en una amplia operación militar y policiaca el gobierno liberó a los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso y se llevaron a 30  policías comunitarios.
El 22 de agosto los de El Paraíso desarmaron y detuvieron a 19 policías municipales de Ayutla de los Libres, y el 24, marinos y militares irrumpieron en la casa de la Policía Comunitaria de Quiahuitepec, en Ayutla, para liberar a siete siete mujeres en proceso de reeducación y detuvieron a 12 comunitarios.
El mismo día, representantes de la CRAC y de organizaciones sociales sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con el secretario de gobierno para discutir la libertad de Salgado García y los comunitarios de Zitlaltepec.
Otras policías comunitarias organizaron bloqueos en la carretera Tlapa Puebla, Cruz Grande y Tierra Colorada, una marcha en Olinalá y en El Paraíso y se instaló un retén para evitar entrada del Ejército.
EL 25 de agosto las autoridades hablaban de 13 detenidos, entre ellos los integrantes de la CRAC y sobrevivientes de la masacre de El Charco: Bernardino García Francisco y Lázaro Peláez Castro.
En este marco la CRAC de El Fortín tomó el ayuntamiento de Tixtla el 26 de agosto para exigir la libertad de sus compañeros y durante la protesta forcejearon, se apuntaron y desarmaron a policías municipales. Esta acción motivó una denuncia del Ayuntamiento, que en noviembre motivó la detención del promotor de El Paraíso,  Gonzalo Molina González, que así como Salgado García fue enviado de inmediato a una prión federal, éste en Oaxaca.
Ese día en Cruz Grande hombres y mujeres de El Paraíso bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa, de donde fueron desalojados y desarmados por soldados del 48 Batallón de Infantería, hubo seis personas detenidas.
A pesar de los esfuerzos del grupo de Villar Castillo para que la asamblea regional de la CRAC desconociera la Casa de Justicia de El Paraíso, el primero de septiembre, una amplia mayoría de consejeros respaldó la unidad de las cuatro casas de justicia y exigió la libertad de los detenidos de Zitlaltepec y de Salgado García.

La respuesta oficial

El gobernador Ángel Aguirre Rivero respondió que a pesar del respaldo de la CRAC y las movilizaciones por su libertad, Nestora Salgado seguiría en prisión por las acusaciones en su contra. Está en proceso por secuestro agravado, acusada por los presuntos delincuentes a los que detuvo y sometió a reeducación.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no iba a permitir que “se busque justicia por sus propios medios”, en alusión a la CRAC y a los grupos de autodefensa de todo el país.
Las organizaciones sociales advirtieron en esa declaración una amenaza implícita contra los luchadores sociales, incluso el PAN y el Partido del Trabajo cuestionaron el duro discurso y las acciones del gobierno que no garantiza seguridad ni reduce los índices de criminalidad.
El 4 de septiembre se informó de la reanudación de la mesa de negociación con el gobierno por la libertad de 32 detenidos, pero el secretario de gobierno Jesús Martínez Garnelo restó crédito a la institución comunitaria de seguridad y justicia cuando dijo  que la Ley 701 se convirtió en un “caballo de Troya” porque avala la justicia “del siglo 15” que aplican los pueblos indígenas.
En septiembre también se evidenció la división al interior de la CRAC, entre el grupo de Eliseo Villar que cuestionó la defensa de Salgado García y el asesor Valentín Hernández, quien aclaró que el único órgano facultado para fijar una postura sobre la institución es la asamblea regional, y no Villar.

Los detenidos

A 20 días de su detención fueron liberados 19 de 32 comunitarios detenidos de El Paraíso, mientras la Policía Comunitaria de Olinalá siguió denunciando hostigamiento de los militares.
El 7 de octubre militares detuvieron a 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de Zitlaltepec cuando iban a detener a una persona en Cochoapa El Grande, con la anuencia de Ayuntamiento.
El 9 de octubre Villar Castillo encabezó un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Pinotepa en el punto que comunica a la carretera Marquelia-Tlapa por la libertad de 13 detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso y 14 de Zitlaltepec (12 comunitarios y dos civiles), entonces el gobierno estatal accedió a negociar de nuevo.
Casi todos los detenidos de Zitlaltepec salieron bajo fianza, sólo se quedó en la prisión de Chilpancingo Samuel Ramírez Galvez, hijo de la coordinadora? de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc, Beatriz Gálvez Macario, por portar un arma prohibida.
El 11 octubre fueron consignados seis policías comunitarios de El Paraíso que estaban en arraigo, encarcelados por secuestro en el penal de Acapulco, tres fueron liberados y el 17 Villar Castillo volvió a desconocer a los principales líderes de la Casa de Justicia de El Paraíso en una asamblea microregional en Ayutla, sin la presencia de los involucrados.
De Tecoanapa separó de su cargo a Prócoro Valente Gil, de Ayutla a Arturo Campos Herrera y de Tixtla a Gonzalo Molina González, entre otros comandantes que se negaron a entregar los documentos oficiales y la relación de armas decomisadas por el Ejército. Aunque la decisión fue rechazada por los coordinadores de El Paraíso que siguen trabajando juntos.
Luego de tres sesiones infructuosas, la CRAC de Eliseo Villar abandonó la mesa de negociación con el gobierno del estado y buscó el diálogo con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava que, a pesar de la intervención de Servicios Profesionales para la Paz, se negó a recibirlos.
El 7 noviembre policías ministeriales detuvieron a Molina González por terrorismo en Tixtla y el procurador justificó la acusación, argumentando que los comunitarios se comportaron como guerrilla en la toma del Ayuntamiento de Tixtla en Agosto. Esto motivó nuevas críticas de organizaciones de derechos humanos por la criminalización de los luchadores sociales.
El 2 de diciembre fue detenido Campos Herrera en Chilpancingo por policías ministeriales, justo al comienzo de una campaña del MPG denominada Por la vida, la libertad y en contra de las reformas estructurales del gobierno federal. Fue trasladado de inmediato al penal de máxima de seguridad de Almolonga, en el Estado de México.
Ambos dirigentes tienen una amplia trayectoria en la lucha social, Molina González en la organizaciones y Campos Herrera como integrante de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos que conoció de cerca el hostigamiento a los pueblos indígenas tras la masacre de El Charco,  en Ayutla de los Libres.