En 2013, el gobierno equipó a las autodefensas de la UPOEG y después las criminalizó

*Ángel Aguirre las promovió y pidió a la CRAC que las aceptara en sus filas. Les otorgó equipo de radio comunicación y uniformes. La CNDH dijo que había una línea muy tenue entre ellos y los grupos paramilitares. El Ejército los ligó a la guerrilla y el narcotráfico. La organización reveló vínculos entre las autoridades y la delincuencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) pasaron de la complacencia a la criminalización y el hostigamiento por las autoridades; concluyeron el año con el trato indiferente de funcionarios empeñados en someterlos al Estado de derecho, tan cuestionado en Guerrero por la falta de garantías de seguridad y para salvaguardar la vida.
El levantamiento de ciudadanos armados y encapuchados que tomaron en sus manos la seguridad de sus familias y sus pueblos fue el 5 de enero, luego de que detuvieron a presuntos delincuentes que habían secuestrado al comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, a quienes luego sometieron a juicio popular.
Para finales de febrero eran siete municipios con grupos autodefensa de la UPOEG: Ayutla, Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Cruz Grande, San Marcos, Copala y Marquelia, que se preparaban para el diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Aguirre justificó su aparición y otorgó equipo de radio comunicación y uniformes para sus labores de vigilancia.
En su primer posicionamiento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que había una línea muy tenue entre las autodefensas y los grupos paramilitares, y el comandante de la Novena Región Militar, Genaro Lozano Espinoza acusó que había, “una mano que mece la cuna” detrás del movimiento, al que después las autoridades calificaron de guerrilla o narcotráfico. La autodefensa siempre ha negado ese tipo de vínculos.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del cual dependen las Policías Comunitarias, también se deslindó de la UPOEG y denunció que el gobierno federal los estaban utilizando como pretexto para militarizar el estado y dividir a la organización de seguridad y justicia de los pueblos originarios.
A fin de año la CNDH reconoció la ausencia del gobierno en Guerrero y dijo que eso motivó la organización de los pueblos por su seguridad, y pidió restablecer el Estado de derecho, modificando el sistema de procuración de justicia para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Sin embargo, en el proceso deberían mantener un diálogo público y transparente con los ciudadanos organizados como autodefensa y con la CRAC, con indicadores claros y verificables para  garantizar el entendimiento de las partes.
Pero el diálogo entre el gobierno y la autodefensa del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la UPOEG terminó el 5 de agosto, después de un altercado con destacamento de militares en Tecoanapa, cuando retuvieron por 34 horas a un centenar de soldados en el poblado de El Pericón, del municipio de Tecoanapa.
El líder de la UPOEG, Bruno  Plácido Valerio denunció que desde entonces los funcionarios condicionaron el diálogo a una disculpa pública al Ejército, pero respondió que si alguien tiene que disculparse son las autoridades que dejaron a los ciudadanos en la indefensión.
El 28 de noviembre el Congreso del estado aprobó la Ley de Policía Rural para incluir a todas las expresiones ciudadanas organizadas por la seguridad, a pesar de la inconformidad de la UPOEG que exigió una consulta a los pueblos para el diseño de su regulación. Dicha ley excluye a la CRAC.

Surgimiento en cascada
de autodefensas

El 8 de enero las autodefensas instalaron retenes en Cruz Grande e informaron que su lucha era contra los secuestros, extorsiones y para inhibir otras agresiones, porque las adolescentes de secundaria y educación media de Tecoanapa violadas por delincuentes con total impunidad.
A una semana del levantamiento los ciudadanos de los municipios de la Costa Chica decidieron juzgar a 54 detenidos mediante usos y costumbres, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió que se los entregaran.
El gobernador no pareció sorprendido ante la aparición de ciudadanos armados en Costa Chica porque los justificó, y el 15 de enero, en una gira por Ayutla y Tecoanapa anunció programas integrales de salud, educación, infraestructura y convocó a la CRAC a la unidad para incorporar a las autodefensas al sistema comunitario de seguridad y justicia reconocido en la Ley 701 del estado.
El 18 de enero otro grupo instaló un retén en la carretera en Iguala-Teloloapan, pero se retiró con la llegada de la Policía Federal acreditable, y el 22, ciudadanos de Atliaca instalaron un puesto de control en la carretera, entonces llegó a Guerrero una fuerte operación militar que bajó de intensidad en dos semanas.
El 24 de enero los alcaldes de Tixtla, Tecoanapa, Ayutla, San Marcos e Iguala declararon en conjunto que volvió la tranquilidad a sus municipios con la presencia del Ejército y la Marina, pero mujeres de Tecoanapa en una protesta replicaron que -diferente a las autodefensas-, los soldados permitían el paso a los delincuentes.
En Atliaca el movimiento comenzó a diluirse después del asesinato de un joven chofer de Chilpancingo por las autodefensas y de quien Aguirre Rivero dijo que era cabecilla de una banda de extorsionadores, pero los familiares aclararon que fue atacado cuando hacia una mudanza de sus muebles porque iba a cambiarse a Apango, de donde era originario.
De acuerdo a las notas de El Sur, el 28 de febrero se acordó la primera mesa de trabajo con las autoridades estatales con las autodefensas y la CRAC precisó que estos grupos fueron promovidos por la UPOEG y que se habían reunido en tres ocasiones con el gobierno del estado para ver la dirección del movimiento.
A finales de febrero, Marquelia se unió a los municipios con autodefensa y se perfilaba la conformación de una Policía Ciudadana en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande.
La iniciativa no se concretó pero en noviembre se informó que dos activistas que promovían esta iniciativa en la comunidad de El Paraíso, de Coyuca de Benítez  fueron asesinados en Atoyac, un día antes de la celebración de la asamblea para integrarse a la organización.

Los alcances

En febrero la CNDH pidió garantías para 54 detenidos por las autodefensas vinculados a la delincuencia organizada que fueron  presentados en una asamblea en El Mesón, en Ayutla de los Libres. Trascendió que 20 fueron liberados, y el 9 de enero, sólo entregaron a nueve a la PGJE.
Entre el 11 y el 28 de febrero se informó que en San Marcos la autodefensa rescató a un maestro secuestrado, en Tecoanapa encontraron restos de cuatro personas en una casa que exhumaron con agentes de la Procuraduría y que hubo dos enfrentamientos con grupos armados en Rancho Nuevo y El Refugio, en Ayutla de los libres.
Asimismo denunciaron que policías ministeriales golpearon a un joven para obtener información de la autodefensa, y soldados de la Novena Región Militar desarmaron a ciudadanos de la UPOEG en Ayutla y Tecoanapa.
El 8 de marzo expusieron 110 casos de asesinatos, secuestros y de policías al servicio del crimen ante el presidente de la CNDH,  Raúl Plascencia Villanueva y el 31 de marzo se informó que entregaron a tres personas con droga a la Policía Federal.
Al mismo tiempo el gobernador anunciaba la mayor inversión en la historia del estado, por encima de cualquier otra entidad, para la prevención del delito; de 2 mil 500 millones de pesos que se aplicarían en todo el país, 148 serían para Guerrero.
En marzo el gobierno del estado anunció que preparaba el proyecto para reglamentar a la Policía Comunitaria, en alusión a las autodefensas y a los grupos de la CRAC que se incrementaban al mismo tiempo que los de la UPOEG.
En abril se informó que el gobierno estatal formalizó un convenio con la UPOEG para darles capacitación militar a los grupos de autodefensa, que luego rechazaron las autoridades castrenses.
El 26 de mayo el subsecretario de Prevención y Participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación anunció la elaboración de una propuesta para regular a las policías comunitarias.
Aunque el 16 de julio el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz dijo que detrás de la autodefensa está la pobreza, y solicitó a las entidades de gobierno que no criminalizaran a los ciudadanos que se arman ante la inseguridad.

Estrategia fallida

Para restaurar el Estado de derecho Aguirre Rivero convocó en febrero a la CRAC y a la UPOEG a integrar una comisión para la armonía y la paz, pero la primera la rechazó.
El 9 de marzo se informó que la asamblea regional de la CRAC se negó a incorporar a la autodefensa de la UPOEG, dijeron que sólo las aceptarían si las comunidades lo solicitaban mediante acuerdos de asamblea.
Entonces se hicieron evidentes las diferencias que había entre los dirigentes actuales de la CRAC con el grupo de fundadores, encabezados por Cirino Plácido Valerio, hermano Bruno, el dirigente de la UPOEG.
En asambleas de mayo y junio, la CRAC expulsó a los hermanos Plácido Valerio con algunos de sus simpatizantes, acusados de traición, que después de dos intentos para recuperar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán resolvieron crear una Casa de Justicia alterna y luego incorporarse a la UPOEG.

Sistema de Seguridad Ciudadano

El 13 de marzo la UPOEG conformó el Sistema de Seguridad Ciudadano en acuerdo con el gobernador y el comandante regional de esa organización, Ernesto Gallardo Grande dijo que el gobierno estatal colocaría cámaras de seguridad en las entradas de los pueblos San Marcos, Cruz Grande, Copala y Marquelia, y que éstas serían supervisadas por los ciudadanos.
Tenían el visto bueno del gobierno del estado, no así el de la federación pues el  15 de mayo el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional insistió en que las autodefensas eran ilegales y podrían convertirse en grupos delictivos.
Acapulco, Tierra Colorada y Chilpancingo

La entrada de la autodefensa al Acapulco rural fue a partir de llamados de auxilio de vecinos de Xaltianguis que llevó a la detención de siete personas por robo, secuestro y extorsión, y que provocó la inconformidad de funcionarios locales que exigieron el retiro de sus retenes.
Ante el vacío de gobierno, el 16 de junio la población anunció la conformación de la Policía Ciudadana de Xaltianguis así como en El Amate, Venta Vieja, Altos de El Camarón y Agua de Perro. El alcalde Luis Walton Aburto tuvo que aceptar que existe vacío poder, pero aclaró que era responsabilidad los tres órdenes de gobierno.
En junio la UPOEG denunció vínculos de la alcaldesa de Tierra Colorada con la banda del crimen organizado Los Rojos, y se hicieron públicas las pláticas con empresarios de Chilpancingo para organizar grupos de autoprotección, que no se concretaron, al parecer, por la intervención del gobernador.
El 2 de julio ante el acoso de los militares en las regiones, la autodefensa marchó, desarmada, en Chilpancingo para decir que no quería confrontarse con las autoridades, pero cuestionó la función de los soldados que “parece que defienden al crimen organizado”, dijo Plácido Valerio.
El 26 de julio bloquearon por 25 horas la carretera federal México-Acapulco, en Xaltianguis, en espera de resultados de una reunión con el gobierno del estado ante amenazas del Ejército de desarmarlos.
El gobernador anunció que la federación condicionó el no desarme, a que no hubiera roces con el Ejército, la Marina y los policías federales, y el 29 del mismo mes entregó radios de comunicación, máquinas repetidoras y dos mil playeras a la UPOEG.

El quiebre

El Sistema de Seguridad Ciudadano comenzó agosto con la detención de 30 personas en Marquelia, de las cuales luego se informó que 26 fueron liberadas y cuatro acusadas de delincuencia organizada que enviaron a su prisión en El Mesón.
Taxistas del sitio de Marquelia y de Ayutla pidieron la intervención de la Policía Ciudadana para dejar de pagar derecho de piso a la delincuencia organizada por entrar a Acapulco.
El 6 de agosto luego de que soldados desarmaron a cinco policías ciudadanos en el Pericón, se dio la voz de alarma y se calentaron los ánimos. La UPOEG acusó a los militares de tener vínculos con el narcotráfico y cerraron los accesos a Ayutla y a Tecoanapa, luego de confrontarse verbalmente con ellos, a pesar de que habían liberado a los ciudadanos con sus armas.
Al siguiente día la UPOEG y algunas comunidades de la Policía Comunitaria de la CRAC se unieron para  exigir la terminación de desarmes con cinco bloqueos en Tecoapana, Tierra colorada, Tlapa y Tixtla.
Intervinieron en el conflicto el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Salgado Brito, el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre Velázquez y el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, el bloqueo de El Pericón empezó el 5 agosto y terminó después de 34, con la liberación de los soldados retenidos.
A pesar de que el gobernador se reunió por separado con los representantes de los dos grupos, el 9 de agosto se informó del rompimiento del gobierno federal y el estatal con la UPOEG.
Plácido Valerio reveló que en la reunión anterior les dijeron que no iban a tolerar otra retención de militares y les exigieron una disculpa pública.
Aunque en los acuerdos de las asambleas posteriores de la UPOEG insistieron en el diálogo con las autoridades sus acercamientos no dieron frutos.
El 31 de agosto la UPOEG decidió entregar a todos sus detenidos luego de que el gobernador advirtió que habría un rescate de las personas retenidas en El Mesón.
Para el 4 de septiembre, el dirigente aceptó la incorporación de la autodefensa a la Policía Rural que preparaba el gobierno del estado, pero pidió que se consultara a los pueblos para perfeccionar la iniciativa con las aportaciones de los pueblos.
La convocatoria no tuvo eco entre los diputados, que sin mediar algún mecanismo de discusión con los ciudadanos involucrados aprobó la iniciativa del Ejecutivo.
La UPOEG denunció que ante el repliegue de la Policía Ciudadana tras el incidente de El Pericón se incrementaron los hechos de violencia y reactivaron sus actividades de seguridad.
Hubo algunas denuncias en la prensa de abusos de la Policía Ciudadana, pero destacó, el 10 de septiembre, la captura de dos policías ministeriales que pedían cuota en el mercado de Ayutla. Los entregaron a Policía Federal.
Por otro lado, el 10 de octubre se informó de la detención de dos policías ciudadanos de la UPOEG en Tierra Colorada por la posesión de una escopeta y el 19 de octubre, el auto de formal prisión a tres integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadano, acusados de secuestro.
A pesar de la indiferencia de las autoridades a sus demandas y a su trabajo, la autodefensa siguió activa; el 31 de octubre denunció que un soldado golpeó a una mujer policía ciudadana de Xaltianguis, la subió a su vehículo militar y la mantuvo detenida ilegalmente durante tres horas.
El 3 de diciembre el jefe de la autodefensa, Ernesto Gallardo reconoció que en una operación de rescate murió uno de los presuntos delincuentes. Informó que detuvieron a 10 personas en Marquelia y en Xaltianguis por secuestro y extorsión, pero durante las operaciones uno de los perseguidos fue asesinado, aunque destacó que rescataron a dos secuestrados.