Anuncia el Movimiento Popular movilizaciones para el 16 y 17 de enero

*Se precipita el estado a un estallido social, advierte el dirigente Marco Antonio Adame Bello. Continuará la lucha contra la reforma educativa, dice Ramos Reyes Guerrero, de la CETEG. Pugna la CRAC de El Paraíso por la liberación de los comunitarios presos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Aunque para 2014 se prevé un escenario oscuro, representantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) convocaron a la sociedad a luchar contra las reformas estructurales y establecer nuevas estrategias, porque las que se aplicaron en 2013 no fueron suficientes para revertir las políticas privatizadoras del gobierno federal.
En conferencia de prensa, el dirigente del Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos, (FUERSA), Marco Antonio Adame Bello, denunció que en la entidad hay condiciones para un estallido social porque el gobierno que postuló un partido de izquierda y que recibió el respaldo de organizaciones sociales no está cumpliendo con su perfil.
Anunció movilizaciones el 16 y 17 de enero en Chilpancingo, la primera de organizaciones sindicales aglutinadas en FUERSA, para discutir las condiciones de trabajo de sus representados que emplazaron a huelga, y la segunda con el MPG, para insistir en la derogación de la reforma educativa y la energética en el país.
Por otro lado, el nuevo secretario de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Ramos Reyes Guerrero, denunció que después de la marcha del MPG el 16 de diciembre pasado se instaló la mesa de diálogo con el gobierno del estado, pero después de ese encuentro los han dejado plantados en dos ocasiones.
Aseguró que el magisterio no se quedará pasivo y va a continuar la lucha contra la reforma educativa, que no sólo afecta a los trabajadores de la educación, sino al pueblo en general.
Adelantó que en la protesta del 17 de enero van a presentar a la totalidad de la comisión política de la CETEG, que tomará protesta ese día, para continuar la lucha nacional contra las reformas estructurales.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, exigió que el gobierno del estado reconozca el problema de los desplazados por la violencia en la Sierra del estado, para que les garantice derechos fundamentales, como el acceso a la justicia para que puedan volver a sus localidades.
También participaron en la conferencia representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, para exigir la libertad de 13 de sus compañeros en prisión, y el traslado inmediato de tres representantes que fueron llevados a penales federales en diferentes estados, así como el Frente de Defensa Popular (FDP) y el Movimiento Social de Izquierda, incorporados al MPG, que exigieron la atención a las demandas de damnificados de la tormenta Manuel.
Adame Bello señaló que existe una inconformidad en los trabajadores y en la sociedad en general porque en 33 años se han aplicando políticas neoliberales que dañan a la población, y que obligan a la organización y a la protesta por las acciones de gobierno.
Sin embargo, señaló que la respuesta de las autoridades ante la oposición es la amenaza, el encarcelamiento y la criminalización.
Reconoció que respecto al encarcelamiento y asesinato de dirigentes sociales existe un panorama muy oscuro, pero la población no puede permanecer apática, impasible.
Como dirigencia de sindicatos, llamó la sociedad en este 2014 a buscar juntos estrategias de lucha, “porque debemos reconocer que lo que hasta ahora hemos hecho no ha detenido las reformas; el pueblo de México, las organizaciones han luchado, se han manifestado pero no ha sido suficiente”.
Indicó que esta situación amerita un análisis de qué se tiene que hacer, algo distinto, creativo, diferente, pero no pueden permanecer callados, porque la represión no va a detener el movimiento, al contrario, aseguró que la va a agudizar más.
Añadió que en Guerrero las mismas autoridades están generando las condiciones para un estallido social, “por eso insistimos en que atienda a las organizaciones”.
Recordó que el gobernador Ángel Aguirre viene de un partido de izquierda, que se postuló como alternativa distinta y que apoyaron los movimientos sociales, “pero creemos que  no está cumpliendo con ese perfil”.
Consideró que para tener la atención de las autoridades tal vez los funcionarios esperan movimientos como el de abril de 2013, cuando se realizaron marchas multitudinarias de hasta 80 mil personas, en repudio a las reformas y las políticas fallidas de gobierno.
Adelantó que continuarán las acciones, porque las cosas no van a cambiar si se dejan en manos de los diputados y los políticos, “tenemos que organizarnos y alzar la voz”.
En su intervención, la consejera de educación de la CRAC de El Paraíso, Roberta Campos, denunció que en 2013 hubo muchos golpes para esta institución comunitaria, y responsabilizó al gobernador Angel Aguirre por la salud de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que en el penal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit, recibe un trato cruel y le niegan sus medicamentos.
Urgió al cese del hostigamiento a la Casa de Justicia y demandó el regreso a Guerrero de Salgado García, así como del promotor de la CRAC de El Paraíso, Gonzalo Molina González, trasladado a una prisión de Oaxaca, y del asesor Arturo Campos Herrera, llevado al penal del Altiplano en el estado de México.
Aclaró que ellos no son responsables de lo que los acusan (secuestro, terrorismo, privación de la libertad, entre otros cargos), porque aplicaban justicia en sus pueblos con base en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero.
Asimismo, insistió en la liberación del coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, detenido con otros nueve de sus compañeros el 21 de agosto y  recluidos en el penal de Acapulco.
En la conferencia recordaron el asesinato de 13 dirigentes sociales en 2013, la impunidad en el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, y la falta de compromiso de las autoridades con la seguridad de la población
Al contrario, denunciaron que existe complicidad de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada, que se evidencia con el incremento de delitos.
En este sentido coincidieron con el informe que emitió el 17 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en Guerrero, porque señala claramente el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno de sus funciones, lo que ha provocado que el estado se encuentre a un paso del estallido social.