Incumplió el gobierno los acuerdos con la UPOEG sobre los detenidos entregados hace un año

De los 51 acusados y entregados en Ayutla por la Policía Ciudadana a la Procuraduría, sólo seis fueron sometidos a proceso. Fueron desechadas las pruebas aportadas por la organización, dice el abogado Manuel Vázquez Quintero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El año pasado el gobierno estatal incumplió el convenio que firmó con la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), mediante el cual la organización entregó el año pasado a 51 detenidos por el movimiento de autodefensa que surgió el 6 de enero y que hoy se ha convertido en el Sistema de Seguridad Ciudadana.
De los detenidos, 33 fueron aprehendidos por el movimiento en Ayutla y 18 en Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El convenio estableció que los detenidos serían investigados y juzgados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, secuestro, homicidio y extorsión, pero la mayoría fueron liberados y sólo 6 fueron consignados.
A la fecha no se ha informado a la organización sobre la situación jurídica de éstos, dijo ayer el abogado Manuel Vázquez Quintero, quien dio seguimiento al proceso.
Otro de los compromisos fue el reconocimiento del Sistema de Seguridad Ciudadano, pero, finalmente, el gobierno estatal pretendió incorporar a los integrantes de la policía ciudadana a la Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC).
En estas circunstancias, además, al cumplirse un año del surgimiento del movimiento de autodefensa promovido por la UPOEG en Ayutla y que después se extendió a 12 municipios de la región de la Costa Chica, así como a Tierra Colorada de la zona Centro y a Xaltianguis, municipio de Acapulco, el movimiento que al principio contó con el apoyo del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, hoy mantiene rotas sus relaciones con la agrupación.
En sus primeras acciones, los integrantes del  movimiento ciudadano, que surgió el 6 de enero en Ayutla en contra de la delincuencia organizada, que venía cometiendo ejecuciones, secuestros, extorsiones, levantones y cobro de piso, detuvo a partir de su aparición hasta el 1 de febrero a 54 presuntos delincuentes a quienes confinó en la comisaría municipal de El Mesón, donde fueron presentados en una asamblea popular ese 1 de febrero.
Ese día, el acuerdo fue que la asamblea se convertiría en tribunal popular y que el 22 de febrero se instalaría en la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa, para juzgar y sentenciar a los detenidos.
Sin embargo, el gobierno del estado intervino y a través del senador perredista Sofío Ramírez Hernández, propuso a la dirigencia de la UPOEG la firma de un convenio para la entrega de los detenidos.
El abogado de la agrupación, Manuel Vázquez Quintero, recordó ayer que en el convenio se estableció que el gobierno estatal, a través de la Procuraduría de Justicia, se comprometía a investigar y castigar a los detenidos tomando como base las pruebas que la organización presentó en su contra, entre ellas documentales y testimoniales.
También se convino en el documento que el gobierno estatal reconocería   jurídicamente al movimiento si éste se convertía en Sistema de Seguridad Ciudadano, como finalmente ocurrió en el mes de abril.
Según el abogado, el convenio fue firmado por el entonces secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el senador Sofío Ramírez; la ahora ex subsecretaria para Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, y la entonces procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal.
Asimismo, participó como observador el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del gobierno federal, Jaime Martínez Veloz.
Por parte de la organización firmó el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, y el abogado Vázquez Quintero, así como coordinadores y comandantes del movimiento.
Con la firma del documento, la UPOEG dio marcha atrás al acuerdo del 1 de febrero de instalar un tribunal popular para juzgar a los detenidos y el 8 de febrero entregó al gobierno del estado en el palacio municipal de Ayutla, a los primeros 11 detenidos.
En representación del gobierno estatal estuvo el propio secretario Salgado Gómez.
Otros 22 de los detenidos fueron entregados el 19 de febrero en la gasolinera a la entrada de Ayutla.
En esa ocasión recibieron a los presos la subsecretaria Rossana Mora, el senador Sofío Ramírez y el director de la Policía Ministerial, Marcos Esteban Juárez Escalera.
Los detenidos fueron trasladados en un camión resguardados por militares, policías federales y estatales, hasta la Procuraduría de Justicia del estado.
Los otros 21 detenidos por el movimiento de autodefensa, de quienes se dijo estaban acusados por delitos menores, fueron entregados a sus familiares con el compromiso de éstos que vigilarían su actitud para evitar que reincidieran en la comisión de ilícitos.
Los primeros 11 entregados al gobierno estatal fueron arraigados por 30 días por el Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de los Bravos, con base a la averiguación previa DGCAP/020/2013. Sin embargo, vencido el plazo fueron puestos en libertad.
Mientras tanto, del otro grupo de 22 detenidos fueron arraigados por 30 días por el Juzgado Segundo del Ramo Penal y el 10 de abril ese juzgado resolvió la libertad de 16 de ellos “por no acreditarse ninguna responsabilidad en la comisión delictiva”.
Sin embargo, seis de los 22 fueron declarados formalmente presos como presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad “y lo que resulte”.
El abogado Manuel Vázquez Quintero informó ayer que a pesar del acuerdo con el gobierno estatal de que la organización tendría acceso a la información sobre la situación jurídica de los presuntos delincuentes que fueron entregados, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, o los jueces que se encargaron del caso, nunca les proporcionaron información y que mucho menos les presentaron los argumentos  del por qué fueron liberados.
Aseguró que en todos los casos presentaron las pruebas suficientes de su participación en el crimen organizado y de los delitos que cometieron, entre ellos asesinato, secuestro, extorsión y cobro de piso.
Asimismo, la UPOEG y el movimiento de autodefensa comprobó que la mayoría de los detenidos pertenecía  o colaboraba con una banda criminal que operaba en gran parte de la Costa Chica y que tenía su sede en Ayutla, lidereada por Leónides Enríquez Álvarez, El Cholo, quien recientemente fue asesinado en Tierra Colorada. Su cuerpo fue encontrado el 4 de diciembre pasado.

La irrupción masiva en Tierra Colorada

En otro aparatoso movimiento, más de mil integrantes del movimiento de autodefensa irrumpieron la madrugada del 26 de marzo del año pasado en Tierra Colorada y sitiaron esa cabecera municipal, tras el asesinato del comandante ciudadano Guadalupe Quiñones Carvajal.
Los civiles armados detuvieron en ese operativo al director de la Policía Municipal, Oscar Ulises Valle García, a 12 de sus policías municipales y a seis civiles integrantes de la familia Peralta.
Al primero y a los policías los acusaron de vínculos con la delincuencia organizada y del asesinato del comandante ciudadano Quiñones Carvajal. Mientras que a los segundos los detuvieron porque encontraron dos cajas  con droga.
El jefe policiaco y los agentes fueron entregados el mismo 26 de marzo a la Procuraduría de Justicia del estado y los seis integrantes de la familia Peralta el día siguiente.
El 28 de marzo, el Juez Primero del Ramo Penal, Leoncio Molina Mercado, decretó un arraigo de 30 días en contra del director de Seguridad Pública y los 12 policías, con base en la averiguación previa SC/02/052/2013. Asimismo, consignó ante el Ministerio Público Federal a los seis civiles.
Sin embargo, el 26 de abril, el mismo juez puso en libertad “por falta de elementos” a Oscar Ulises Valle García y a los 12 policías.
El abogado Vázquez Quintero explicó que igual que en el primer caso, en éste no hubo información para la organización ni le dieron los argumentos jurídicos, a pesar de que presentó un recurso de revisión.
Aseguró que la UPOEG presentó 8 elementos de prueba de que el jefe policiaco colaboraba con la delincuencia organizada, concretamente con  la banda de Los Rojos que asesinó al comandante Guadalupe Quiñones Carvajal, sin embargo denunció que todos los elementos fueron desechados.
Dijo que lo más grave es que el gobierno estatal puso en riesgo a los dirigentes e integrantes del movimiento, pues al dejar en libertad a los presuntos delincuentes se comenzaron a dar amenazas en contra de algunos de los integrantes del ahora Sistema de Seguridad Ciudadano.
Recordó que incluso, por ello acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para demandar medidas cautelares, mismas que se cumplieron a medias.
También pidieron al organismo que tomara los testimonios de las víctimas de la delincuencia a las que no se les hizo justicia al haber liberado a los delincuentes que entregaron a la Procuraduría de Justicia.

La muerte de El Cholo

El movimiento de autodefensa que después se convirtió en Sistema de Seguridad Ciudadano, sin embargo, nunca logró ubicar y detener al jefe de la banda del crimen organizado que operada desde Ayutla en varios municipios de la Costa Chica, Leonides Enríquez Álvarez, El Cholo, a pesar de la amplia movilización que desplegó por 12 municipios de esa región.
El presunto jefe de la plaza del narcotráfico fue encontrado muerto el 4 de diciembre cerca de la comunidad El Papayo. Durante dos semanas estuvo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), de Chilpancingo, en calidad de desconocido.
Finalmente, su esposa Carmen Domínguez Narciso lo identificó por los tatuajes que llevaba, uno en el abdomen con la leyenda “Greñas”, y otro en el pecho que decía “perdóname madre por tus lágrimas”.
Según fuentes periodísticas, El Cholo estaba trabajando de mecánico en Tierra Colorada, “para que no fuera identificado por la policía ciudadana de la UPOEG”.
Pero el promotor de la organización, Gonzalo Torres Valencia, aseguró  que la Policía Ciudadana nada tuvo que ver en el asesinato del presunto delincuente, sin embargo lamentó que no recibiera un castigo conforme a ley.
Recordó el dirigente que El Cholo administraba el balneario de La Ceiba, ubicado en la carretera Ayutla-Tecoanapa, y que sus cómplices, que fueron detenidos por el movimiento, detallaron que en ese lugar se realizaban actos ilícitos, como secuestros, extorsiones y violaciones. Dijo que por eso El Cholo era buscado por la Policía Ciudadana.
Al no localizar a El Cholo los policías ciudadanos detuvieron a sus padres, Juan Enríquez Cantú y Raquel Álvarez Loyola, y a sus hermanos Efraín y Ulises Enríquez Álvarez, quienes fueron presentados en  El Mesón para presionar a Leónides Enríquez a que se entregara.
También fueron detenidas sus parejas Wendy Pérez Ávila, originaria de Ayutla, y Cecilia Matildes Andraca, de Tecoanapa, pero El Cholo nunca se entregó.