Hartos de extorsiones y secuestros se organizaron, recuerda la autodefensa en su primer aniversario

*La CRAC les dio su reglamento pero no los aceptó dentro de la organización, menciona el comandante regional Ernesto Gallardo. Bruno Plácido los capacitó y por eso se incorporaron a la UPOEG, dice. Ahora hay comunidades de 10 municipios incorporadas a su Sistema de Seguridad, celebra. Acuden más de 3 mil al acto

De la corresponsalía

Ayutla

Más de 3 mil personas que se congregaron para celebrar un año del surgimiento de la autodefensa en Ayutla recordaron que comenzaron a operar, armados y encapuchados, porque estaban hartos de las extorsiones, amenazas y secuestros en Tecoanapa y Ayutla desde el 2011.
El comandante regional del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande reseñó, en asamblea, el surgimiento de la organización que encabeza Bruno Plácido Valerio.
Dijo que no sólo la UPOEG apoyó el movimiento, pues participaron “otras organizaciones civiles”.
Recordó que el 27 de noviembre del 2012 en la parte alta de la Costa Chica la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) les negó la entrada a esa organización, cuando 10 hombres solicitaron incorporarse a la Casa de Justicia de El Paraíso. Dijo que se negaron porque no estaban registrados como policías comunitarios, y por eso se organizaran los pueblos de Cuapinola, El Mesón, Ahuacachahue, y otras cuatro localidades, donde se nombraron a tres coordinadores regionales, entre ellos a Ernesto Gallardo. Su plan fue combatir a la delincuencia organizada.
Agregó que para finales de ese año siete pueblos se estaban organizando para encargarse de la seguridad ante la falta de resultados de las autoridades, pero no estaban preparados para entrar a la cabecera municipal de Ayutla, donde ya tenían ubicados a los presuntos delincuentes que operaban en la región.
Dijo que como la CRAC no los apoyó solicitaron el apoyo de Bruno Plácido para que los orientara en la autodefensa.
Así, prosiguió, el 13 de diciembre ya estaban capacitados 100 hombres para salir en búsqueda de los delincuentes, además de que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC les proporcionó el reglamento de la organización, mismo que se leyó en la comunidad de Ahuacachahue por policías comunitarios de Espino Blanco, Zitlaltepec y Malinaltepec, y esa fue toda la ayuda que recibieron de la coordinadora.
Gallardo Grande aseguró que para el 2 de enero tuvieron varios reportes de la ciudadanía que era extorsionada, entre ellos ganaderos, empresarios y comerciantes, además de que amas de casa reportaban que los delincuentes solicitaban a sus hijas para divertirse con ellas sin que pudieran hacer algo, ya que las autoridades como el Ministerio Público hacía oídos sordos a las denuncias de desapariciones y extorsiones, por lo que el 5 de enero tras el secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Tecoanapa, Eusebio Alberto García, decidieron levantarse en armas.
“Primero nos armamos y nos encapuchamos, pero el principal objetivo era limpiar el pueblo de Tecoanapa y Ayutla para entrar de lleno a capturar a los delincuentes, y se demostró, en cinco días más de 40 detenidos se lograron con la organización de la gente y ahora entendemos que cuando el pueblo se une jamás será vencido, pues decomisamos vehículos robados, armas y drogas y ya para el 10 de marzo se define como Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana con siete municipios de la Costa Chica y posteriormente se suma Juan R. Escudero de la  zona Centro y Xaltianguis de Acapulco, cuando se sumó este municipio no es que estemos buscando entrar a otras cabeceras, sino el pueblo es quien solicita ayuda porque eran azotados por los criminales”, agregó Ernesto Gallardo.
Ahora son diez municipios con autodefensa: Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y la comunidad de Xaltianguis, del municipio de Acapulco.
“El arma más poderosa de la UPOEG y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, y la más maquiavélica se llama organización”, consideró.
Antes de la intervención de Gallardo Grande una de las invitadas, la diputada federal perredista María del Rosario Merlín García inauguró el acto señalando que “hoy en este día histórico en un municipio histórico de Ayutla de los Libres nace esta organización después de sentir en carne propia los asesinatos de muertos familiares, padres, hijos y hermanos secuestrados y levantados; y al ver acciones nulas y oídos sordos de los gobiernos de los tres niveles, ante la impotencia de dar solución y de no poder parar tantos asesinatos”.

Cuatro mesas de trabajo

Debido al aniversario de la autodefensa de la UPOEG se instalaron cuatro mesas de trabajo; está planeado que los resultados se entreguen al gobierno federal y del estado.
La mesa uno se denominó Un Proyecto Comunitario, la segunda trato el tema Seguridad y Justicia Ciudadana, la tercera el Derecho a la Consulta, y la última fue Energía Eléctrica, Salud y Desarrollo Económico.
El representante de la UPOEG en la montaña, Félix Ramírez Sierra solicitó públicamente que la organización regrese sus ojos a San Luis Acatlán, en la Costa Chica, pues acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de que otra vez envía recibos de luz con cantidades exageradas a pesar de que también está dentro de los convenio firmados por la paraestatal.
Informó que los habitantes del lugar realizan un balance para unirse al Sistema de Seguridad y que juntos exigirán el respeto a los convenios firmados, “se necesita reforzar la lucha para ser libres, es necesario hacer valer nuestro derecho gracias a la CNDH de darnos una pauta, pero también es necesario que abra más las ventanas para las comunidades indígenas y den la oportunidad de escuchar a otros pueblos, nuestros impuestos también valen y se deben de reclamar para un buen desarrollo de los pueblos indígenas”.
Agregó que el 25 de enero en La Montaña marcharán y si es necesario tomarán las instalaciones de la CFE, de San Luis Acatlán, para hacer valer sus derechos, porque no han tenido respuesta de las autoridades estatales.