Son investigados los custodios que dejaron entrar a los pistoleros, informa la SSP

*Este tipo de eventos sirven de experiencia”, afirma el subsecretario José Rodríguez Morales del ataque al penal de Iguala

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, José Rodríguez Morales, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE) ya investiga a los custodios del penal de Iguala que permitieron el acceso a un grupo armado que “se hizo pasar por policías ministeriales”, y no descartó la posibilidad de que los uniformados estén coludidos con el comando que entró a asesinar a cuatro reclusos.
Consultado vía telefónica, el contralmirante reconoció también que los cuerpos de inteligencia que tienen dentro de los penales, dedicados a “detectar a los líderes físicos o potenciales”, en esta ocasión no previeron el riesgo que representaban los reclusos asesinados.
La madrugada del viernes irrumpió un grupo de seis pistoleros en el penal de Iguala ubicado en Tuxpan, quienes burlaron los filtros de seguridad a la una de la mañana haciéndose pasar por policías ministeriales que supuestamente llevaban a un recluso que entregarían.
Después de que pasaron por al menos tres filtros, el grupo armado ubicó y asesinó a cuatro internos, y los custodios al interior de la cárcel dispararon contra los agresores asesinando a cinco y dejando herido al sexto integrante.
A pesar del acontecimiento, el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afirmó ayer que la seguridad en las cárceles del estado está garantizada.
Consideró que “este tipo de eventos sirven de experiencia”, y argumentó que se están reforzando las medidas de seguridad, y que en el resto de los penales “prácticamente está garantizada”, e insistió en que los errores y procedimientos “se van a corregir”.
En junio pasado, su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Orihuela Hernández, informó que en el estado había cuatro penales en situación de máxima alerta por los niveles de hacinamiento y la falta de personal de custodia, que son el de La Unión, Iguala, Chilpancingo y Las Cruces, en el puerto de Acapulco, además de que varias cárceles municipales tenían el mismo problema, como los de Ayutla, Tlapa y Ometepec.
Ayer Rodríguez Morales dijo que “a pesar de todo el trabajo” todavía tienen “dos o tres focos rojos”, y reconoció que esto está propiciado por la corrupción de los funcionarios responsables, pero no quiso decir cuáles de los cuatro continúan con problemas.
Dijo también que los cuerpos de inteligencia que tienen dentro de los penales, que “detectan a los líderes físicos o potenciales”, en esta ocasión no previeron el riesgo que representaban los cuatro reclusos asesinados.
Afirmó que los 14 reos que trasladaron a otros penales son “líderes de grupos de poder en el penal”, y que estaban en la ?“base de datos” donde registran “la situación que guardan” para definir quiénes son las posibles personas que “nos puedan traer este tipo de problemas”, pero a pesar de eso, dijo que no previeron lo que ocurrió la madrugada del viernes.
Justificó que lo ocurrido en el penal de Tuxpan fue un error de ?procedimiento, porque dijo que el grupo armado que entró a matar a cuatro “hicieron un show que montaron para poder entrar y lamentablemente el custodio los dejó entrar”, y festejó la reacción de los uniformados que asesinaron a cinco de los agresores y dejaron herido al sexto.
En ese sentido no descartó que los custodios estén vinculados con el grupo armado que entró al penal, y por eso afirmó que la PGJE sigue “entre otras” esa línea de investigación.
Reconoció que continúa el problema de hacinamiento y corrupción en los penales, pero justificó que “la problemática es extensa, las soluciones no se pueden poner de un día para otro”.

Hay funcionarios involucrados en el ataque al penal de Iguala, afirma Carlos Reyes

*El dirigente del PRD pide al gobernador Ángel Aguirre remover “a quien tenga que remover”

Rosalba Ramírez García y Karla Galarce

Chilpancingo y Acapulco

El dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, afirmó que la irrupción de un grupo armado en el penal de Iguala, que entró a asesinar a reclusos, se dio porque en Iguala tienen “un poder muy importante y a todas luces se ve que hay funcionarios involucrados, hay mucha corrupción”.
Vía telefónica, el perredista sugirió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que haga una revisión a su gabinete, en particular en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, y que realice las modificaciones que sean necesarias, “que remueva a quien tenga que remover”.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD dijo que los tres niveles de gobierno no pueden permitir que se sigan registrando hechos como el del viernes pasado, cuando un grupo de seis hombres armados entró al penal de Tuxpan, en Iguala, a asesinar a cuatro internos, y recordó también que en junio pasado en La Unión hubo una fuga.
Dijo que “los delincuentes demuestran que tienen un poder muy importante, que les permite actuar con absoluta impunidad”.
Afirmó que “a todas luces se ve que hay funcionarios que le fallan a las instituciones y están comprometidos con los grupos criminales”, por eso exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado que realice las investigaciones también contra los funcionarios encargados del penal.
“Y que se actúe con toda firmeza con aquellos que estén coludidos con los grupos de la delincuencia organizada”, insistió.
Señaló que Iguala es un municipio “con mucha violencia” y hay grupos criminales que actúan “con mucha impunidad, no es coincidencia, ahí hay un problema grave que no podemos negar”.
Reyes Torres defendió nuevamente al gobierno estatal y dijo que la delincuencia organizada es un delito federal que los gobiernos anteriores dejaron crecer y por eso la principal exigencia es al gobierno de la República, porque afirmó que en el caso del estatal “están dando la batalla”.
El presidente del PRD dijo esperar que en 2014 la PGJE tenga resultados concretos de los asesinatos de 41 perredistas y algunos luchadores sociales, de los cuales entregaron una lista el 6 de enero del año pasado.
Sugirió al gobernador Angel Aguirre que ya iniciado el año revise a su gabinete y que si algún funcionario “no está dando resultados” haga los cambios “necesarios y que remueva a quien tenga que remover”.
Dijo que los cambios podrían ayudar a que el gobierno de Aguirre Rivero dé los resultados que están esperando “del gobernador por el PRD”.
Por su parte, el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Acapulco, Arturo López Sugía, planteó que existen “complicidades” entre autoridades penales y grupos delincuenciales en las cárceles de la entidad.
“Pone en evidencia que hay fallas en el sistema penal, sobre todo ahí, que existen algunas complicidades, no sé más de eso, pero sí se perciben algunas complicidades, una falta de seguridad total y bueno, hacer un llamado enérgico a la federación, al gobierno del estado”, dijo.
En declaraciones a reporteros después de que asistió al programa por el aniversario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Acapulco, López Sugia exhortó a los gobiernos estatal y federal a atender la “crisis de seguridad” que vive Guerrero.

Hay una sobrepoblación de mil 770 reclusos en penales del estado, según datos de Gobernación

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Los cinco Centros de Reinserción Social (Cereso) y 13 Centros Regionales de Readaptación Social (Cerereso) que existen en el estado enfrentan una situación de sobrepoblación absoluta de mil 770 reclusos, ya que actualmente hay una población de 5 mil 427, y los penales fueron proyectados para 3 mil 682 personas.
En el portal oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), se informa que en los centros penitenciarios de Guerrero hay una sobrepoblación de 47.38 por ciento.
Durante el 2012 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que en Guerrero había una población de 4 mil 777 reclusos en todo el estado, es decir que en un año aumentó la población 17.57 por ciento.
Entre el 2012 y el 2013 la población aumentó en 650 reclusos, repartidos por todos los centros penitenciarios, según la evaluación comparativa de la SSP.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó al estado en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, pues dijo que existe sobrepoblación y hacinamiento, ya que el número de internos rebasa la capacidad instalada de las celdas.
La CNDH diagnosticó una deficiente separación entre hombres y mujeres en áreas de ingreso de los penales, y que del total de 5 mil 427 presos que hay en el estado 302 son mujeres.
El 22 de junio de 2011, internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, se amotinaron en el módulo de máxima seguridad conocido como el “Ceresito”.
Este hecho dejó un saldo de res reos muertos, uno decapitado y otro a balazos, así como ocho lesionados; el amotinamiento ocurrió cuando uno de los reclusos, armado con una pistola 38 súper, intentó someter a un custodio, pero éste logró desarmar al agresor.
Por este motín 43 reos del fuero común y federal fueron enviados a penales de Veracruz y Nayarit.
Durante esta acción los reos hicieron públicos los malos tratos, golpes, torturas y extorsiones a que estaban sometidos.
En el 2013, el 9 de junio, un comando armado rescató a nueve reos del Cereso de La Unión, donde dos custodios fueron asesinados, dos lesionados y nueve reclusos extraídos del Cereso.
Por el hecho la Procuraduría del estado solicitó el apoyo de efectivos del Ejército y de la Policía Federal y Estatal para mantener el orden en el Cereso.
La madrugada del viernes pasado, un comando armado burló la vigilancia y se introdujo al penal de Tuxpan, Iguala, donde desató una balacera en la que murieron cuatro reos y cinco de los agresores.
Según los protocolos para los sistemas carcelarios de la ONU, por cada 10 reos debe haber un elemento de seguridad; en Guerrero hacen falta más de 300 custodios para garantizar que no haya fugas ni motines.
Los 18 Ceresos del estado están distribuidos de la siguiente manera: en la zona centro están las cárceles de Chilpancingo, Tixtla y Chilapa. El de mayor riesgo, de acuerdo con los protocolos del sistema penitenciario, es el primero.
En el norte están las cárceles de Iguala, Taxco, Teloloapan e Iguala, que presenta sobrepoblación y es señalado como foco rojo por el número de internos.
En la Tierra Caliente están los penales de Arcelia y Coyuca de Catalán.
En Acapulco se ubica el Cereso de Las Cruces, el más grande de todo el estado, donde se presenta la mayor aglomeración.