Arraiga la PGJE a 24 custodios del penal de Iguala y a uno de los agresores del viernes

Fernando Hernández

Chilpancingo

Un juzgado de primera instancia en materia penal ordenó el arraigo de 24 custodios del penal de Iguala, por su presunta participación en los hechos de violencia del pasado viernes, informó la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) mediante un comunicado.
La PGJE además confirmó que la misma corte dictó una orden de arraigo en contra de uno de los presuntos agresores, quien resultó herido tras el enfrentamiento en el penal ubicado en la comunidad de Tuxpan, en donde se localiza la cárcel de Iguala, la tercera más importante del estado.
La fiscalía sostuvo que el pasado 3 de enero, 35 custodios del penal, así como el director de la cárcel declararon ante Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJE.
Tras la declaración de los custodios, así como del director del penal, la Procuraduría solicitó el arraigo de los guardias.
La medida fue otorgada por un plazo de 30 días “a fin de dar continuidad a las indagatorias ministeriales que se iniciaron por los delitos de homicidio, contra la administración de justicia y lo que resulte”, señaló la dependencia.
La medida de arraigo también alcanzó a uno de los presuntos atacantes, el cual permanece en calidad de detenido un hospital, se puntualizó en el boletín.

El atacante

La madrugada del pasado 3 de enero un grupo de sicarios entró al penal de Iguala y asesinó a cuatro presos. Los custodios repelieron la agresión y mataron a cinco de los agresores. Durante el enfrentamiento resultó herido un custodio, quien murió tras el ataque en el Hospital General de Iguala.
Tras la orden de arraigo, los custodios fuero trasladados al Centro de Arraigo de la PGJE, localizado en Chilpancingo.
“La Fiscalía General solicitó los videos de las cámaras de videovigilancia del Cereso para su estudio, análisis e integración a la indagatoria”, se informó.

Investiga ya la Codehum el ataque a la cárcel de Iguala que dejó 10 muertos: Hipólito Lugo

*El hecho refleja la improvisación en los centros penitenciarios del estado, señala el presidente interino del organismo. Advierte que el diagnóstico de la CNDH sobre la grave situación de riesgo que existe en las cárceles es apenas la punta del iceberg

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente interino de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés,  informó que el organismo investiga el caso de violencia que dejó ya 10 muertos en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Iguala, y que en breve se emitirá el informe correspondiente.
Pero dijo que la irrupción de los seis hombres armados, que dieron muerte a cuatro internos y después fueron abatidos cinco de ellos por el personal de seguridad, refleja la improvisación en los centros penitenciarios del estado, y también manifestó que el resultado del diagnóstico que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la grave situación de riesgo que existe en las cárceles de Guerrero en diciembre pasado, es apenas la punta del iceberg, pues expuso que la situación es mucho más grave.
Dijo que lo ocurrido en el penal de Iguala la madrugada del viernes pasado y en la cárcel de La Unión, en junio del año pasado, en donde un comando armado irrumpió y acribilló a dos custodios e hirió a otros dos, además de que liberaron a nueve reos, es una prueba de la crisis del sistema penitenciario en la entidad.
Informó que como resultado de las visitas y recorridos que el personal de la Codehum ha hecho en los penales, se ha descubierto que existe una sobrepoblación del 40 por ciento y que hay colusión de parte del personal penitenciario, con los reos que ejercen un auto gobierno dentro de las cárceles.
Informó que entre las recomendaciones que el organismo estatal ha hecho a las autoridades del estado, para que se resuelva el problema, es que se realicen las gestiones ante el gobierno federal para que se construyan cuando menos dos penales para reos del fuero federal y resolver el problema de sobre población en un 40 por ciento.
Explicó que el problema es que los reos federales son, en la mayoría de los casos, de alta peligrosidad y son los que conforman grupos de poder y de auto gobierno dentro de los reclusorios; agregó que el organismo ha recomendado que no deben de delegar esta facultad a los internos.
El visitador general de la Codehum, quien el 19 de diciembre pasado fue designado por el Consejo Técnico como presidente interino del organismo, en lo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero envía al Congreso local la propuesta para designar a quien sustituirá a Juan Alarcón Hernández –fallecido la noche del 11 de diciembre–, dijo que a pesar de las observaciones de la Codehum se siguen permitiendo los grupos de poder en los penales, por la colusión y el involucramiento con estos grupos de internos por el personal de custodia.
Manifestó que cuando el personal de la Codehum realiza visitas y recorridos en los penales, son sometidos a rigurosas y a múltiples revisiones, además de que tienen que presentar sus identificaciones varias veces. Agregó que el mismo procedimiento debe utilizarse para todo aquél que pretenda entrar a las cárceles, “para que no pase lo que ocurrió en Iguala”.
El visitador general y presidente interino de la Codehum, también se refirió al diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, realizado por la CNDH, cuyos resultados se dieron a conocer el 19 de noviembre, en el que el organismo reprobó a Guerrero con una calificación de 5.07 y lo ubicó en en el lugar 21 de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, en cuanto a los aspectos de garantía de la integridad física y moral del interno;  garantía a una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.
Además de que en ese diagnóstico se observó que existe sobrepoblación y  hacinamiento, auto gobierno, así como el tráfico y venta de sustancias prohibidas.
Lugo Cortés informó que el resultado de ese diagnóstico es apenas la punta del iceberg, puesto que el personal de la CNDH no visitó todos los penales (solamente los de Acapulco, Chilpancingo e Iguala). Lugo añadió que la situación es mucho más grave, que prueba de ello es lo que ocurrió en Iguala y en el penal de La Unión, en junio del año pasado.
Añadió que en problema es que hay improvisación en el ámbito penitenciario, además de que el Consejo Técnico sesiona sólo 3 o 4 veces al año para determinar las preliberaciones. Asimismo, dijo que en esa área se designa a personal sin experiencia en la materia.
Lugo Cortés informó que personal del organismo inició, desde el mismo día de la violencia en el penal de Iguala, las investigaciones correspondientes y adelantó que emitirá un informe y, si es necesario, una recomendación.
Pero aclaró que la agilidad con que se dé a conocer el informe, o en su caso la recomendación, dependerá de las facilidades que otorguen las autoridades y el personal penitenciario, pues manifestó que se obstruye la labor del personal de derechos humanos y que muchas veces se le pone en una situación vulnerable.

Exige el PAN la intervención del gobierno federal en los reclusorios

El dirigente estatal del PAN, Andrés Bahena Montero, exigió la intervención del gobierno federal para “blindar y reforzar” la seguridad en los reclusorios de Guerre-ro, ante la “incapacidad” de las autoridades estatales, lo que quedó de manifiesto tras los hechos de violencia que ocurrieron en la cárcel de Iguala el pasado viernes.
Ese día, un comando armado irrumpió en las instalaciones de la cárcel de Iguala y asesinó a cuatro presos, así mismo los custodios del penal abatieron a cinco de los jóvenes atacantes.
La dirigencia panista emitió un comunicado, en el que hace un “llamado urgente a las fuerzas federales a brindar el auxilio a los Centros de Readaptación Social (Cereso) del estado, ante los acontecimientos suscitados en la cárcel de Tuxpan, Iguala. Esto en coordinación con el gobierno del estado y la Procuraduría de Guerrero”.
“Los hechos ocurridos sólo ponen en evidencia el sistema penal de Guerrero, siendo ésta una llamada de alerta para el estado”, denunció el panista.
En el documento, Bahena Montero indica que es “urgente blindar y reforzar la seguridad en el resto de los penales del estado, para evitar que se presente otro hecho como el de Tuxpan”.
El dirigente puntualizó que el sistema penitenciario de Guerrero tiene que modificar sus protocolos de seguridad, para de esta manera evitar hechos de violencia dentro de las cárceles del estado.
Indicó que se tienen que analizar los nuevos sistemas acusatorios, ya que muchos de los internos son personas que están como presuntos indiciados y no como sentenciados, por lo que consideró urgente agilizar los procesos, para decretar quién tiene que estar purgando una sentencia. Esto sin dejar de lado la creación de nuevos centros penitenciarios. (Fernando Hernández / Chil-pancingo).