Que intervengan la CNDH y Gobernación por la crisis en cárceles del estado, pide la Red

*Alerta Manuel Olivares por el riesgo que corren en prisión los detenidos de la Policía Comunitaria

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red Guerrerense de Derechos Humanos exigió que la Secretaría de Gobernación, la CNDH y la Codehum intervengan de manera directa en los conflictos ocurridos en las cárceles del estado, evidenciados con los atentados contra prisioneros en Iguala y Acapulco.
El secretario técnico de la organización, Manuel Olivares Hernán-dez, expresó su preocupación por la seguridad de los presos de la Coor-dinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el penal de Acapulco, por los asesinatos de los últimos días que los pusieron en alerta para exigir un mayor control y supervisión de las prisiones, y que se den garantías para asegurar la vida de los reclusos.
En consulta telefónica, indicó que la sobrepoblación en los penales aumenta las tensiones por su control por la delincuencia organizada, “porque de todos es sabido que al interior hay gente que purga sentencias injustas por falta de dinero, por delitos fabricados, confesiones sacadas bajo tortura, donde se castiga la pobreza de muchos”.
Por su experiencia en la defensa de derechos humanos, estimó que 30 o 40 por ciento de la población de los reclusorios no tendría que estar ahí, porque fueron acusados por delitos menores, no tienen dinero para la fianza, o tienen uno o más años esperando una sentencia, que muchas veces resulta absolutoria.
Indicó que encontraron a una persona con ocho años de prisión esperando una sentencia.
Señaló que ve con preocupación los atentados en Iguala y Chilpancingo, el primero con un comando externo y el segundo por gente del interior, porque refleja una situación de alto riesgo para la población penitenciaria en diferentes prisiones del estado.
Recordó que estos no son los primeros atentados, pues en junio del año pasado hubo una fuga del penal de La Unión, que también tuvo como saldo custodios y prisioneros asesinados, y la obligación del gobierno es garantizar sus vidas; “preocupa que con tanta facilidad se mate a gente presa”, dijo.
Señaló que las irregularidades ocurren en un marco de impunidad: impuestos, extorsiones, venta de protección, de consumo de drogas, “toda una complejidad bajo la complacencia de las autoridades, que nos lleva a pensar que son beneficiarios de las ganancias de actividades ilícitas”.
En este sentido, exigió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el organismo estatal y la Segob tomen cartas en el asunto y hagan un diagnóstico profundo de la situación de las cárceles, y que el gobierno pueda comprometerse a cumplir las recomendaciones que se emitan.
Añadió que no es un asunto fácil, porque implica mucha voluntad política y disposición para dar una respuesta favorable a lo que se está viviendo.
Subrayó que así como funciona el sistema penitenciario, es de una deshumanización muy grande y corrupción amplia. “En los reclusorios no existe un modelo de reinserción social, todos podemos darnos cuenta que las cárceles son verdaderas escuelas para el crimen y quienes pasan por ahí, salen preparados para cometer delitos mayores”, expresó.
Insistió en que no se necesitan más cárceles para mejorar las condiciones de los internos, porque las autoridades penitenciarias y del mismo Tribunal Superior de Justicia busca mecanismos para invisibilizar los problemas, fabrican cifras o hacen declaraciones mediáticas diciendo que todo ha mejorado, hasta que la realidad es difícil de contener, como en estos momentos.
Por otro lado, señaló que los presuntos sicarios que entraron al penal de Iguala eran menores de edad, lo que indica que la juventud no tiene oportunidades, y sin perspectiva de mejorar su situación económica y social, son víctimas de la delincuencia organizada, que los utiliza como objetos desechables, “los mandan y si se mueren, ya se murieron. Habrá muchos otros deseosos de ingresar”.