Rechaza el gobierno el informe de la CNDH sobre las autodefensas, anuncia Martínez Garnelo

*Es “excesivo e infundado”, tiene “opiniones sesgadas y altamente cuestionables” y “falta a la verdad”, dice el secretario de Gobierno. Son 35 los municipios donde hay autodefensas, policías comunitarias y policías ciudadanas, y no 46, responde. El gobierno no ha claudicado ni ha desatendido sus obligaciones para hacer frente a la delincuencia organizada, se defiende

Daniel Velázquez

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que revise caso por caso a las policías ciudadanas, comunitarias y autodefensas que hay en el estado desde una perspectiva integral, técnica, metodológica, de buena fe y veracidad, porque el informe sobre autodefensas que presentó está fuera de la realidad.
Veinte días después de que la CNDH presentó el informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado, el secretario general de Gobierno leyó ante reporteros la respuesta del gobierno del estado a la comisión, pero no informó si el documento de más de 20 páginas ya fue remitido de manera oficial al organismo.
En una conferencia de 30 minutos realizada en Acapulco, el secretario no respondió preguntas de los reporteros.
El 17 de diciembre, la CNDH presentó el “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, en el que señaló al gobernador Ángel Aguirre de promover a los grupos de autodefensa y al mismo tiempo perseguirlos, enlistó 46 municipios donde hay grupos de autodefensa o policías comunitarias y diagnosticó que la ineficacia, corrupción y vínculos de autoridades con el narcotráfico gestaron esas movilizaciones ciudadanas.
“El Ejecutivo del estado, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, ha actuado conforme lo dictan las leyes, lo demanda la sociedad y lo permiten nuestras capacidades, no se trata de rendición o renuncia a nuestras obligaciones sino de un entendimiento de la diversidad pluricultural y multiétnica de nuestros pueblos y de un trabajo coordinado entre las autoridades”, dijo Martínez Garnelo.
“No puede aceptarse una conclusión en el sentido en que la formula el organismo nacional, a partir de elementos tan poco claros y con una construcción metodológica evidentemente cuestionable”, porque se aparta de principios legales.
“Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una revisión metodológica exhaustiva de los elementos contenidos en su informe y en su caso atienda el llamado que se hizo desde este gobierno el pasado 18 de enero de 2013 para coadyuvar en la búsqueda de soluciones integrales bajo una óptica de respeto, armonía a los derechos humanos y de respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios”, expresó.
Martínez Garnelo aceptó que el gobierno del estado ha procedido “de manera diferenciada” con la CRAC y la UPOEG porque reconoce “las particularidades de cada uno”, y no actúa con valoraciones subjetivas como lo sugiere la comisión, porque si lo hiciera de esa forma sería “una política criminalizante y victimológicamente de etiquetamiento, cosa que a nivel internacional está prohibido”.
Durante la larga lectura del documento, Martínez Garnelo descalificó con diferentes expresiones el informe de la CNDH,y dijo que es “excesivo e infundado”, tiene “opiniones sesgadas y altamente cuestionables”, “realiza conjeturas a través de información parcial” y “falta a la verdad”.
También reprochó a la CNDH que el 18 de enero de 2013 el gobierno del estado solicitó por escrito su “asistencia técnica” a la comisión para atender la problemática y buscar una solución que privilegiara el respeto a los derechos humanos, pero nunca tuvieron respuesta a esa petición.
Precisó que en Guerrero hay 35 municipios donde hay presencia de autodefensas, policías comunitarias y policías ciudadanas y no 46 como lo señala en su informe la CNDH. “Se desconoce la fuente de la comisión para afirmar tal situación”, porque en algunos de los municipios que menciona con presencia de autodefensa como Chilpancingo y Atoyac no hay evidencia documentada, manifestó.
También negó que en 46 municipios del estado haya desplazamiento forzado de familias por la inseguridad, y refutó que en la entidad haya 2 mil 193 personas desplazadas por esa causa.
Dijo que hasta ayer el número total de desplazados por la inseguridad en el estado es de 537, de las comunidades de Las Mesas II, Las Chascuitas, San Miguel Totolapan; La Laguna, Coyuca de Catalán; y Santo Domingo y Pie de la Cuesta, Atoyac.
Contradijo a la comisión sobre el señalamiento de que el gobierno del estado incumplió en otorgar las medidas cautelares a comerciantes de Chilpancingo y otras organizaciones sociales, porque fue el 25 de noviembre cuando se otorgaron las medidas cautelares y se le informó “oportunamente” a la CNDH.
Lo que la CNDH no tomó en cuenta, según el gobierno

Martínez Garnelo dijo que la respuesta del gobierno del estado es “de manera respetuosa pero con carácter enérgico”, y que en el escrito aportan elementos que la comisión no tomó en cuenta para la elaboración de su informe.
“No será con declaraciones políticas tendenciosas o con descalificaciones como se podrá promover el desarrollo integral de nuestra entidad”, expresó.
“El informe de la CNDH no considera e invisibiliza los esfuerzos de coordinación, comunicación y fortalecimiento en estas materias que se han impulsado en el marco de la operación Guerrero Seguro”, el cual está bajo el mando del Ejército y con él se atienden todas las comunidades de la entidad, sostuvo.
“Los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano no han claudicado ni han desatendido a sus obligaciones para hacer frente a la delincuencia organizada y al incremento de los índices delictivos en Guerrero y en otros estados”.
Criticó que la CNDH ignoró los artículos 8.2 y 9.1 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el apartado segundo de la Constitución donde se establece que los pueblos indígenas deben conservar sus costumbres y tradiciones.
Consideró que ante la omisión del convenio de la OIT por parte de la CNDH puede entenderse que ese organismo ha claudicado a reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, y señaló que no le corresponde a la comisión validar los sistemas de seguridad y acceso a la justicia de las comunidades indígenas.
Acusó a la CNDH de “insinuar” que la Ley 701 y la 281 de seguridad pública serían inconstitucionales pero que en su momento la comisión no las combatió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Precisó que sólo la CRAC cuenta con reconocimiento legal mediante la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y por su desconocimiento la CNDH “incurre en graves errores”, lo que generó “opiniones sesgadas y altamente cuestionables”.
“En su informe deja entrever que para este organismo público autónomo el sistema jurídico mexicano contenido en la Constitución es uno, sólo el emanado de los órganos del Estado, y que la presencia de pueblos indígenas en esta configuración es irrelevante porque éstos simplemente deben sujetarse al orden estatal, por ello se atreve a afirmar que el Estado ha claudicado en sus funciones, olvidándose por completo de la estructura básica que establece el artículo 17 constitucional”, donde se reconoce a la autodefensa como un derecho de los pueblos, señaló.
Del financiamiento que la CNDH señaló que reciben los grupos de autodefensa de la entidad por parte del gobierno del estado, Martínez Garnelo dijo que esa ayuda es “mínima” y está sustentada en el reconocimiento y antigüedad de los grupos establecidos.
“La CNDH se equivoca y sus temores de que fomente la creación de grupos paramilitares o guerrillas resultan infundados”, dijo.
“Cuando se habla de dos grupos de autodefensa cuyo origen se da en el seno de las comunidades indígenas no podemos hablar de grupos armados actuando al margen de la ley ni de grupos paramilitares o pertenecientes a la guerrilla, sino de grupos que han restablecido sus sistemas normativos, sujetos de manera muy objetiva a la ley 701 y de seguridad pública del estado”, dijo.
Sobre la criminalización de los grupos de autodefensa, Martínez Garnelo reiteró que la comisión “se equivoca” y muestra su desconocimiento del tema porque hay averiguaciones previas con las que se justifica la detención de 12 integrantes de la Policía Comunitaria.
El secretario general de Gobierno dijo que los señalamientos del informe de la CNDH de que está ausente el gobierno del estado en las zonas donde operan policías comunitarias, autodefensas y policías ciudadanas, “lo hace a partir de haber realizado unas cuantas visitas en un periodo muy limitado y tras haber presuntamente documentado que en esas zonas han aumentado los delitos del orden común y del orden federal”.
Reprobó que la CNDH dedique en su informe un amplio apartado a los delitos cometidos por la UPOEG y la CRAC, pero “resulta muy extraño” para el gobierno del estado que el organismo no haya solicitado información sobre las averiguaciones previas y procesos que se han iniciado contra los infractores.
Criticó que la comisión quiere “hacer creer” a la población que el gobierno del estado claudicó a su responsabilidad de brindar seguridad y en un “tono alarmista” señaló que en más de la mitad de los municipios del estado hay grupos de autodefensa, cuando la realidad es que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) opera en mas de 100 comunidades de 15 municipios de la Costa Chica y Montaña desde hace 18 años, mientras que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tiene presencia en 20 municipios desde hace un año.
Expuso que el estado de Guerrero tiene una complejidad multicultural formada por los pueblos indígenas que habitan la entidad, que la violencia se ha recrudecido en todo el país “y Guerrero no es la excepción”.
Martínez Garnelo señaló que hay milicias de sicarios dedicadas a realizar ejecuciones, hay empresas clandestinas dedicadas al tráfico de drogas, secuestro y extorsión e imposición de gobiernos de facto que venden protección e influyen en las decisiones de autoridad.