Capturó la PGR a cuatro soldados que violaron a las indígenas Inés y Valentina, trasciende

*Son el cabo de infantería Armando Pérez, el cabo jardinero Nemesio Sierra, el sargento segundo Hugo Humberto García y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar. Fueron detenidos el “último trimestre de 2013”, dice el portal Animal Político

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En sigilo, durante el último trimestre de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) habría capturado y presentado ante un juez federal a cuatro militares que en febrero y marzo del 2002 participaron en?la violación sexual de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Los militares procesados son el cabo de infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra, presuntos agresores de Valentina Rosendo. También el sargento segundo, Hugo Humberto García León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez.
La información se filtró desde el lunes y se publicó en la página Animal Político y ayer la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos subió la información en su cuenta de Facebook. El informe también fue difundido por algunos medios impresos como periódico Zócalo, Vanguardia y El Heraldo de Chiapas.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organismo que ha acompañado jurídica y legalmente a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández tomó con reserva dicha información. Su director Abel Barrera Hernández, vía telefónica, declaró ayer que carecía de información oficial y que estaba buscando una entrevista con funcionarios de la PGR para confirmar la información.
Abel Barrera dijo que en ese organismo les “cayó por sorpresa” la información que se difundió mediante la página de Animal Político y que ayer fue reproducida por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, aunque admitió que las autoridades federales han tratado el caso con sigilo y que la PGR no necesariamente debió haber notificado a Tlachinollan de la detención y presentación de los detenidos.
En la información que se publicó en la página de Internet no se precisa la fecha de la detención y la presentación de los cuatro militares detenidos, solamente se informa que fue en el “último trimestre de 2013”.
“La Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército mexicano, que en febrero y marzo de 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales perpetrados en contra de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los cuales el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010”, se lee en el portal.
Cita los nombres de los presuntos detenidos: el cabo de infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra, presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, implicados en la violación sufrida por Inés Fernández.
La información establece que, “todos?estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano cuando en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico”.
Cita que tres de los detenidos aún fungían como elementos activos del Ejército cuando fueron capturados por la PGR, -no menciona el lugar en que fueron detenidos- mientras que el cuarto, Nemesio Sierra, había causado baja y al ser detenido se desempeñaba como policía estatal de Guerrero, pero en esta corporación no se encontraron antecedentes y las autoridades estatales no confirmaron la información.
Los datos extraoficiales revelan que los cuatro militares fueron detenidos entre octubre y diciembre en acciones separadas, por efectivos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, y que  “enfrentarán cargos por violación sexual y abuso de autoridad, además de que los implicados en el ataque a Inés Fernández también están acusados de allanamiento de morada y robo, delitos por los cuales podrían alcanzar sentencias que van de 30 a 60 años de prisión, en caso de ser encontrados culpables”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó el 1 de octubre de 2010 dos sentencias en contra del Estado mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. En dichos fallos determinó que en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, ambas mujeres fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército mexicano, “en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación” lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.
En las sentencias, la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano era “internacionalmente responsable por las violaciones a los derechos cometidas en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, así como al debido proceso y las garantías judiciales”.
Determinó que México incumplió la obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales. Finalmente, el tribunal también reconoció los riesgos que enfrentaron ambas mujeres y sus familias al buscar justicia, mismos que motivaron que la Corte les otorgara medidas provisionales para su protección previa y durante el proceso.
Durante el proceso las dos indígenas fueron acompañadas legalmente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Ayer Abel Barrera tomo con reserva la información, dijo que en el organismo les tomó por sorpresa y que carecían de información oficial al respecto. Añadió que estaban buscado una reunión con funcionarios de la PGR para conformar la veracidad de la información.
Barrera Hernández informó que estaban tratando de corroborar la información “para poder tomar las medidas de prevención correspondientes con las compañeras porque éste es un asunto delicado”.
Agregó que de confirmarse el informe lo primero que harían es informar a las dos indígenas y que, posteriormente, fijarían una postura.
Agregó que el caso ha sido llevado por las autoridades federales con sigilo “y nosotros dejamos que actuaran libremente para que no pusieran como pretexto la presión”.
El director de Tlachinollan admitió que de ser cierta la información no necesariamente debieron haber notificado al organismo pero insistió en que estaban buscando “confirmar si es verdad, queremos que la información venga de una instancia oficial”.

Amenazas a Tlachinollan y la OPIM

El 18 de diciembre se publicó en estas páginas que hubo amenazas de muerte vía mensaje de teléfono celular a los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, así como al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, a quienes acusan de haberse mentido en el caso de la violación de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
El mensaje fue enviado al teléfono celular del secretario general de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, a las 15:30 horas de ese lunes y de ello el dirigente de la agrupación indígena responsabilizó a los militares y paramilitares que operan en la zona.
El mensaje dice: “Antrop Abel Barrera, Por qué voy a la cárcel, si no se cometió violación a nadie, le violó a Ines y Valentina es mentira de ella tiene que ver Obtilia supuesta es líder de la opim pero la ganancia que tiene a partir su madre una vez escapo por pinche policía hija pero esta vez ya no se escapa ya andamos cerca de obtilia no sirve mucho de su cerebro aque hacer algo de navidad eso se gana por ayudar denuncia falceda”.