Antes de amenazar el gobierno debe ver si funciona en seguridad, responde Bruno

*En las cárceles dejan salir de noche a los capos para matar, acusa el dirigente de la UPOEG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Antes de amenazar con cárcel a los grupos de autodefensa, el gobierno del estado debe revisar el funcionamiento de sus instituciones, como el sistema penitenciario donde autoridades protegen a capos que pueden salir por las noches de prisión a matar, denunció el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En respuesta al vocero gubernamental José Villanueva Manza-narez, quien advirtió de detenciones para los miembros del Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) si no se incorporan a la Policía Comunitaria o la Policía Rural,  Plácido Valerio consideró que antes de amenazarlos deberían revisar qué pasó con los 54 detenidos que entregaron a las autoridades y con las denuncias que hicieron de funcionarios públicos vinculados al crimen organizado.
En consulta en Chilpancingo, donde el dirigente buscó una reunión con el diputado del Partido del Trabajo, Jorge Salazar Marchán, recordó que quien rompió el diálogo con la UPOEG fueron las autoridades, tras el incidente con militares en El Pericón, en el municipio de Tecoanapa, hace cinco meses, cuando el SSC acusó a soldados de vínculos con la delincuencia.
Indicó que entonces hicieron una denuncia contra un mando militar ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que sus jefes se enteraran que estaba vinculado con el crimen, pero “interpretaron que nosotros estábamos contra el Ejército”.
Recordó que desde el surgimiento de la UPOEG hace tres años, su política ha sido de diálogo, que acudieron a todos los llamados de las autoridades, pero el 9 de agosto, en la última reunión en el Palacio de Gobierno, el gobierno lo rompió; “nosotros no estamos contra ningún tipo de gobierno”, enfatizó.
Sin embargo, señaló que son las autoridades las que están obligadas a buscar el diálogo, aunque dijo muchas veces la división de los pueblos viene de las esferas de gobierno.
Insistió en que si la SSC está contribuyendo para la paz con los ciudadanos, buscando una salida para reducir la delincuencia y la pobreza, las autoridades no deberían intimidarlos con cárcel.
“Lejos de amenazarnos y discriminarnos, este inicio de año deben revisar sus estructuras, a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con los tres niveles de gobierno, para ver si están funcionando o los Ceresos son utilizados para que los capos se protejan desde la cárcel y salgan en la noche a matar, o para que se generen muertos en las prisiones”, dijo.
Subrayó que ninguna ley señala como delincuente a quien se organiza por una vida mejor, por el desarrollo y la seguridad, y en cuanto al uso de las armas, indicó que son una herramienta porque los delincuentes no salen a hacer sus fechorías con una cruz.
Aclaró que ejidatarios y comuneros, según la ley de armas y fuego, tienen derecho a portar pistolas 22, escopetas 380 o 38 especial, y son las que usan los policías ciudadanos, porque la filosofía no es resolver los problemas por las armas, sino a enfrentar la violencia con la participación.
Aseguró que en automático dejarán las armas cuando el gobierno erradique la delincuencia, promoviendo el desarrollo de las comunidades, pues nunca le han pedido armas ni cañones.
Señaló que hace un año, en las asambleas para constituir las policías ciudadanas en Ayutla y Tecoanapa, había Policía Federal y militares observando la organización, y no se suscitó ningún incidente.
Sin embargo, consideró que los problemas persisten porque los funcionarios quieren resolver todo desde un escritorio, sin acercarse a la población.
Sobre la regulación de la SSC, indicó que aún están en la etapa de consenso para determinar si se incorporan a la Policía Rural, que aprobó el Congreso sin consulta a los pueblos, o a la ley 701, que reconoce a la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunita-rias (CRAC) como un sistema de seguridad y justicia.
Mientras tanto, recordó que no hay a la fecha un ningún detenido de la SSC por las acciones de vigilancia en las comunidades.
Aclaró que cinco o seis que fueron llevados a prisión fue por motivos diferentes a su operación y ya están en libertad bajo fianza.

Se queda Apaxtla sin policías; renuncian los últimos cinco ante la escalada de violencia

Ante la escalada de violencia en Apaxtla de Castrejón, el primero de este mes los últimos cinco policías preventivos que había en este municipio de la zona Norte renunciaron, y no hay seguridad municipal, informó ayer el director de Seguridad Pública, Heliodoro Ocampo Blas.
La renuncia de los preventivos municipales inició el 18 de julio tras un brote de violencia provocado por grupos delincuenciales que asesinaron, catearon casas y quemaron vehículos en la cabecera.
El 5 de febrero del año pasado en la población de Tepoxtepec, efectivos estatales fueron emboscados por un grupo de sicarios, los ejecutaron a nueve policías.
Ante la escalada de la violencia, asesinatos, secuestros y extorsiones, el 3 de noviembre surgió la guardia ciudadana Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), situación que según autoridades locales mermó la ola de violencia que ejercían grupos criminales que operan en la zona.
Se informó que tras la renuncia de los últimos cinco policías municipales, en el municipio opera la Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU), encabezada por efectivos estatales y militares.
Asimismo se informó que el gobierno perredista del alcalde Efraín Peña Damasio?abrió una convocatoria para reclutar agentes, los? cuales primeramente deben contra con la documentación solicitada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y después acreditar las evaluaciones, que esa misma dependencia aplica a los aspirantes. (Redacción / Iguala).