Advierte el MPG campaña contra dirigentes sociales tras filtración de un informe que los liga a la guerrilla

*La lucha de las organizaciones es pacífica y apegada a derecho, dice Ranferi Hernández. Quien violenta las garantías ciudadanas es el Estado, afirma y lo responsabiliza de la seguridad de los activistas. No comulga con la lucha a través de las armas, dice Bertoldo Martínez

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) denunciaron que hay una campaña de hostigamiento del Estado mexicano contra los dirigentes sociales luego que el diario Milenio difundió nombres de dirigentes magisteriales, sociales y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a quienes liga a la guerrilla con base en aparentes informes oficiales que le fueron filtrados.
En conferencia repudiaron el asesinato de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa este martes en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en Atoyac de Álvarez, y demandaron el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables materiales e intelectuales del ataque donde fueron heridos de gravedad tres alumnos más por un trailer que los atropelló.
La conferencia comenzó con la postura de la normal rural para denunciar un fondo político en la agresión a normalistas mientras realizaban una colecta y repartían volantes porque el gobierno del estado no escatimó en la campaña de odio contra los estudiantes de Ayotzinapa.
El MPG aclaró que desde el 2 de diciembre no ha tenido diálogo con las autoridades, pero que van a buscar reanudar la mesa de trabajo después de la marcha del viernes 17 de enero.
En esta jornada pugnarán por el cese a la represión en contra de las organizaciones sociales, de los normalistas, por la desmilitarización del estado, la libertad inmediata e incondicional de los representantes de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y todos los detenidos de la institución comunitaria.
De la publicación de Milenio que menciona a dirigentes magisteriales, sociales y luchadores de derechos humanos que participan en el MPG, (entre ellos algunos asesinados en 2013 como  Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino Mesino y Luis Olivarez Enriquez), el dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo condenó los señalamientos.
Responsabilizó al Estado mexicano de lo que pueda ocurrir al presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) Bertoldo Martínez Cruz, a quien se señala en la nota periodística de que tiene una “alta ideología marxista-leninista” y su trabajo es “exclusivamente a favor de personas y familias vinculadas a células del EPR”.
También de la seguridad del secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, que según esa información formó parte del EPR, salió de la clandestinidad y reapareció como defensor de derechos humanos en Chilapa.
Ranferi Hernández condenó todos los señalamientos y dijo que antes de hacer esta criminalización se deberían aportar pruebas.
El dirigente ratificó que la lucha de los activistas del MPG es pacífica y apegada a derecho y que quien violenta las garantías ciudadanas es el Estado.
Añadió que se observa una campaña intensa de criminalización a los movimientos sociales, no sólo contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que a nivel nacional encabeza la lucha contra las reformas estructurales del gobierno federal, mientras se promueven los “grandes” beneficios que generarán, pero que a la fecha sólo se ha traducido en aumentos de precios en los bienes y servicios, como el transporte foráneo que subió 16 por ciento.
Advirtió una política de endurecimiento en 2014 contra las organizaciones sociales que se sumaron al movimiento nacional, sobre todo de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
El coordinador del CCTI, Bertoldo Martínez dijo que el gobierno es responsable de la creación de los grupos guerilleros, pero aclaró que  no comulga con la lucha através de las armas.
El dirigente fue detenido por motín, sedición, rebelión, conspiración, ataques a las vías federales de comunicación y robo de vehículos cuando pedían justicia por la masacre de Aguas Blancas en 1995. Fue liberado luego de cuatro años porque no pudieron comprobarle vínculos con grupos subversivos.
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) Ramos Reyes Guerrero anunció que la organización magisterial se va a reunir en asamblea después de la reunión del 17 para definir un plan de acción de cara a este embate.
Aseguró que el magisterio democrático continuará la lucha que comenzó el 25 de febrero de 2013 contra la reforma educativa y ahora la hacendaria y la energética.
Estuvieron en la conferencia representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Colegio de Bachilleres (Sutcobach), de la CRAC de El Paraíso y del Frente Único de Representantes Sindicales Autónomos (FUERSA).