Desidia del gobierno facilitó los ataques en los penales de Iguala y Acapulco, señala la CNDH

*En el diagnóstico presentado en noviembre se alertó a las autoridades sobre el riesgo de hechos de ese tipo, dice el visitador Andrés Aguirre Aguilar. Hubo desinterés de las autoridades estatales para atender a la brevedad las recomendaciones, reprocha

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Andrés Aguirre Aguilar, dijo que el desinterés de las autoridades estatales para atender a la brevedad las recomendaciones del diagnóstico sobre los penales en el país, contribuyeron a los atentados del 3 y 6 de enero en las cárceles de Iguala y Acapulco, donde 13 personas fueron asesinadas y hubo varios lesionados.
En consulta telefónica sobre los ataques a internos y custodios por un comando externo en el penal de Iguala y en el área de enfermería en la prisión de Acapulco, el visitador consideró preocupante que, aunque la CNDH emitió las alertas, se hayan suscitado eventos previsibles con base en la información que se generó en el diagnóstico difundido el 19 de noviembre pasado.
Del diagnóstico indicó que se dio cuenta de la presencia de autogobiernos en varios penales del país, entre ellos el de Guerrero, y se notificó el 21 del mismo mes al gobierno del estado.
En dicho informe, indicó que señalaron las graves condiciones que se viven en los penales de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, como deficiencias en la separación de hombres y mujeres, en la supervisión por parte de los titulares, en la prevención para evitar  incidentes violentos, la escasez de elementos de seguridad y la presencia de autogobiernos a cargo de grupos de la delincuencia organizada.
Advirtió que la presencia de autogobiernos es una debilidad injustificable y preocupa porque se presentan este tipo de delitos (homicidios) que no deben ocurrir; “son sucesos que tienen que ver con un entorno estructural de tolerancia y corrupción en los centros penitenciarios, evidentemente es motivo de preocupación de la CNDH y uno de los objetivos del diagnóstico es precisamente ese, alertar a las autoridades, respecto a este tipo de riesgos”.
Además, señaló que una estructura burocrática donde hay extorsión, desatención e impunidad, se traduce a condiciones de riesgo y maltrato a gran parte de la población penitenciaria, que sin duda constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Aclaró que algunos gobiernos estatales enviaron comentarios con acciones que van a implementar, en respuesta al diagnóstico, pero del de Guerrero no ha recibido nada.
Sin embargo, consideró que el gobierno de Guerrero tiene que responder con acciones que tiendan a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, porque la privación de la libertad no cancela ningún derecho, a la educación, alimentación, salud, seguridad jurídica y a la legalidad.
Aclaró que la CNDH abrió expedientes por la incursión del grupo armado en Iguala y la muerte de tres prisioneros en la cárcel de Acapulco, pero aún no determina si van a tomar acciones en este sentido.
Señaló que el caso es de competencia local, pero preocupa que “aunque se hayan emitido alertas, se hayan generado eventos previsibles con base a la información que se genera en el propio diagnóstico”.
Precisó que el gobierno de las prisiones debe estar en manos de las autoridades determinadas para ello y no en el narco o de la delincuencia organizada.
En caso de que estas condiciones prevalezcan, dijo que habría responsabilidad para las autoridades responsables por inacción, por no salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, una obligación del Estado y de los estados de la República.
Adelantó que este año la CNDH va a presentar el diagnóstico de la situación penitenciaria en 2013 (el del 19  de noviembre corresponde a 2012) y ahí se dará cuenta de la situación prevaleciente.
Aseguró que el diagnóstico de 2012 fue exhaustivo, consistió en visitas a los espacios confinados, entrevistas y llenado de cuestionarios al director del penal, a 10 por ciento de los internos de las prisiones y a los responsables de las áreas técnicas.
“Es un instrumento cuya metodología está enfocada a preservar los derechos fundamentales,  agrupados en cinco grupos: condiciones de gobernabilidad, integridad física del interno, estancia digna, reinserción social”, entre otros requerimientos específicos que reúnen en 500 indicadores.
Precisó que este diagnóstico comenzó a elaborarse en 2007, pero a partir de la modificación a la ley de la CNDH el año pasado, el organismo tiene que elaborar un informe anual de los centros penitenciarios del país, a fin de contribuir al establecimiento de políticas públicas que permitan revertir los resultados del diagnóstico.
Sobre la violación al debido proceso de un amplio porcentaje de internos que tiene entre tres y cinco años esperando una sentencia, como denunció la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Aguilar Aguirre recordó que la CNDH también se ha pronunciado al respecto.
Aclaró que no pueden meterse en cuestiones jurisdiccionales, pero en lo que toca al debido proceso y a los derechos de los internos, han señalado grandes deficiencias en estos temas.