El gobierno de Aguirre debe atender la inseguridad y no eludir su responsabilidad, replica la CNDH

El gobierno de Aguirre debe atender la inseguridad y no eludir su responsabilidad, responde la CNDH

*Realizar “acciones sustantivas” y adoptar las propuestas formuladas, pide el organismo nacional ante la persistencia del abandono institucional. El informe se fundamenta en 400 entrevistas y testimonios y 58 visitas de trabajo a 64 municipios, explica el visitador Marat Paredes Las declaraciones del secretario Jesús Martínez Garnelo parten de una mala lectura del documento, replica

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó que el gobierno de Guerrero desacreditara el informe especial sobre los grupos de autodefensa y seguridad pública, que elaboró a partir de 400 entrevistas y testimonios, 52 solicitudes de información y 58 visitas de trabajo en 64 municipios del estado, el año pasado.
Informó que no ha recibido la respuesta oficial por parte del Gobierno, el Congreso y los municipios a los que se formularon diversas propuestas en el mismo.
En un comunicado de prensa, la CNDH afirma que observa que la realidad que dio origen a estos grupos, esto es, el abandono institucional y la inseguridad, no se ha transformado, “por lo que hace votos para que el gobierno estatal, en lugar de eludir su responsabilidad, atienda de manera eficaz las causas del surgimiento y tome acciones sustantivas, adoptando las propuestas formuladas por este organismo, para atender la problemática planteada en el Informe, a fin de que exista una transformación de la realidad, que garantice la seguridad pública y el ejercicio de los derechos de los guerrerenses”.
El segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes Montiel, consideró que las inconsistencias que señaló el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, son una mala lectura del documento que está abierto al público en la página web del organismo.
Martínez Garnelo dijo el martes que el informe es excesivo e infundado y que contiene “opiniones sesgadas y altamente cuestionables”.
En consulta telefónica, Paredes Montiel respondió que en lugar de cuestionar el informe el gobierno del estado debería preguntarse qué ha cambiado en cuanto a desarrollo y seguridad pública en las comunidades donde existen grupos de autodefensa, a un año de que el movimiento surgió debido a que el gobierno estatal y municipal no garantiza seguridad.
Precisó que la única intención del organismo, a partir de la evidencia recabada, es que se restablezca el Estado de derecho en la entidad, se garantice la seguridad y el desarrollo de las comunidades, sin que se le deleguen a los ciudadanos responsabilidades de las autoridades, ni asuman riesgos que no le son propios.
Indicó que la federación ha realizado transferencias multimillonarias para prevenir el delito, pero se nota que la incidencia delictiva va a la alza.
Por ejemplo, indicó que en los países incorporados a la OCDE el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 6.9, en México de 18, pero en Guerrero sube a 57 y en los municipios con autodefensas se incrementa a 76.9, según cifras oficiales de 2010 a 2012.
Además de la posición que el organismo emitió a través de un comunicado, Paredes Montiel consideró lamentables las opiniones presentadas a través de la prensa por el gobierno estatal, pues hasta ayer por la tarde no habían recibido una respuesta oficial del Ejecutivo, ni del Congreso del estado o los municipios a quienes también se le formularon diversas propuestas.
Como encargado de la investigación de las autodefensas, indicó que se hizo un trabajo exhaustivo de campo y documental, con médicos y psicólogos que los acompañaron a las entrevistas en las comunidades.
Dijo que esta situación permitió ver “una realidad muy difícil, de violencia, de dolor humano, que nos da cuenta de una situación de abandono institucional, y lo más preocupante es la colusión de las autoridades con la delincuencia, de la comisión de los delitos y la negativa de investigarlos”.
Esto dio origen a los grupos de autodefensa que la CNDH documentó en 6 mil páginas del expediente, explicó.
Sobre la presencia de autodefensas en 46 municipios, pero que el gobierno del estado sólo reconoce 35, señaló que el gobierno no hizo una lectura cuidadosa del documento, porque también menciona que el organismo dice que en Chilpancingo hay autodefensas, “y eso no es cierto”.
Insistió en que el documento es muy claro y se documentó la existencia de estos grupos en tantos municipios que debería preocupar a las autoridades y a la sociedad en general, porque son producto del abandono, la pobreza y la exclusión social.
Si bien la mayoría de las comunidades están incorporadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) o a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), recordó que hubo diferentes expresiones y de otras se negó su existencia pero volvieron a surgir porque no atendieron sus demandas, como es el caso de Apaxtla.
En Apaxta se conformó una policía ciudadana en noviembre con la anuencia del alcalde, que al final no se consolidó porque el gobierno estatal advirtió que iba a desaforar a los presidentes municipales que las promovieran.
Sobre los esfuerzos para reducir la inseguridad a través de la Operación Guerrero Seguro, que Martínez Garnelo dijo que fueron invisibilizados por la CNDH, Paredes Montiel aclaró que es una situación diferente, porque el Ejército y la Marina se encargan de asuntos del fuero federal.
Señaló que las víctimas del informe señalaron extorsiones y secuestros por delincuentes que actúa con la complacencia de autoridades, cuando es una obligación constitucional del gobierno del estado y de los municipios  garantizar su seguridad aun en la comunidad más alejada de Guerrero, y que no se está cumpliendo.
En cuanto al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que de acuerdo con Martínez Garnelo desconoció la CNDH, el visitador insistió en que las autodefensas son personas que no pertenecen a los pueblos originarios, pero quieren acceder a este sistema por la ineficacia del sistema de impartición de justicia estatal.
Recordó que los usos y costumbres y la justificación indígena está delimitada en el artículo segundo  constitucional y en el 169 de la OIT, que se refiere a la resolución de conflictos internos, pero como las autodefensas en 2013, la CRAC en 1995 se organizó por el abandono oficial y creó un sistema de justicia paralelo, donde realizan labores de policía, de Ministerio Público y son ejecutores de sentencias.
Reiteró que la Ley 701 reconoce legalmente a la CRAC, pero no establece una delimitación de sus competencias, ni la forma en que se debe articular con el sistema de justicia ordinario, y esta situación se presta a la mayor de las arbitrariedades del gobierno contra las personas que asumen que están actuando con el apoyo político y económico de las autoridades.
Precisó que la propuesta de la CNDH es que se armonice el sistema comunitario con el de seguridad y justicia de Estado, y que el gobierno de Guerrero se haga cargo de sus obligaciones, de garantizar seguridad publica aun en las localidades más aisladas.
De la advertencia de que a través de las autodefensas se pueden fomentar los grupos paramilitares, explicó que la CNDH vio un riesgo para quienes participan en los movimientos de autoprotección y para la sociedad en general, porque puede haber arbitrariedades contra civiles.
En este sentido, indicó que si hay violaciones a los derechos humanos por un poder fáctico no institucionalizado, “¿a quién se le va a responsabilizar, si estos grupos actúan actúan con la anuencia de las autoridades?”
Por esto, insistió en que la seguridad y la protección de la vida es una función esencial del Estado, que no debe delegar de una manera muy cómoda a los ciudadanos, porque quien asume los riesgos es la población organizada.
En cuanto a los desplazados por la violencia, principalmente de la Sierra, donde la CNDH registró más de 2 mil casos y el gobierno estatal sólo 537, Paredes añadió que la realidad la conocen y la viven los guerrerenses a diario.
Indicó que la CNDH esperará la respuesta formal de las autoridades del estado, porque el informe se sustentó en evidencias sólidas y su único interés es que el cumplimento de los derechos humanos sea una realidad.