Piden seguridad para Valentina e Inés tras confirmar que cuatro soldados están presos porque las violaron

*Es el turno del Poder Judicial de la Federación, que debe impartir justicia incorporando las perspectivas de género y etnicidad, plantea Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, confirmó ayer que cuatro militares fueron detenidos y están bajo proceso por los delitos de violación sexual, tortura y abuso de autoridad en agravio de las indígenas mixtecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Por este caso el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). Los integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’ phaa (OPIM), así como el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández fueron amenazados mediante un mensaje de texto.
Ayer Tlachinollan, en un comunicado dijo que la detención es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia.
En la misiva demandó a las autoridades que se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y sus representantes, “considerando los antecedentes de amenazas en contra de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña”.
Los militares procesados son: el cabo de infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra, presuntos agresores de Valentina Rosendo. El sargento segundo Hugo Humberto García León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, presuntos agresores de Inés Fernández, quienes habrían sido detenidos en diferentes fechas y lugares durante los últimos 3 meses del año pasado.
Tlachinollan, organismo que ha dado seguimiento al caso y ha acompañado legal y jurídicamente a Valentina Rosendo e Inés Fernández informó ayer que a partir del ejercicio de la acción penal realizado recientemente por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF), dictaron autos de formal prisión en contra de los cuatro militares; dos involucrados en los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú y dos por los crímenes perpetrados contra Inés Fernández Ortega.
El organismo adelanta que “a efecto de no obstaculizar los procesos y para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, no divulgará la información detallada de las respectivas causas penales”.
Comentó que los órganos jurisdiccionales civiles, competentes en el fuero federal, libraron las respectivas órdenes de aprehensión durante octubre del 2013, mismas que se ejercieron a finales de diciembre de ese año.
Informó, además, que los juzgados que quedaron a cargo de los procesos dictaron auto de formal prisión en contra de los cuatro soldados que hoy enfrentan, en prisión preventiva, acusaciones por los delitos de violación sexual, tortura y abuso de autoridad, entre otros.
Tlachinollan recordó que Valentina e Inés fueron víctimas de “graves violaciones” a los derechos humanos durante el 2002, cometidas por soldados del Ejército mexicano.
Agrega que aunque los hechos fueron denunciados ante las instancias competentes, ni Valentina Rosendo Cantú ni Inés Fernández Ortega accedieron a la justicia en México, “debido a que las investigaciones se condujeron sin perspectiva de género y en el ámbito militar”.
Eso motivó, recuerda el organismo, que Inés Fernández y Valentina Rosendo acudieran al Sistema Interamericano de justicia donde tras un largo proceso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el 2010 dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.
Dice que el Tribunal Regional ordenó que los hechos se investigarán en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, para que en su momento se ejercitaran las acciones penales correspondientes y se sancionara a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de ambas mujeres me’phaa.
El organismo añade en su documento que en cumplimiento de ese fallo, tras un largo proceso, los expedientes fueron remitidos a la Fevimtra en 2011, con lo que se contribuyó “de forma determinante a que se revirtiera la deficiente actuación del Ministerio Público Militar, de suerte que a finales del 2013 se ejercitó acción penal contra los integrantes del Ejército que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú identificaron como sus agresores”, confirma.
Agrega que este “paso decisivo en la búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a casi doce años de que ocurrieron los hechos habría sido inalcanzable sin la determinación de ambas mujeres me’phaa”.
Considera que “es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia”.
Añade que, ahora es es el turno del Poder Judicial de la Federación que sin menoscabo del más estricto respeto a los derechos de los procesados debe impartir justicia con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad.
Dice que  casos como los de ambas mujeres ponen a prueba el reconocimiento que recientemente brindó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues debe refrendarse en la actuación concreta de los juzgados federales que conocen de casos emblemáticos como los de Inés y Valentina.
Tlachinollan demanda que se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y sus representantes.
Considera indispensable que la opinión pública nacional e internacional continúe atenta al desarrollo de los juicios, que apenas inicia.
El llamado a las autoridades para que brinden seguridad a las dos mujeres indígenas y a quienes las representan, obedece a que el 18 de diciembre el secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez denunció nuevas amenazas de muerte en su contra, así como en contra de la presidenta de la organización, Obtilia Eugenio Manuel y del antropólogo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, a quienes acusan de haber mentido en el caso de la violación de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
El mensaje fue enviado al teléfono celular del secretario general de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, a las 15:30 horas de ese lunes y de ello el dirigente de la agrupación indígena responsabilizó a los militares y paramilitares que operan en la zona.
El mensaje dice: “Antrop Abel Barrera, Por qué voy a la cárcel, si no se cometió violación a nadie, le violó a Ines y Valentina es mentira de ella tiene que ver Obtilia supuesta es líder de la opim pero la ganancia que tiene a partir su madre una vez escapo por pinche policía hija pero esta vez ya no se escapa ya andamos cerca de obtilia no sirve mucho de su cerebro aque hacer algo de navidad eso se gana por ayudar denuncia falceda”.