El MPG prepara la lista de presos que serán incluidos en la ley de amnistía, dice Norma Mesino

*El 2 de diciembre el gobernador Ángel Aguirre objetó la inclusión de los integrantes de la CRAC porque dijo que están acusados de delitos federales, señala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, señaló que el acuerdo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para la creación de una ley de amnistía para presos políticos y una fiscalía especial para investigar los homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, es que cada organización se reúna con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para analizar caso por caso los nombres que se incluirían en dicha ley.
En entrevista por teléfono, Norma Mesino dijo que no se han podido sentar a discutir los casos porque se cancelaron dos reuniones previstas el mes pasado, después de la marcha del 2 de diciembre, cuando se instaló la mesa de trabajo con el gobernador Angel Aguirre Rivero en la Casa Guerrero, en la que se comprometió a no hacer más detenciones de luchadores sociales durante las negociaciones.
Reveló que, de acuerdo con las autoridades, los casos más difíciles de incluir en la amnistía son los de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque según el gobernador la mayoría fueron acusados por delitos del orden federal.
La dirigente de la OCSS recordó que como parte de las acciones del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) iban a llevar al gobernador el 16 de diciembre el proyecto de ley de amnistía, que se justifica con los índices de pobreza y en las agresiones a defensores que han documentado organismos de derechos internacionales.
Pero el 16 de diciembre cambiaron el lugar de la reunión de último momento, de Chilpancingo a Acapulco, y los hicieron esperar alrededor de tres horas y los representantes resolvieron retirarse.
También informó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan coadyuva en la investigación del homicidio de su hermana Rocío Mesino Mesino, ocurrido el 16 de octubre, pero tienen muchos otros casos de seguimiento, y por eso se pidió la creación de una fiscalía especial, que debe ser nombrada por el Congreso local, para los homicidios cometidos de 2011 a la fecha.
Entre los casos de la investigación, adelantó que se incluiría el de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, asesinados en la Autopista del Sol.
Precisó que la OCCS sólo tiene a una persona en prisión desde finales de 2012, Orlando Ávila Mesino, acusado de secuestro por el mismo proceso que encerraron por unos días a Rocío Mesino hace un año, pero sigue en prisión porque sus familiares no tienen para pagar al juez el dinero que pidió a cambio de su libertad.
Añadió que otro de los activistas, Armando Bello, tiene una orden de aprehensión en el mismo expediente donde aparecen Orlando Ávila y Rocío Mesino, por una revancha política porque los dirigentes de la organización no apoyaron al candidato del entonces presidente municipal de Atoyac.
Asimismo, informó que el sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, está detenido en Chilpancingo acusado de secuestro, entre otros que está enlistando el dirigente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz.
De acuerdo con la propuesta que entregarán al gobernador, el MPG pide al Ejecutivo que solicite al Congreso del estado la creación de una fiscalía especial para la investigación de los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados del año 2011 a la fecha, y de igual manera, mande una iniciativa de Ley de Amnistía para todos los dirigentes y activistas sociales que con motivo de su participación política en la exigencia de los derechos sociales, de justicia y libertad para los guerrerenses han sido judicializados.
Es decir, que se encuentran con averiguaciones previas, con órdenes de aprehensión, procesados y sentenciados, por diversos delitos del orden común o federal.
Para fundamentar la propuesta, indicaron que Guerrero es de los estados con los más bajos índices de desarrollo humano, y en estas condiciones de pobreza histórica “varias personas y organizaciones se ven obligadas a ejercer su derecho de manifestación, participación y asociación exigiendo a las autoridades el cumplimiento del derecho a una mejor educación, salud, vivienda y alimentación, así como más libertades y justicia”.
Pero la respuesta del gobierno es la represión a los movimientos, organizaciones, activistas y luchadores sociales desde los años 60.
En este marco, la propuesta considera que este gobierno debe privilegiar la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, “que permitiría un verdadero tránsito a una sociedad más tolerante, pluralista y democrática”.