Tratan como secuestradores a los comunitarios en la cárcel de Acapulco, se queja Tlachinollan

Pide el abogado Vidulfo Rosales imparcialidad e independencia al Tribunal Federal y que recomponga las irregularidades cometidas por la Procuraduría del estado

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trata como a una banda de secuestradores a seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso recluidos en el penal de Acapulco, a pesar de que actuaron bajo las normas de un sistema comunitario de seguridad y justicia amparados en la Ley 701, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Exhortó al Poder Judicial de la Federación a que corrija las irregularidades del proceso con el juicio de amparo que se va a ventilar el 27 de enero en el juzgado tercero de distrito en Acapulco.
En consulta telefónica sobre el proceso de los policías comunitarios que se encuentran bajo la causa penal 191/2013 en el juzgado cuarto de primera instancia en Acapulco, donde se les dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro, el abogado informó que en ese expediente fue señalado el asesor de la CRAC de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, quien fue enviado al penal de máxima seguridad de Almolonga en el Estado de México.
Aclaró que su defensa se lleva por separado porque Campos Herrera fue detenido en Chilpancingo el 2 de diciembre y los seis comunitarios fueron sacados de la Casa Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, el 21 de agosto.
Recordó que además de ellos hay tres detenidos más por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército en el bloqueo de Cruz Grande, cuando en una manifestación exigían la libertad de sus compañeros y fueron desarmados por militares.
Del caso de los seis, entre ellos el coordinador de esa Casa de Justicia de la CRAC, Bernardino García Francisco, Rosales Sierra informó que el 27 de enero se realizará la audiencia constitucional contra el auto de formal, donde se van a presentar los alegatos y las pruebas.
Dijo que a juicio de la defensa no se acreditan los delitos, principalmente el de secuestro, porque no hay ningún señalamiento contra ellos y confió que el juez resuelva de manera favorable para ellos.
Explicó que los comunitarios fueron detenidos en el ejercicio de la justicia comunitaria de la CRAC, nunca pidieron un rescate y tampoco detuvieron a las personas que los acusaron.
Indicó que en la Casa de Justicia tenían detenidas a personas que aprehendió la Policía Comunitaria de Olinalá porque son parte de un sistema de justicia comunitario, no una banda de secuestradores.
Convocó al juez de distrito a que, apegado a principios de imparcialidad e independencia, recomponga las irregularidades cometidas por la PGJE en el proceso, “no se puede seguir cometiendo más injusticias, sobre todo de Bernardino, una persona inminentemente indígena,  trabajadora del campo”.
Agregó que los seis comunitarios fueron acusados de portación de armas de uso exclusivo y secuestro en agravio de Pedro Gil Peraza y Katia Espinoso Bolaños, quienes fueron detenidos  por la CRAC de Olinalá al salir de un bar luego de que hirieron de bala a una persona.
Precisó que de la portación de armas fueron exonerados y adelantó que la sentencia del juicio de amparo sentará un precedente para la situación de Campos Herrera.
De los detenidos en Cruz Grande aclaró que su defensa está a cargo de un defensor público federal y Tlachinollan sólo coadyuva.