Urge la OPIM protección oficial para Inés Fernández y Valentina Rosendo ante posibles represalias

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, denunció ayer que el gobierno del estado y el federal no han cumplido con las medidas cautelares que pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como para los dirigentes de la organización y los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Además, manifestó que ninguna autoridad o el Centro Tlachinollan han informado a la organización de la detención de cuatro militares acusados por su presunta participación en la violación sexual de Valentina Rosendo e Inés Fernández, y que desconoce si ya notificaron a Valentina, pues cuando menos a Inés, quien pertenece a la OPIM, no le han notificado.
El dirigente de la OPIM dijo que de ser cierta la información, las dos mujeres y sus representantes se encuentran en riesgo por alguna acción de venganza de los militares, pues los gobiernos estatal y federal no están cumpliendo con las medidas cautelares que pidió la Corte Interamericana para ellos desde el 2009.
Además, recordó que han sufrido amenazas por parte de desconocidos, como la que recibieron el 19 de diciembre a través de un mensaje de celular que decía: “Antrop Abel Barrera, por qué voy a la cárcel, si no se cometió violación a nadie, le violó a Inés y Valentina es mentira de ella tiene que ver Obtilia supuesta es líder de la opim pero la ganancia que tiene a partir su madre una vez escapó por pinche policía hija pero esta vez ya no se escapa ya andamos cerca de obtilia no sirve mucho de su cerebro a que hacer algo de navidad eso se gana por ayudar denuncia falceda”.
Denunció que incluso han solicitado vehículos para el traslado de los dirigentes de la OPIM y de Inés Fernández, así como la autorización del acompañamiento de seguridad cuando tienen que salir de Ayutla, pero que no han tenido respuesta.
“Estamos indefensos ante esas amenazas, y hemos venido demandando que los gobiernos estatal y federal cumplan con esas medidas de seguridad que recomendó la Corte, pero no hemos tenido respuesta”, insistió el secretario de la OPIM.
Informó que por las amenazas que recibieron en diciembre pasado presentaron la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del estado, pero admitió que no se han presentado a ratificarla, por lo que desconoce cuál es el resultado.
Adelantó que ante el riesgo que corren por la detención de los cuatro militares acusados de la violación sexual de Valentina Rosendo e Inés Fernández, van a darle seguimiento en los próximos días.
Recordó que esta no es la única amenaza que han recibido, pues han sucedido desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos  emitió la sentencia contra el Estado mexicano por el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Dijo que también a partir de entonces han sufrido el hostigamiento del Ejército, como el allanamiento de soldados la noche del 6 de junio del 2012 y la presencia de militares afuera de sus oficinas el 3 de enero pasado, cuando llegaron preguntando por Obtilia Eugenio Manuel, la presidenta de la OPIM, y por el propio Cuauhtémoc Ramírez, con el argumento de que estaban indagando el allanamiento del 6 de junio.