Amenaza la minera Media Luna a dueños de terrenos en Cocula donde explota oro, denuncian

*Los representantes de la empresa están azuzando a los ejidatarios de El Balsas, “haciéndoles creer que les queremos quitar sus derechos”, acusa uno de los afectados Arturo Miranda Ramírez

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los representantes de la minera Media Luna, que están comenzando la explotación de oro en Cocula, hicieron una “amenaza velada” a los afectados que demandaron el reconocimiento de derechos como propietarios de parte de los terrenos en uso, denunció uno de ellos, Arturo Miranda Ramírez.
Aseguró que están azuzando a los ejidatarios de El Balsas “haciéndole creer que les queremos quitar sus derechos”, en este sentido, los directivos expresaron su preocupación por un posible enfrentamiento.
En consulta telefónica sobre la reunión que se realizó en Cuernavaca, luego del bloqueo al acceso de la mina de fundición el 5 de enero, explicó que los directivos expresaron su preocupación por un posible enfrentamiento entre los ejidatarios de El Balsas con los pequeños propietarios, si continuaba este conflicto.
Por lo anterior, acusó a la minera de todo atentado físico o moral a cualquier integrante de las familias afectadas, “pues no va a haber duda de que ellos son los responsables”.
No obstante, Miranda Ramírez informó que habrá otra reunión el próximo viernes para que les den una respuesta, luego que consulten su demanda con los propietarios de la empresa canadiense, para ver si llega a un acuerdo de reconocimiento y hablar de posibles indemnizaciones por daños y perjuicios. Señaló que a la fecha se han realizado grandes terraplenes que dañan las tierras.
Insistió en que los pequeños propietarios no están en contra de los ejidatarios de El Balsas, que acordaron la explotación de la presa con la minera en sus terrenos, pero van a exigir el reconocimiento de sus derechos y adelantó que podrían convocar a organizaciones sociales para bloquear carreteras si no obtienen una respuesta favorable.
El también funcionario universitario y luchador social informó que cuando se construyó la hidroeléctrica de El Caracol, el ejido de El Balsas básicamente quedó bajo el agua, sólo rescataron una pequeña franja fuera del nivel de la presa.
Recordó que después, en los límites del ejido, diez familias de la región se organizaron para adquirir mil 350 hectáreas de terrenos como propiedad privada, en una ladera al pie del cerro de El Limón, en una zona que desde la época de la Colonia se sabe que hay oro y plata, pero se abandonó porque la mina estaban muy profunda y no había tecnología para seguir con la explotación.
Actualmente, indicó que la empresa canadiense recibió una concesión para la explotación de minerales y comenzaron a promover a través de líderes y funcionarios, concretamente del Registro Agrario Nacional (RAN), el deslinde de tierras sin notificar a los dueños del lugar donde se asentó la minera.
Aseguró que “de manera perversa” entre 1996 y 1997, el RAN realizó un trámite de ampliación del ejido de El Balsas sobre sus terrenos, sin notificar a los afectados que heredaron los terreros de sus padres.
Para ratificarlo, indició que tienen escrituras de 1949, los terrenos están inscritos en el Registro Púbico de la Propiedad, y están al corriente del pago de sus impuestos.
Denunció que los funcionarios del RAN facilitaron el despojo de sus tierras, para ponerlas a nombre de ejidatarios que perdieron sus terrenos con la presa.
Añadió que hace tres años se enteraron que sus terrenos aparecen como propiedad ejidal para la explotación de yacimientos de oro, y comenzó un juicio agrario que lleva dos años en proceso.
Sin embargo, aseguró que este conflicto lo propició la minera que manipuló a ejidatarios de El Balsas, y que aparecen como los interlocutores de la tierra que están afectando.
El sábado, después de un bloqueo en la mina, se acordó la reunión en Cuernavaca, donde indicó que los representantes de la empresa se portaron de forma arrogante y prepotente, insinuando que tenían todo bajo control y que si se consideraban los dueños de los terrenos, que continuaran con el proceso legal.