El informe filtrado a Milenio, amenaza del Estado contra líderes señalados de guerrilleros, dice el CCTI

*Responde la organización a imputaciones que aparecen en informes oficiales de inteligencia citados por el diario

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) manifestó que el supuesto informe de inteligencia que se filtró al diario Milenio para señalar vínculos de dirigentes sociales y magisteriales de Guerrero con la guerrilla, es una amenaza a la integridad física y psicológica de los mencionados, y rechazó que esta organización esté relacionada con algún grupo subversivo, como señala la nota publicada días atrás.
A través de un comunicado, el CCTI se refirió a la información del 7 de enero, donde, entre otros, se señaló a Raymundo Sánchez Taboada, del CCTI, como un contacto de movimientos subversivos nacionales con el movimiento bolivariano revolucionario de Venezuela.
La asociación aclara que entre sus miembros no hay nadie con el nombre de “Raymundo Sánchez Taboada” pero que el coordinador de la organización en Guerrero es el médico Raymundo Díaz Taboada, y subraya que el trabajo del defensor se ha caracterizado por su profesionalismo, ética y desempeño abierto en el puerto de Acapulco.
Asimismo, aclara que el luchador social Bertoldo Martínez Cruz no es presidente del CCTI, como se menciona en la publicación, pero con él han documentado diversos ataques contra activistas  y su lucha por justicia como sobreviviente de tortura y encarcelamiento.
En el comunicado publicado en el portal de internet de la Red Nacional de Organismos Civiles y de Derechos Humanos, el CCTI se refiere a la nota titulada “Guerrilla mueve a grupos de autodefensa y maestros”, de Milenio, que cita informes de inteligencia del Estado mexicano, de los gobiernos federal y estatal.
La nota sostiene que los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad, el Movimiento Popular Guerrerense y las policías comunitarias, fueron asesorados por grupos guerrilleros o miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad.
Además, señala que “podrían estarse armando (algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada”, y acusa a varios defensores de derechos humanos y activistas de estar vinculados a la guerrilla, particularmente al EPR y al ERPI.
Ante esta situación, el CCTI rechazó tener cualquier vínculo o relación con organizaciones guerrilleras, tanto a nivel estatal y nacional, como dice la información.
Denuncia también que este tipo de informaciones son un ataque directo del Estado mexicano al trabajo que desde hace 10 años realiza la organización en la promoción y defensa de los derechos humanos dentro de Guerrero; asimismo, asegura que es una estrategia de terrorismo contra los defensores de derechos humanos y activistas sociales en todo el país.
Advirtió que estos ataques representan una amenaza a la integridad física y psicológica de las personas que aparecen en la publicación, entre ellos el ex dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Minervino Morán Hernández; el integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de justicia de El Paraíso, y sobreviviente de los hechos de El Charco, Bernardino García Francisco; el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos,  Manuel Olivares Hernández; el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Francisco Javier Monroy Hernández.
Asimismo, recrimina la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la CRAC-PC, y en especial del asesor del Sistema comunitario de Seguridad y Justicia, Valentín Hernández Chapa.
Advierte que Guerrero es la entidad con el mayor índice de violaciones a los derechos humanos, y que tan sólo en 2013 se dio el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en contra de activistas sociales, aproximadamente trece, y la mayoría fueron difamadas antes de ser ejecutadas.
En la nota de Milenio también se hizo alusión a dirigentes asesinados en el 2013: Arturo Hernández Cardona (31 de mayo), Raymundo Velázquez Flores (6 de agosto), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre) y José Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre).
En este contexto, el CCTI convoca a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentas a las que considera amenazas por parte del Estado mexicano en contra de cualquier defensor o defensora de derechos humanos, activistas y dirigentes de movimientos sociales que se manifiestan o expresan su protesta social.