Ante amenazas por los casos de Valentina e Inés, ofrece el gobierno seguridad a miembros de la OPIM

El gobierno del estado de Guerrero, determinó otorgar seguridad permanente a integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Mixtecos (OPIM), ante el temor de ser víctimas de represalias tras la detención de presuntos responsables de tortura y violencia sexual en contra de dos indígenas.
Lo anterior después de la detención y procesamiento de cuatro integrantes del Ejército acusados de tortura y violencia sexual contra las indígenas me’phaa, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que fueron aprehendidos por la justicia civil en cumplimiento de las dos sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en el 2010 en contra del Estado mexicano.
Por medio de un boletín las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública y Protección Civil, informaron que darán seguridad “permanente” a integrantes de la OPIM, después de que manifestaron su temor de ser víctimas de represalias “tras la detención de presuntos responsables”.
Esto después de una reunión privada donde estuvo la directora general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Fanny Ruth Lara Figueroa, ahí integrantes de la OPIM “precisaron que se encuentran radicando de manera temporal fuera del estado; sin embargo, aceptaron el ofrecimiento de parte del gobierno estatal”, se informa en el boletín.
Se informa que la SSP se coordinará con los integrantes de la organización “a fin de brindar las medidas de seguridad pertinentes, durante su estancia en el estado.
En el encuentro, también estuvieron el encargado de despacho de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), nombrado por el gobernador, Ramón Navarrete Magdaleno (aunque el Consejo Técnico del organismo nombró y reconoce a Hipólito Lugo Cortés).
También estuvo el secretario particular del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Gerardo Calderón Juárez; el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de justicia del Estado (PGJE), Víctor Jorge León Maldonado, y el asesor del procurador general de Justicia del Estado (PGJE), José Roberto Ríos Vázquez. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).