Lara Montellano cerró al escrutinio público la información de la Secretaría de Seguridad

Fernando Hernández

Chilpancingo

Durante el tiempo que el almirante Sergio Javier Lara Montellano estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPC), fueron clasificados como información reservada alrededor de 100 diferentes ?“asuntos temáticos”, lo que refuerza las críticas sobre la poca voluntad del gobierno del estado por transparentar sus procesos internos.
Lara Montellano presentó su renuncia el lunes pasado tras los hechos de violencia registrados en los penales de Iguala y Acapulco.
De acuerdo con el documento titulado “Información Reservada de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil”, el primero de los temas que fue blindado contra la transparencia y la rendición de cuentas fue la “Agenda del secretario”.
La motivación de esta reserva fue porque la dependencia considera que “pone en riesgo la vida y seguridad del titular así como del personal, y por ende puede menoscabar ?las estrategias de Seguridad Pública del Estado y al fuerza de que dispone para operar en determinadas ocasiones”.
El responsable de reservar esa información fue el capitán Alfonso Fabián González Belmonte, quien en el directorio de la secretaría funge todavía como secretario particular de Lara Montellano.
La secretaría también reservó lo relativo los juicios administrativos que se están llevando en contra de los funcionarios responsables de la seguridad pública, bajo el argumento de que “es información que está en proceso de resolución y que por ende no ha causado estado”, “por lo que su publicación ?puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación en cumplimiento de los lineamientos establecidos para el caso”, sostuvo en el documento el subdirector de Asuntos Jurisdiccionales, Edilberto Calderón Juárez, responsable de reservar los datos.
Edilberto Calderón también consideró como información reservada las quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable directa de las operaciones de la Policía Estatal interpuestas ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum).
De acuerdo con el listado también se colocaron bajo llave las recomendaciones que ha emitido en contra de la secretaría tanto la Codehum como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el listado también figuran como reservados los procedimientos administrativos que ha interpuesto en contra de la dependencia el Consejo de Honor y Justicia del Estado de Guerrero.
Los ciudadanos que traten de ejercer su derecho a la transparencia y a la información pública gubernamental tampoco podrán tener acceso a las auditorías realizadas a las distintas áreas de la dependencia que estén en proceso o que ya hayan concluido.
En este tenor se ha argumentado que “toda la documentación de trabajo así como los informes a partir del inicio hasta la entrega del Informe de Resultado es confidencial, lo que es definitivo”.

Las operaciones policiales, reservadas

Las operaciones de las corporaciones policiales también han sido clasificadas como reservadas, y el responsable de mantener el ocultamiento de este tipo de información ha sido Leonardo Octavio Vázquez, quien a la renuncia de Lara Montellano fue designado como encargado de despacho de la SSPC.
Todo lo relativo con la participación de los operativos conjuntos de vigilancia y los participantes, elementos, estrategias y puntos de operación se mantienen en secreto.
Bajo este tipo de clasificación también han quedado los “Expedientes de operativos de conjuntos” y el “Expediente de estado de fuerza”.
La secretaría reservó lo relativo a la relación del personal y la plantilla de los trabajadores de la dependencia. Y de la misma manera lo relacionado con la cantidad y tipo de armas que usan los agentes de la SSPPC.
La secretaría ha clasificado como reservado también los convenios de colaboración con los municipios y los informes relativos al avance de las obras de infraestructura física en los municipios.
Lo mismo sucede con toda la información que tiene que ver con el Sistema Penitenciario bajo el argumento de que “los datos correspondientes a las modificaciones proyectadas en el interior de los Centros de Reinserción Social, así como los proyectos de ampliación, cambio o mejoras de los mismos se consideran como información reservada por seguridad”.
Sobre el traslado de internos se argumenta en el documento que éstos” se realizan por mandato judicial o a determinación del Consejo Técnico Interdisciplinario, cuando éstos son por medidas de seguridad o acercamiento familiar, por lo que no puede darse a conocer el nombre, fecha y destino de los reos, con el propósito de evitar algún evento sorpresivo que pudiera terminar en rescate, principalmente de aquellos internos que por su grado de peligrosidad ponen en riesgo la estabilidad, tranquilidad y paz de los Centros de Reinserción Social”.