Tlachinollan

La Codehum es un patrimonio de la sociedad

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Ante el colapso de las instituciones, los gobernantes no tienen otra cosa qué hacer, que dedicarse a maquillar la realidad, a desmentir los informes y las investigaciones de las mismas instituciones de gobierno y de cualquier instancia internacional. Buscan burdamente recomponer, a nivel mediático, su imagen maltrecha. Para ellos, lo primordial es que los medios los halaguen y los coloquen en las primeras planas. Importan ellos, su ego, no la sociedad a la que sirven, ni la gente que exige ser escuchada y atendida. Tampoco son importantes quienes se manifiestan para reclamar derechos. Les desagrada mucho que quienes son víctimas de la violencia y los abusos de  las autoridades, públicamente los denuncien por  su indolencia, complicidad y falta de cumplimiento a sus compromisos.
Desde hace tiempo que los gobernantes y toda la burocracia dejaron de preocuparse por la población, sobre todo de los problemas básicos que enfrenta cotidianamente la gente pobre de la ciudad y del campo. Todos tienen sus agendas personales, de grupo o de sus corrientes políticas que se superponen a la agenda de la sociedad y a la agenda de los derechos de las personas y de los pueblos. No existe un político comprometido con los temas que más aquejan a la población. Lo que llegan a hacer con la gente es entregar dádivas y aparecer en inserciones pagadas de los diarios, para no bajar su raiting. Todo lo que hacen es en función de sus intereses políticos, y si retoman algún tema o asunto de coyuntura, es porque les dará visibilidad y tendrán la oportunidad de reivindicarse o “posicionarse” ante sus contrapartes, con quienes rivaliza.
En este estado donde impera el caos de la violencia y la inseguridad, no hay forma de obligar a las autoridades para que cumplan sus responsabilidades, para que respeten la ley, impongan el orden y se dejen de frivolidades. Sucede todo lo contrario. Donde supuestamente debe prevalecer una cultura democrática, los ciudadanos y ciudadanas enfrentamos un régimen despótico y caciquil, donde  la autoridad es intocable. Frente a la población, asume posturas autárquicas, es arrogante,  arbitraria y trivial para los asuntos estratégicos. Somete, persigue, acalla y denigra a  quienes hacen uso de sus libertades y se organizan para protegerse de los grupos de la delincuencia organizada que atentan contra su vida, su seguridad y su patrimonio.
No hay rumbo político, más bien somos rehenes de la improvisación, del denuesto, los manotazos, la propaganda fútil, los anuncios vacuos, las promesas incumplidas, los actos soterrados de precampañas políticas. Se esparce por todos lados la violencia imparable, nos consume como un mal endémico la corrupción y se enquista como un tumor maligno el crimen organizado dentro de las estructuras gubernamentales, por la colusión tan patente que hay con varias autoridades municipales y estatales.  Sin embargo, este estado de cosas es el estado natural de Guerrero: el caos de la violencia, la ingobernabilidad, la impunidad, la extorsión, los secuestros, los asesinatos, la pobreza, la persecución, la militarización, y en los palacios, la buena vida de la clase política vetusta.
Lo más patético es que no hay posibilidades de que cambie el escenario en lo que resta de la presente administración, más bien se percibe un desfondamiento de la vida pública y un ahondamiento de la polarización social. El ambiente se enrarece más por el avance incontenible del crimen organizado, que a su paso deja una estela de sangre donde no hay datos fiables que nos indiquen cuántas vidas se han perdido. La descomposición es atroz, es difícil que las luchas de los pueblos y organizaciones avancen dentro de los cauces legales y pacíficos, sin tener que toparse con el espectro siniestro de los que imponen la ley del fuego y que no permiten que la sociedad se organice y proteste, porque sienten que se atenta contra sus intereses fincados en las empresas del crimen.
Estamos inermes ante una clase política que no solo se muestra incapaz e insolente para protegernos de la delincuencia organizada, sino que ella misma con sus reformas estructurales, se abalanza de manera vandálica contra la misma población para legalizar el despojo y aliarse con la legión de saqueadores internacionales, los corporativos multinacionales, que con su gran poder se preparan para destruir el patrimonio nacional. La debilidad del Estado no solo se manifiesta  con la delincuencia organizada, que ha logrado expandirse e imponer su ley en los territorios que controla, sino que también es ante el poder depredador de las trasnacionales, que ahora con las leyes a su favor podrán someternos a su régimen de explotación capitalista.
Estos son los grandes problemas que como sociedad enfrentamos; la debilidad y sumisión de un gobierno a los dictados del capital trasnacional y de las fuerzas del crimen organizado, que al final del túnel coinciden en la visión ruin y crasa de obtener en el corto plazo altas tasas de ganancia. Este alineamiento a los dictados de la OCDE y la sumisión a las grandes oligarquías financieras acompaña a las formas rudimentarias del poder gangsteril que pisotea derechos, amedrenta y castiga a los que se rebelan.  Los feudos políticos controlados por los gobernadores y los grupos caciquiles siguen siendo los espacios donde todavía tienen el control de los recursos públicos, las instituciones y todo el aparato represivo.
No es casual que en nuestro estado las autoridades se sientan intocables y todopoderosas. Por ello, sin ningún rubor desatendieron la primera recomendación especial que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con motivo de los asesinatos de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de un trabajador de la gasolinería, acaecidos el 12 de diciembre de 2011. Recientemente el secretario de Gobierno salió en defensa del gobernador y no de las víctimas de la violencia, para descalificar el informe que emitió la CNDH sobre las llamadas autodefensas. No le dio ningún crédito a la investigación que por varios meses realizó la Comisión y que a partir del testimonio de decenas de víctimas, fundamentó su análisis y sus recomendaciones.
Cuando las autoridades pierden como marco referencial a la sociedad a la que se deben, sus actuaciones se extravían y causan más daños a la población que se siente agraviada. Más allá de que algunos datos fueran cuestionables, lo que más enfatiza la CNDH es la desatención de las autoridades ante las demandas de seguridad, su omisión para escuchar a la ciudadanía y sobre todo, su inacción para revertir esta situación tan oprobiosa.
Las respuestas han sido ineficaces e insuficientes para revertir la violencia e inseguridad que impera en el estado. No importan en esta defensa a ultranza el dolor de las víctimas, sus testimonios, los múltiples asesinatos y la impunidad galopante. No hay parangón entre defender a un gobernador, por el simple hecho de ser su jefe político y  desacreditar un informe que plantea problemas de fondo en el tema de la inseguridad, que muestra que las autoridades no han atendido ni resuelto, y que más bien el resultado ha sido el incremento de la violencia y los delitos de alto impacto. No solo eso es cuestionable, sino el hecho de que haya actuado con un doble discurso y una acción malévola; de apoyar a los grupos de autodefensa y de  la policía comunitaria y después perseguirlos y encarcelarlos, claudicando en la tarea imprescindible e indelegable de garantizar seguridad.
Una situación parecida está sucediendo en el caso de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum). La intromisión del gobernador en el nombramiento del presidente interino de la Comisión es una acción que atenta contra la autonomía de un organismo que tiene como misión velar por la vigencia y protección de los derechos humanos de las y los guerrerenses. Una manera de seguir socavando las pocas instituciones generadoras de ciudadanía, es no respetar los órganos internos y avasallar al Consejo Técnico que goza de autonomía y vela por el respeto a la institucionalidad de la Codehum. Es lamentable presenciar una disputa por el control del organismo público de derechos humanos con intereses aviesos. Dejan mucho que decir estas actuaciones que están circunscritas a cuestiones meramente de poder, de someter a intereses de grupos políticos una institución que pertenece a la sociedad en su conjunto.
Qué bueno fuera que estas pugnas por el control de la Codehum se dieran para salir en defensa de las víctimas; para cumplir cabalmente con todas las recomendaciones que emite el organismo; para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población agraviada, para castigar a los responsables y para combatir de fondo la corrupción y la impunidad.
La vacuidad del poder no solo ha hecho naufragar a una sociedad que no se siente representada ni protegida, sino que se empeña en derruir a una institución que se ha fortalecido por la lucha incansable de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Es la sociedad guerrerense la que ha fortificado esta institución. La Codehum ha crecido porque se ha ganado la confianza de vastos sectores de la población. Es por lo mismo, un patrimonio de la sociedad guerrerense y no un espacio de disputas políticas o de cotos de poder. No podemos permitir que este vacío institucional que se ha extendido en la esfera gubernamental y esa actitud indolente y nada comprometida con las víctimas por parte de las autoridades, deje a la Codehum en manos de autoridades que no guardan ningún respeto por los derechos humanos ni por los organismos públicos que los promueven y defienden.