Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Más allá de la renuncia de Lara Montellano

*La campaña de Aguirre contra la Codehum

Las matanzas en los penales de Iguala y Acapulco son evidencias incontrovertibles de la desenfrenada violencia que carcome al estado, y la renuncia de Sergio Lara Montellano a la Secretaría de Seguridad Pública y la intromisión del gobernador Angel Aguirre Rivero en la vida interna de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos son síntomas de la descomposición que avanza incontenible en el gobierno del estado. Y todo es parte de lo mismo.
Hasta ahora se ha alentado y dejado correr la versión de que la dimisión de Lara Montellano es un reconocimiento al fracaso de su gestión en la SSP, pero esa explicación es insuficiente y probablemente falsa. Podemos conjeturar que el gobernador Ángel Aguirre no le pidió la renuncia a Lara Montellano, por la simple razón de que no se hubiera atrevido a hacerlo y correr el riesgo de ofender con ello a la Marina, el cuerpo al que pertenece el ex funcionario y ante el cual el gobernador suele mostrarse más que solícito.
Además de la desazón personal que a cualquier funcionario honrado le pueden provocar los 13 asesinatos que arrojó la violencia en ambos penales, es más probable y verosímil que el almirante Lara Montellano se haya retirado del gobierno por lo que vio en sus entrañas y supo a lo largo de los siete meses que duró su encargo, y presionado por la impotencia de quien se sabe impedido de cambiar las cosas. No puede olvidarse que en septiembre pasado, en un encuentro con los diputados locales, Lara Montellano expuso con inusual franqueza lo terrible de la situación que atraviesa el estado en materia de seguridad pública. Dijo entonces con todas sus letras que el gobierno del estado está rebasado por el crimen y que hasta el teléfono 066 para denunciar delitos estaba penetrado por la delincuencia y que a consecuencia de eso los denunciantes resultaban perseguidos. Ni entonces ni después pusieron interés los diputados en esas palabras, quizás porque en un acto inusitado lo que Lara Montellano hizo fue denunciar al gobierno mismo al que pertenecía, por lo cual en otras circunstancias (o si se hubiera tratado de otro funcionario) habría sido cesado de inmediato sin contemplaciones. Una vez publicada esa información en este diario, el almirante no la desmintió, corrigió o precisó, sin duda porque no había nada que desmentir ni corregir.
El mensaje de Lara Montellano en el Congreso del estado adquiere nuevo sentido ahora y ofrece indicios de que se hallaba incómodo en la administración de Aguirre Rivero, seguramente también preocupado porque su trayectoria profesional era arrastrada hacia el pantano gubernamental. Su renuncia se parece a la de Florentino Cruz, quien inmovilizado por el grupo compacto que rodea al gobernador, optó por abandonar la Secretaría de Gobierno apenas un mes después de haber sido designado. Florentino Cruz no ha explicado públicamente los motivos de su renuncia, y tampoco lo hará el almirante Lara Montellano, pero en ambos casos las evidencias y datos apuntan a que sus renuncias son un deslinde del gobierno de Aguirre, no un cese.
Se equivocan los dirigentes de partidos y los políticos que han aplaudido la salida de Lara Montellano. No saben qué aplauden. No porque no tenga responsabilidad en los ataques ocurridos en las prisiones, sino porque esos ataques son acontecimientos incubados en el patrón de negligencia, corrupción, complicidad e impunidad que caracteriza al gobierno de Aguirre, que estaba allí antes de Lara Montellano y por lo visto allí seguirá. El problema, pues, no era Lara Montellano.
Quien no parece querer poner fin a ese patrón de desgobierno, es el propio gobernador. Ha dado pruebas de ello al arremeter contra el movimiento social con más fiereza de la que se observa en la estrategia contra el narcotráfico, y su actitud se resume con toda claridad en la campaña que abrió contra la Codehum después de que el encargado de ese organismo, Hipólito Lugo Cortés, declaró que las cárceles de Guerrero son universidades del crimen, a propósito de lo sucedido en las de Iguala y Acapulco. Es una crítica que el propio Aguirre debe haber formulado decenas de veces como candidato, pero a la que ya como gobernador reaccionó con una intolerancia desmesurada. Todo mundo sabe que en efecto las prisiones de todo México son escuelas para los criminales, y Lugo Cortés no hizo sino retomar la sabiduría popular para describir un problema que debe ser resuelto.
Pero como si hubiera sido una declaración contra templos de rectitud y moralidad, Aguirre se ofendió (o se hizo el ofendido) y desató su ira contra el organismo defensor de los derechos humanos. Pretendió inhabilitar al presidente interino, pasó por encima del Consejo Técnico y nombró a Ramón Navarrete. El gobierno dice que sí, pero lo cierto es que el gobernador carece de facultades legales para proceder de esa manera. Y aun si las tuviera, no existe justificación para que el gobernador interviniera en un asunto que por ley y en el espíritu de su autonomía compete al Consejo Técnico y que éste había resuelto debidamente al nombrar al primer visitador Lugo Cortés tras la muerte del ombudsman Juan Alarcón Hernández.
Aguirre se metió con la Codehum por el coraje que le provocó leer las declaraciones de Hipólito Lugo, y no le importó poner en riesgo la independencia que al organismo le resulta vital por la naturaleza de sus funciones. Quizás porque no hay problemas en el estado, el gobernador creó un conflicto allí donde no lo había. Se puso y puso a la Codehum en una disyuntiva complicada, pues evidentemente el Consejo Técnico no puede convalidar el nombramiento hecho por el gobernador a favor de Navarrete, pues eso equivaldría a sepultar la esencia de la institución. Navarrete mismo cercenó toda posibilidad de que el Consejo Técnico optara por respaldar su designación, al declarar que el gobernador no incurre en una intromisión. Se volvió vocero de Aguirre. ¿Qué futuro podría esperarle a la Codehum con él como presidente?

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