Recibirán reparación del daño 275 familiares de víctimas de la guerra sucia en Atoyac

*Acusa el hermano de Lucio Cabañas Barrientos a la Comisión de la Verdad y a la CNDH de no tomarlos en cuenta

Francisco Magaña

Atoyac

Este año, 275 familiares de víctimas de la guerra sucia del municipio de Atoyac recibirá la reparación integral del daño por parte del gobierno federal, después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los recomendó en un dictamen.
Lo anterior lo dio a conocer Ricardo Sánchez del Pozo, director de la Unidad de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, durante el encuentro que celebró la Comisión de la Verdad entre autoridades federales y familiares de los desaparecidos de la llamada guerra sucia, en el salón de restaurante México.
Ahí se dieron cita más de 200 familiares de desaparecidos encabezados por los integrantes de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz, Nicomedes Fuentes García, Pilar Noriega García, Hilda Navarrete Gorjón, Arquímedes Morales Carranza y los dirigentes de los diversos comités de familiares.
Estuvieron presentes Tita Radilla de la Afadem; Enrique Acosta Gómez, del Comité representativo de Víctimas y Ofendidos de la Guerra Sucia; Eleazar Peralta Santiago del Comité  Auténtico de Familiares de Desaparecidos de 1974 Guerra Sucia; familiares de Lucio Cabañas, Pablo Cabañas y la hija del guerrillero Micaela Cabañas Ayala, así como un grupo de familiares del municipio de Tecpan.
El funcionario federal dijo que el pago de la reparación integral del daño será a través de un fideicomiso pero no precisó la cantidad.
Reseñó que ya se comenzó a trabajar con la credencialización para acceder a los servicios de salud que forma parte del proceso integral que también incluye educación, desarrollo social y la memoria histórica que especifica que un edificio o calle debe de llevar el nombre de la víctima como premisa para que no se olvide el hecho y no se vuelva a repetir.
Aclaró que los familiares que no aparecieron en la recomendación de la CNDH se deberán acreditar en el Programa de Atención a Víctimas del Delito, por lo que los exhortó a que se asesoren y se acerquen para recibir asistencia.
El reconocimiento de las víctimas fue el tema central de la reunión de los familiares, quienes dijeron que aún cuando no son parte de un proceso jurídico se les reconoce como tales en la Ley General de Víctimas, señaló la activista Eliana García Laguna, quien durante su intervención pidió un aplauso para el luchador Octaviano Santiago Dionisio.
García Laguna reseñó que el primer desparecido que se denunció en Guerrero fue una persona de nombre Epifanio en 1969.
Precisó que los familiares tienen derecho a la reparación del daño porque la nueva ley especifica que es para todos y no hay prescripción, ya que no se habla de ningún periodo.
Lamentó que las autoridades ejecuten una violencia criminal al dejar que vayan muriendo los familiares, quienes tienen derecho a saber qué paso con sus familiares “porque no fue un daño colateral fue un proyecto de vida truncado, tienen derecho a la verdad y la justicia”.
El hermano de Lucio Cabañas Barrientos, Pablo Cabañas, recriminó que la Comisión de la Verdad no ha considerado a la familia del guerrillero y que fue gracias a ellos que llegó la CNDH a Guerrero después que denunciaron.
Dijo que no han sido tomados en cuenta por la Comverdad ni por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que muchos no tienen trabajo y tienen a sus madres enfermas y otras ya fallecieron.
Ante la queja Nicomedes Fuentes García de la Comverdad aclaró que en ningún momento se les ha minimizado, “por el contrario, localizamos sus domicilios y fuimos hasta el DF donde les tomamos su declaración, no pueden decir que no se les ha atendido”.
En su intervención, el presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz señaló que el Estado mexicano, tiene una deuda con las víctimas de la guerra sucia y tiene una obligación de buscar que este daño moral, económico, no regrese, y “tenemos que buscar un camino que se integre en el marco de la ley”.
“Es importante que se cree una instancia específica para la atención de los familiares y que sea cuidadoso, pero este diálogo que sea fructificó entre familias y gobierno”.
Reseñó que ha habido justicia a la fecha en este fenómeno que derivó de un levantamiento armado donde muchas de las víctimas no pertenecían al movimiento y fueron detenidas, desaparecidas o torturadas por el solo hecho ser pariente o vivir en la zona en que fue el conflicto, donde muchos pueblos enteros como El Quemado, San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, La Remonta y La Peineta, este último desapareció a raíz de la represión.
Enrique Acosta dijo que los no acreditados como víctimas es un tema que se debe de tratar en mesas de trabajo, pese a que son víctimas los familiares, “el gobierno quiere un papel por escrito y es por eso que muchos no entraron en la recomendación de la CNDH además que el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado es oscuro, porque muchos declararon y pasaron a la PGR y no se sabe nada de esas quejas que sólo fueron archivadas.
La dirigente del frente Ciudadano Atoyaquense, Estela Arroyo Castro, exigió al gobierno que les digan a los familiares qué hicieron con sus parientes.
Dijo que “queremos saber en dónde están, si están vivos o muertos, queremos respuesta y resultado de parte de la Comisión de la Verdad, y como familiares estamos divididos porque se han formado cuatro grupos”, así que exhortó a todas las víctimas de la guerra Sucia a que se unan y exigir juntos resultados.