María Luisa Garfias

El poder y los derechos humanos

¿Por qué un gobernante y su partido, que se dicen  respetuosos de los derechos humanos y que tienen el poder en la mayoría de los ayuntamientos hasta la fecha no han promovido que los cabildos de esos gobiernos aprueben  la reforma a la constitucional local en materia de derechos humanos?
Estas y otras más son preguntas que una se hace en torno a la polémica generada en estos días, en relación al nombramiento hecho por el ejecutivo del coordinador regional en Acapulco de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, quien por cierto como Ángel Aguirre Rivero es originario de Ometepec y  de la familia Navarrete,  amigos desde hace muchos años si es que no son parientes.
Aquí el problema no es el coordinador regional de Acapulco como tal, o si es familiar o amigo del gobernador, lo que está ocasionando la reacción de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y de la sociedad en general, es la intromisión del Ejecutivo en el órgano institucional protector de los derechos humanos, violando su autonomía establecida en su ley y en su reglamento interno, que establece claramente en su artículo 48 que durante las ausencias temporales del Presidente, de hasta dos meses, será sustituido interinamente por el Visitador y, en ausencia de éste  por el Secretario Técnico; de la misma forma se procederá en los casos de destitución o renuncia, hasta nueva designación. Aquí mismo establece, que en las ausencias mayores al plazo anterior, el Consejo Técnico acordará quién será el sustituto, y en el caso de la Codehum, este órgano ya acordó el 19 de diciembre pasado que sería el Visitador Hipólito Lugo Cortés el encargado del organismo. El gobernador ya tenía conocimiento de lo anterior, al igual que el Congreso del Estado, porque ambos recibieron el mismo día del acuerdo las notificaciones correspondientes, y no tenían porqué los integrantes del Consejo Técnico pedirles permiso o coordinarse con ellos, como lo demanda el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega, olvidando que estos no son empleados de gobierno, son un consejo ciudadano con facultades propias señaladas en la ley.
Es más, la autonomía de la Codehum, y de los 32 órganos defensores de derechos humanos del país, ha quedado establecida por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la reforma del 10 de junio del 2011, misma que establece que la elección del titular de la presidencia se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, dándoles a los estados un año a partir de la vigencia del decreto de dicha reforma para homologar sus leyes y es la fecha que en Guerrero aún quedan 78 ayuntamientos que sus cabildos no  han aprobado la reforma a la Constitución Política local.
Se desconoce qué ha detenido a  los ayuntamientos, si quienes las presiden pertenecen mayoritariamente al PRD, o porque los presidentes municipales del PRI le han hecho el vacío. Yo diría entonces que, aunque señalen lo contrario, la clase política carece de una cultura de  protección  los derechos humanos, y esto lo señalo porque la autonomía y la libertad para elegir al presidente de la Codehum permite cierta garantía de que las actuaciones de este órgano se realizarán con independencia de cualquier poder público. Aunque claro, siempre puede quedar algún resquicio para que los partidos políticos o el gobernante en turno quieran decidir, buscando que su poder llegue hasta este órgano de derechos humanos.
Creo que el gobernador y sus asesores deberán analizar el estado que guardan los derechos humanos en nuestra entidad y enfocarse a impulsar la construcción de una cultura de los derechos humanos,  porque seguimos ocupando los primeros lugares en violaciones y atropellos de las autoridades a las garantías de los ciudadanos. Casos como el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos,  amenazas por el trabajo que realizan, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos de las mujeres, así como la criminalización de la lucha social son muestras de ello.
Creo, por lo tanto, que el gobernador  deberá retroceder ante lo hecho, porque lo único que está haciendo es ahondar la crisis de derechos humanos que vive nuestra entidad. Los partidos políticos tienen hoy una tarea: convencer a los presidentes de los cabildos a cumplir con los derechos de los guerrerenses, aprobando ya la reforma constitucional.