Culpa el policía Rey David Cortés a la CNDH de su encarcelamiento acusado del asesinato de normalistas

*El organismo convenció a testigos para inculparlo, asegura el agente ministerial. Para confirmar que no disparó contra los estudiantes, el exonerado señala que cuando le tomaron la foto en posición de tiro, tenía apuntado a poca distancia a Gerardo Torres, pero no lo hirió

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El policía ministerial Rey David Cortés Flores reconoció que tuvo en la mira al normalista torturado, Gerardo Torres Pérez, durante la protesta de estudiantes en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, en una conferencia para informar que va a demandar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, porque convenció a testigos para inculparlo.
Para confirmar que no disparó contra los estudiantes, el policía exonerado por la muerte de dos estudiantes en el desalojo a balazos en la Autopista del Sol, señaló que cuando le tomaron la foto en posición de tiro, frente a la tienda Liverpool (de las más difundidas, donde aparece con una playera con granjas verdes y blancas) “tenía apuntado a Gerardo, el famoso del cuerno de chivo”.
Es decir, al estudiante que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quiso incriminar como responsable de la muerte de sus compañeros, luego de obligarlo a disparar un cuerno de chivo fuera de la ciudad, someterlo a tratos crueles y degradantes, hasta que fue ubicado por defensores de derechos humanos de Tlachinollan.
El policía indicó que el joven estaba a pocos metros de distancia, “como de aquí a la esquina de esta oficina, y me estaba lanzando piedras. No soy tirador experto, pero a esa distancia quien sea, estoy seguro que va a lesionar, aún cuando andaba tapado; él reconoce que él es, y no está lesionado con arma de fuego”.
Anunció que va a demandar reparación de daños y una disculpa pública de la CNDH, aunque no precisó ante qué instancia, pero adelantó que podría ser en la Procuraduría General de la República (PGR) o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También dijo que va a pedir a la PGR que reabra el caso Ayotzinapa y que inicie una nueva investigación contra los funcionarios federales que se ensañaron en su contra, entre ellos, el ex procurador Genaro García Luna.
Recordó que fue absuelto en el Juzgado Primero de Distrito de Los Bravo, en el estado, mediante un amparo, y cuando el caso fue atraído por la federación, su familia solicitó una revisión del proceso, fue puesto en libertad sin cargos y reinstalado en su puesto, con el pago de los salarios caídos, aunque a la fecha tiene un permiso de incapacidad por enfermedad. Añadió que no piensa volver al servicio.
Entre las pruebas que obran en el expediente a su favor, afirmó que un alumno, de cuatro que atestiguaron en su contra, fue el único que se presentó en el proceso, y declaró que había sido aleccionado por gente externa a la comunidad estudiantil, pero no los identificó. “Supongo que eran de la CNDH”, añadió.
Insistió en que él no fue responsable de la muerte de los normalistas, porque como se observa en la fotografía difundida, en el lugar donde él se ubicó “hacia escuadra, siempre lo dije”, no estaba en línea hacia los jóvenes asesinados.
De los videos y fotografías de esa fecha, Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas fueron captados en posición de tiro hacia los estudiantes que se manifestaban en la Autopista del Sol, y fueron los únicos señalados como responsables de la muerte a balazos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En este sentido, también denunció que cuando estaba en prisión, el papá de Alexis, Jorge Herrera, lo amenazó a través de su hermano cuando lo vio en las calles de Atoyac, de donde son originarios, con los medios que recibió de indemnización.
Aunque deslindó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de las irregularidades de su proceso, porque sólo lo puso a disposición de la autoridad competente, mientras que la federación no respetó el arraigo de la investigación y lo consignó a prisión.
Insistió en que desde la CNDH “emitieron unas pruebas de sus supuestas investigaciones”, para incriminarlo a él y a su compañero, “y que quien acusa tiene la obligación de probar”.
Pero el informe especial del organismo, sobre las graves violaciones a los derechos humanos del 12 de diciembre, sólo refiere que el 13 de febrero de 2012 se levantó el arraigo a 10 personas investigadas, y el 26 de enero del mismo año se ejercitó acción penal en contra de dos policías ministeriales, por el delito de homicidio calificado en agravio de los estudiantes.
Aclaró que no fueron lastimados durante el año y dos meses que estuvieron en el reclusorio de Chilpancingo, ni en el arraigo en la SIEDO; incluso, señaló que en la PGR les dijeron que sabían que eran inocentes y nadie los va a tocar.
Cuando se le cuestionó porqué esperó ocho meses para hacer este anunció, precisamente cuando el gobierno del estado desacreditó las investigaciones de la CNDH sobre las autodefensas y seguridad pública en Guerrero, argumentó que quiso estar un tiempo con su  familia, antes de buscar “con la familia y amigos” una reinvidicación.
En la conferencia estuvo acompañado, a mediana distancia, de la jefa de prensa de la PGJE.
Sobre el desalojo a balazos, insistió en que cuando llegó al lugar los estudiantes ya habían sido asesinados, y salieron de la PGJE corriendo rumbo a la autopista, porque se decía que había dos muertos, que pensaron que era un policía, y además una explosión.
Aseguró que cuando asesinaron a los estudiantes, “sus compañeros se enardecieron más –de ahí me vine–, póngale que estuvieron otros 20 y 30 minutos”, en la carretera.
De su servicio, indicó que desde los 18 años es policía, comenzó como auxiliar cuidando estacionamientos, llegó a la Policía Estatal; luego llegó a la extinta Policía Judicial, ahora Ministerial, y desde los 21 años ha tenido personal a su mando, “cuando eramos más de 2 mil elementos, ahora somos menos de mil”, aseguró.