Notifica el juez que se le dictó auto de formal prisión al chofer que atropelló a los normalistas

*El abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón explica que en el delito se incluye el agravante del artículo 112 del Código Penal, que indica que el homicidio y las lesiones son delitos que no tienen derecho a fianza

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego de una manifestación en la capital, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto López Celis, notificó a la comunidad estudiantil y a padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa, que por la tarde se dictó auto de formal prisión por homicidio y lesiones imprudenciales al chofer Bejamín Torres Salado, quien arrolló a los alumnos de esa escuela en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Atoyac.
Al salir de la reunión con López Celis, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos, explicó que en el delito se incluye el agravante del artículo 112 del Código Penal, que indica que por el homicidio y las lesiones no tienen derecho a libertad bajo fianza.
Explicó que en el encuentro con el magistrado, los padres de familia cuestionaron por qué en el delito se incluyó la palabra “imprudencial”, pero aclaró que se trata de un formulismo, pues el contenido del pliego de consignación se enmarca en el artículo 70 del Código Penal, que señala como delito grave el homicidio y las lesiones agravadas. Indicó que en la doctrina judicial, la culpa y la imprudencia son términos similares.
Momentos antes de las 7 de la noche, cuando venció el plazo constitucional de 144 horas para que la defensa de Torres Salado presentará pruebas de descargo, unos 300 estudiantes y padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa, se manifestaron en Chilpancingo y alrededor de las instalaciones del TSJE, para exigir certeza en su resolución.
El presidente del Comité Estudiantil, Guillermo Hernández Castro, informó que conociendo la ineficacia del sistema de seguridad y procuración de justicia, “no podían fiarse” de las autoridades.
Demandaron al Poder Judicial que este caso no quede en la impunidad, como hasta la fecha sigue el desalojo violento de normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2012, donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Indicó que además de la marcha en la capital, de la avenida Juárez a las oficinas del TSJE, en el Zócalo de la ciudad, otro bloque de manifestantes protestaron en los juzgados del penal en Tecpan, para exigir el cumplimiento de la ley.
Luego de una reunión entre una comisión de alumnos, padres de familia y su abogado, por alrededor de media hora, Ramos Gallegos informó que el juez emitió el auto de formal prisión a las 6 de la tarde, por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales, con el agravante del artículo 112 del Código Penal, que indica que no tiene derecho a fianza.
Cuando se le preguntó sobre la postura de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que planteó que el evento donde murieron dos estudiantes no fue “un acto intencional, sino resultado de una conducta poco cuidadosa del chofer”, el abogado señaló que el boletín de la dependencia fue escueto y no dio la información correcta de la situación jurídica del acusado.
Señaló que el contenido real del pliego de consignación, que integró la agencia del Ministerio Público, señala el artículo 70, que enmarcaba como grave el homicidio y las lesiones agravadas.
Añadió que el presidente del TJSE explicó a la comunidad estudiantil que no se estableció la agravante en la acusación, pero se incluye en el análisis del cuerpo del delito.
El abogado afirmó que el homicidio y las lesiones agravadas están debidamente probadas, con cinco declaraciones de testigos presenciales, que hacen claros señalamientos hacia el conductor del tráiler.
Incluso, señaló que su defensa no aportó pruebas ni solicitó la fianza, pues los estudiantes no fueron llamados a declarar o a un careo, ya que se sabía que estaba acusado de un delito grave.
Indicó que a partir de la notificación a su defensa y al Ministerio Público, el abogado de Torres Salado tiene cinco días para apelar la sentencia y se abre un periodo que llaman de instrucción, para la aportación y desahogo pruebas.
Hernández Castro destacó que los padres de familia estarán acompañando a los estudiantes en todas sus acciones, mientras los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero y el Ejecutivo estatal, no se han acercado no mostrado interés en esta agresión, donde resultaron muertos los alumnos Freddy Fernando Vázquez Crispín y Éder Pérez Serafín.