Humberto Musacchio

Michoacán: la terquedad en una estrategia

Grupos de civiles armados toman poblaciones, cobran impuestos, hacen grandes negocios, inciden en la política y mantienen a Michoacán en vilo. Se trata evidentemente de una emergencia, el gobierno estatal –si es que existe– se declara incapaz y el Poder Ejecutivo federal, una y otra vez, se ve obligado a intervenir y a fracasar.
Desde hace mucho tiempo las pandillas criminales se han enseñoreado en varias partes del país, donde sólo existe la ley del revólver. La receta gubernamental ha sido, una y otra vez, mandar policías y soldados que después de unos días se retiran a otros lugares –son varios los frentes abiertos– y la delincuencia de nuevo es el gran poder.
Lo que vive Michoacán no es nuevo. Sí lo es la virulencia de los enfrentamientos, el ostentoso despliegue de armas de uso exclusivo del Ejército en manos de civiles, el empleo, incluso, de algo parecido a un carro militar, la magnitud de la destrucción, la situación de guerra que se vive en la mitad del estado, la amenaza que eso representa para todo el país.
Hay miles de efectivos militares en tierras michoacanas, pero casi todos están concentrados en Lázaro Cárdenas, principal centro industrial y puerto de salida de un monto considerable de las exportaciones mexicanas. El resto del estado es tierra de nadie y los caminos son altamente peligrosos, tanto, que incluso un convoy militar fue atacado este mes con saldo de dos muertos.
El gobierno federal pretende tranquilizar a los mexicanos minimizando la gravedad de la situación y anunciando el cercano fin de la violencia. Sin embargo, medidas del propio gobierno envían señales en sentido contrario, pues apenas esta semana la Secretaría de Gobernación anunció el envío de miles de policías federales, lo que recuerda el viejo chiste del militar que enviaba un mensaje a sus superiores: “Vamos ganando, manden refuerzos”.
En Washington, el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos no viajar a Morelia o a Lázaro Cárdenas y a posponer los viajes a Michoacán, Colima, Guerrero y zonas cercanas. Aquí, un funcionario de Scotiabank de apellido Perogrullo, advierte que la inseguridad bloquea nuevas inversiones y encarece costos.
Pero la violencia no se limita a Michoacán. Está en muchas partes del país e incluso en el Valle de México, pues el Ejército patrulla en Cuautitlán Izcalli. Y mientras todo esto sucede, hay sectores que le exigen al gobierno más mano dura, pese a que la receta se aplicó sin éxito durante todo el sangriento sexenio de Felipe Calderón y no obstante que hasta ahora es la única medida aplicada por el gobierno presente. El señor Osorio Chong llama a los miembros de escuadrones civiles a dejar las armas, sin considerar que es el único recurso que tienen para defender sus bienes y la vida propia y de sus familiares.
En suma, no hay novedad en el frente, como no sea más sangre y más sufrimiento. Y mientras aquí seguimos matándonos, en varios estados de la Unión Americana se legaliza la mariguana, como ya lo hicieron Holanda y Portugal. Uruguay ha ido más lejos, pues legalizó el consumo, el comercio y la producción, con lo que rompió el oligopolio criminal de la yerba. México debe despenalizar totalmente el consumo de varias drogas, empezando por la mariguana, y paralelamente reglamentar su producción y comercio, dictar una amplia amnistía y procurar que los capitales de los narcos se inviertan aquí en actividades lícitas y en la creación de empleos. Ya es hora de abandonar el papel de guaruras del vecino y ver hacia adelante, ver por México.