Jorge Camacho Peñaloza

Tortura, Estado de derecho y derechos humanos

*Prohibir la tortura y otras penas crueles o degradantes, no basta para erradicar éstas prácticas aberrantes. Joaquín Pérez Villanueva.

Una Estado que se precie de ser democrático, avanzado y justo, se somete a sus propias leyes y no deja a los gobernantes actuar según sus intereses particulares, estados de ánimo y preferencias personales, y si éstos actúan conforme a derecho por encima de sus propias convicciones se dice que es un gobernante con ética de la responsabilidad.
El Estado de derecho, ese que todavía muchos  políticos y gobernantes confunden con el cuerpo jurídico con el que se regula la vida social incluyendo las instituciones y el gobierno, no son las leyes en sí mismas sino una característica o cualidad de los estados o gobiernos que establecen y respetan sus propios límites dictados por la sociedad y actúan dentro de ellos.
Vivir en un Estado de derecho es vivir en una sociedad en la que sus gobernantes respetan a pie juntillas las leyes, en donde las instituciones funcionan de acuerdo con los reglamentos y donde los ciudadanos, independientemente de su condición, son respetados en su integridad física, moral y jurídica.
En ese sentido en la sesión del Congreso del Estado del pasado miércoles las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia, hemos logrado la aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Guerrero, que envió el Ejecutivo el pasado 5 de junio del 2013 y que se incluye en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
En esta ley se establece que la tortura practicada en cualquier persona por parte de particulares o servidores públicos, específicamente integrantes de las policías preventivas o ministeriales, es una violación grave a los derechos humanos y es considerada como una ofensa a la dignidad humana.
Esta ley ha sido una de las demandas principales de distintas organizaciones sociales no gubernamentales y gubernamentales de defensa de los derechos humanos con el objeto de que el propio Estado, a través de sus diferentes cuerpos policiales no sea quien propicie esa práctica en contra de la dignidad humana.
A pesar de que la dignidad humana y los derechos humanos son la máxima expresión de la libertad y objeto de todas las leyes, con esta ley en Guerrero damos un paso enorme en cuanto al establecimiento del Estado de derecho ya que marca un nuevo límite para el Estado, gobierno, instituciones y órganos policiales en su relación con los integrantes de la sociedad, esencia misma del Estado.
De ahora en adelante la tortura en Guerrero será tipificada como un delito grave para quien violente la integridad, seguridad y la vida de las personas conforme a los estándares internacionales y regionales, y permitirá adoptar medidas para evitar la utilización de prácticas de tortura en la detención de quienes presuntamente hayan cometido un ilícito, así como para investigar todas las denuncias acerca de detenciones arbitrarias y tratos crueles por parte de personal militar en contra de civiles.
En particular esta ley significa un paso importante en la transformación de nuestras policías y fuerzas públicas, de ser cuerpos de coacción al servicio de los intereses políticos y ahora hasta delincuenciales, para empezar a ser una fuerza protectora de la dignidad humana y de los derechos humanos, para ello se requerirá de capacitar a las policías y fuerzas castrenses en cuanto al uso de la fuerza que es en lo que al parecer no hay suficiente claridad en los límites por parte de los efectivos.
Esta Ley se sustenta en la Constitución de la República, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención contra la tortura y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
Por lo anterior, la acción coactiva del Estado en nuestra entidad estará ya enmarcada no sólo en nuestras propias leyes, sino en tratados y preceptos internacionales lo que lo obliga a sujetarse a éste límite para avanzar en sí mismo como un Estado de derecho.
Hay que reconocer que ley se origina con la iniciativa del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quién siempre ha manifestado su preocupación y respeto por la defensa de los derechos humanos, siendo un político conocido por su sensibilidad, por la dignidad humana, fue posible que se articularan diversas propuestas provenientes de los partidos y organizaciones de derechos humanos, como es el Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan y la Red Guerrerense de organismos civiles de defensores de derechos humanos.
Es por esto que hoy más que nunca, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Guerrero tendrá un papel determinante en que este avance se concretice, porque es la instancia facultada para vigilar la actuación del Estado en relación con los particulares, de ahí la imperiosa necesidad de que este órgano retome el rumbo por el que lo conducía su finado presidente Juan Alarcón Hernández, por lo que el gobernador de acuerdo con sus facultades constitucionales y sin intereses sectarios extendió el nombramiento como el presidente provisional del coordinador regional del organismo en Acapulco.
Esperemos que este órgano continúe creciendo como fue durante la gestión del licenciado Juan Alarcón Hernández, y no se hunda en la vorágine de las vanidades, militancias, intereses e ideologías.
Éste es un avance importante hacia la consolidación del Estado de derecho en Guerrero, para el encauzamiento de nuestra sociedad y gobierno por el camino de la ley, que es el único que puede volver a colocarnos en una condición de justicia, equidad y desarrollo. Enhorabuena.
Vuela, vuela palomita, y ve y dile: a los guerrerenses, que el Estado de derecho no se construye sólo haciendo leyes, sino también con la vigilancia de los ciudadanos, para que sus gobernantes y representantes anden derechos y no por caminos chuecos.