Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Apaguen el fuego… en Michoacán

El miércoles pasado el gobernador Ángel Aguirre Rivero se condolió de la crisis que sufre Michoacán y alzó sus ruegos para que “cese ya la violencia” en ese estado. Sin embargo, con todo lo infernal que se presenta el embate de la criminalidad en Michoacán, no es ahí donde se produce el mayor número de víctimas, sino aquí, en Guerrero. No es en Michoacán donde los cárteles se introducen a los penales para matar por decenas a sus enemigos, sino aquí, en Guerrero. Y no es Michoacán el estado que mayor preocupación genera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el impacto social de la inseguridad pública y la incapacidad gubernamental para brindar garantías a la población, sino Guerrero.
La espesa cortina de humo levantada por los enfrentamientos entre los grupos de autodefensas y las bandas de la delincuencia en la Tierra Caliente michoacana ha impedido ver con claridad lo que sucede en Guerrero. Hace un año, Aguirre Rivero perdió la compostura y reaccionó con un cólico hepático ante la difusión de estadísticas que situaban a Acapulco como la segunda ciudad más violenta y peligrosa del mundo por el elevado índice de homicidios que ocurren en sus calles, rebasada solamente por San Pedro Sula, Honduras. Pero lo cierto es que Guerrero no está mejor que Michoacán, y por el número de muertos que arroja la violencia, está mucho peor. De hecho, como han reportado las estadísticas del gobierno federal, Guerrero es el estado con la mayor violencia del país y supera en esa condición (si fuera país) a naciones que padecen actualmente guerras civiles, como Siria, y apenas está debajo de Honduras y El Salvador.
Que el gobernador de Guerrero se compadezca ahora de la desgracia de Michoacán es un ejemplo de cómo Aguirre Rivero se complace y se limita a la administración de las apariencias, y hace a un lado el ejercicio responsable del gobierno. Por lo que sucede ahora en Michoacán, el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo dirigió las fuerzas federales a ese estado, sino también optó por enviar a un delegado plenipotenciario que en la práctica tiene la misión de sustituir al gobernador Fausto Vallejo y cuya primera decisión fue remover al procurador y al secretario de Seguridad Pública del estado. El vuelco que de esa forma dio la institucionalidad en Michoacán equivale a una declaratoria de desaparición de poderes locales, sin que ésta haya sido aprobada por el Senado de la República como establece la Constitución. Es un acto de sobrevivencia del Estado, y un acto de desesperación, y al final de cuentas tiene el mismo origen que los grupos de autodefensa ciudadana.
Vistas las cosas desde la misma perspectiva, no hace falta mucho para que llegue a Guerrero un enviado especial del gobierno federal para hacerse cargo del estado. Una decisión semejante ya fue ensayada en septiembre pasado, cuando el presidente Peña Nieto prácticamente sustituyó al gobernador Ángel Aguirre para enfrentar el desastre provocado por las lluvias de la tormenta Manuel y del huracán Ingrid. Como ahora Fausto Vallejo en Michoacán, en aquellas fechas Aguirre Rivero fue desplazado, suprimido en la toma de decisiones para responder a la emergencia. Parece haber pesado en la determinación de Peña Nieto el conocimiento de que cuando las lluvias empezaron a descargar su fuerza en Guerrero, Aguirre Rivero disfrutaba de una fiesta en la residencia oficial, que se prolongó hasta la madrugada siguiente y que lo dejó postrado precisamente el día en que debía estar lúcido y activo para desplegar la ayuda a la población. En descargo (pero no justificación) de Fausto Vallejo, debe tenerse presente que el gobernador de Michoacán estuvo o está todavía enfermo.
No es que esté siempre de fiesta, pero resulta igual de impactante que en el caso de Michoacán la incapacidad del gobierno de Aguirre para enfrentar con eficacia al crimen organizado. La impunidad con la que la delincuencia opera en Chilpancingo, denunciada a cada rato con impotencia por los empresarios de la capital, es una muestra fehaciente de la expansión incontenible de los cárteles, que ahora no se limitan a las regiones alejadas de la sierra, la Tierra Caliente, la Costa Chica, la Costa Grande o su plaza favorita, Acapulco.
Para el caso de Michoacán, el gobierno de Estados Unidos fue un poco más allá de alertar a los turistas estadunidenses para que eviten visitarlo. En un gesto sin precedente, Washington ofreció ayuda al gobierno de Peña Nieto para enfrentar al crimen (“Ofrece EU apoyo por Michoacán”, Reforma, 16 de enero de 2014). La semana pasada el Departamento de Estado incluyó a Guerrero, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en su alerta a sus ciudadanos para que eviten visitarlo o extremen sus precauciones al hacerlo, casi sin abandonar la Costera de Acapulco. La alerta de Estados Unidos y el ofrecimiento de ayuda para Michoacán son señales de que la violencia en el país preocupa y alarma también en el exterior.

Acapulco, otra vez

Y es posible que esta semana otro cólico hepático doble al gobernador Ángel Aguirre, pues el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el mismo que lo hizo enojar hace un año, dio a conocer ayer un nuevo estudio acerca de las 50 ciudades más violentas del mundo, y Acapulco figura nuevamente ahí. La buena noticia es que ya no está en segundo lugar, sino en el tercero, con un índice de 112 homicidios por cada cien mil habitantes. San Pedro Sula sigue en primer lugar, y Caracas, Venezuela, reemplazó a Acapulco en el segundo lugar. También están Culiacán, Torreón, Chihuahua, Ciudad Victoria, Cuernavaca…

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