Ya no llevará Tlachinollan la defensa de los policías comunitarios presos, informa la CRAC de Olinalá

Observaron cercanía del abogado Vidulfo Rosales con las autoridades estatales, dice el comandante Jesús Coronel. Hay más órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la CRAC de El Paraíso, agrega

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Jesús Coronel Díaz informó que retiraron al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, Vidulfo Rosales Sierra, de la defensa de 12 presos políticos porque no había avances sustanciales en los procesos.
La información la dio luego de que el esposo de la coordinadora regional de Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez, dijera que modificaron la estrategia de la defensa por un acuerdo con los abogados. Desistieron del proceso de apelación ante las instancias locales para promover un amparo ante la justicia federal una vez que lo autorice por trámite la luchadora social recluida en un penal de Tepic, Nayarit.
En consulta durante la marcha del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Chilpancingo dijo que observaron cercanía del abogado de Tlachinollan con las autoridades estatales, como parte de las negociaciones de la CRAC oficial que encabeza el coordinador regional de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo.
El comandante comunitario se reservó los datos de los nuevos abogados, y añadió que saben que existen más órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la CRAC de El Paraíso.
Recordó que entre los 12 dirigentes y policías comunitarios de El Paraíso detenidos está Nestora Salgado García, en el Penal de Tepic Nayarit; el consejero de la Casa de Justicia de Ayutla,  Arturo Campos Herrera trasladado a la prisión de Almolonga en el Estado de México; y el promotor Gonzalo Molina González, quien fue llevado a una prisión de Oaxaca.
Agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) también los acusó de delincuencia organizada pero consideró que no hay elementos para configurar esta acusación porque la Policía Comunitaria se organizó para proteger a sus familias y a sus vecinos, víctimas de la violencia y el crimen organizado.
Con un grupo de policías con el uniforme de la CRAC de El Paraíso participó en la marcha para convocar a la población y a los ciudadanos organizados a sumarse a la demanda de liberad de sus compañeros.
Mediante un escrito que distribuyeron en la protesta denunciaron que el encarcelamiento de sus compañeros y la criminalización de la organización comunitaria tiene la intención de someter a los pueblos, “aterrorizarnos para imponer su política económica con las reformas estrucuturales”.
Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de estas agresiones, y en consecuencia de violentar la Constitución, la Ley 701 que reconoce legalmente a la CRAC y el Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Reiteraron que las acusaciones contra los policías comunitarios fueron fabricadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que luego liberó a asesinos, secuestradores, descuartizadores y sicarios detenidos por sus compañeros ante la falta de seguridad.