Vulnera Aguirre los derechos humanos al intentar controlar la Codehum, sostiene Abel Barrera

Demerita a las instituciones y exhibe una falta de compromiso con las víctimas y los defensores de derechos humanos, dice

Karla Galarce Sosa

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que la actuación del gobierno estatal es “perversa” al manejar un doble discurso, una doble moral que, lejos de respetar los derechos humanos de los y las guerrerenses y defensores de derechos, demerita a las instituciones.
En declaraciones al concluir su participación en la conferencia de prensa que ofrecieron los ambientalistas de Greenpeace a bordo del barco Rainbow Warrior, Barrera Hernández dijo que al intentar controlar la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, el gobierno vulnera los derechos humanos sin ninguna reserva.
Afirmó que el doble discurso ha sido una constante del actual gobierno de Ángel Aguirre Rivero, lo que exhibe una falta de compromiso para con las víctimas y los defensores de los derechos humanos.
“Les preocupa más el control de las instituciones y no atender las recomendaciones de derechos humanos, mucho menos hablar por los derechos de la población que está vulnerada, sobre todo los desaparecidos, los que han sido asesinados, los que han sido perseguidos, los encarcelados; es decir, por un lado quieren controlar las instituciones y domesticarlas y por otro lado usar todo el peso de la ley, el uso del derecho penal para castigar a quienes están defendiendo los derechos humanos, es perversa la actuación de la autoridad”, sentenció el activista.
Dijo que en el gobierno estatal y federal hay una consigna política de no garantizar el debido proceso de Nestora Salgado, porque han impedido que la defensa pueda tener comunicación con ella desde el 21 de agosto pasado que fue detenida, hasta la fecha.
“Eso es algo grave que vulnera los derechos y que se ha tenido que apelar a diferentes recursos, pero las autoridades han usado políticamente las leyes para poder impedir que haya una defensa adecuada; por eso la tuvieron que sacar ilegalmente del estado, colocarla en un penal de mediana seguridad, y solamente la familia ha podido hablar con ella”, señaló Abel Barrera.
Ella se siente muy mal, continuó, y todo porque no hay garantías de que se esté llevando un proceso adecuado.
Dijo que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá “no sabe cuál va a ser el mecanismo real de cómo va a ser la defensa y eso, lamentablemente, es algo que se ha impuesto por parte de las autoridades estatales y federales, que no importan los derechos de los detenidos y lo que más importa es mostrar una postura dura para inhibir la organización de las comunidades en la defensa de sus territorios y tener sus propios sistemas de seguridad”.
Se le preguntó su opinión sobre el mecanismo para otorgar el nombramiento del presidente interino de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, y respondió que “hay un uso político de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, hay una introducción del Ejecutivo en cuestiones que tienen que ser, sobre todo, decisiones del Consejo Técnico, ese es un indicador claro de la falta de respeto que hay a los organismos públicos de derechos humanos”.
Agregó que el nombramiento del presidente de la Codehum no es una cuestión meramente legaloide, sino que se trata de aspectos vinculados con principios, ética y de demostración de que se tienen que respetar a las instituciones generadoras de ciudadanía.
Opinó que el nombramiento lo “han llevado a un manoseo perverso para controlar las pocas instituciones que han estado respondiendo a las demandas de la sociedad y creemos que esto es un anuncio de lo que va a seguir ocurriendo”.
Ahondó que al tener controladas a las instituciones se acallan las demandas y las formas más legítimas de la ciudadanía, para poder apropiarse de estas instituciones.
“Es arrebatar el patrimonio de la sociedad e imponer cotos de poder dentro de una organización o institución que ha sido construida y labrada por las víctimas, por la gente, por quienes han sido los que han luchado porque haya respeto a los derechos humanos”, argumentó el defensor de los derechos humanos.
Advirtió que la intromisión del gobierno en las instituciones de defensa de los derechos humanos ya se veía venir en el sentido de que no hay una ley que actualice una comisión que esté a la altura de los principios y estándares internacionales.
Falta “una comisión autónoma, ciudadanizada, una comisión con su propio peso organizativo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, una organización respetada por las autoridades”, señaló.
Al final acotó que “las autoridades pelean a la Codehum y no respetan los planes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí hay un doble juego, una doble moral; por un lado se entromete a la comisión estatal y manotea para controlarla; y por otro, denigra, desvirtúa y descalifica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí es donde vemos que no hay respeto, y eso es peligroso en nuestro estado y en nuestro país, porque vemos que hay una regresión, se quiere domesticar los derechos humanos a modo para las autoridades y eso es grave porque entonces es fortalecer más el autoritarismo, el monopolio de las instituciones y el acallamiento de la ciudadanía”.