Tlachinollan

La Codehum, botín político en Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC

*Los derechos hu-manos siguen siendo un botín político para la clase política guerrerense; al no asumirse como elemento central del ejercicio del poder la defensa de la dignidad humana y de la democracia que es inherente a los derechos humanos, éstos y sus instituciones son instrumentalizados por quienes detentan el poder.

Mientras en la Montaña se incuba una crisis alimentaria que los gobiernos estatal y federal se niegan a ver, la clase política guerrerense ha mostrado una vez más su propensión a instrumentalizar los derechos humanos para satisfacer sus aviesos intereses políticos.
Dos hechos consecutivos, íntimamente ligados entre sí, lo demuestran: la intervención directa del Ejecutivo en la vida institucional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y la aprobación en el Congreso del Dictamen relativo a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero.
Respecto del grave atentado que se perpetró contra la independencia de la Codehum, la intervención flagrante del Ejecutivo estatal en el organismo oficial se perpetró a las pocas semanas del lamentable deceso del ombudsman don Juan Alarcón. El temor a una intrusión gubernamental ilegítima en la Comisión, expresado en estas mismas páginas hace no mucho tiempo, mostró ser fundado tras el manotazo autoritario con que el Ejecutivo respondió a las declaraciones sobre el sistema penitenciario estatal  que efectuó el Visitador General –y presidente interino en funciones por decisión del Consejo Técnico–, que simplemente hicieron eco de una verdad pública y conocida no sólo en la entidad sino en todo el país: nuestras cárceles son escuelas del crimen. Sostener en público esta afirmación, que no es más que un lugar común, desató la ira en Casa de Guerrero y se tradujo en la remoción de Hipólito Ligo Cortés mediante un procedimiento al que se pretendió revestir de legitimidad mediante argumentos legaloides, cuando en la forma y en el fondo viola la Constitución y la Ley que crea a la Codehum. Salvo honrosas excepciones, el Consejo Técnico de la Comisión se doblegó pasivamente ante esta decisión pues no defendió públicamente, con denuedo y de forma unánime, la decisión que había tomado con antelación al depositar la presidencia interina en la persona de quien fuera visitador general y mano derecha del anterior presidente.
La intromisión del Ejecutivo en la vida institucional de la Comisión fue lo suficientemente desaseada como para motivar un enérgico pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la que se articula el Sistema Ombudsman a escala nacional, aún cuando –es menester señalar– dicha Federación no se ha caracterizado por hacer frente a los desplantes de los hoy omnipotentes gobernadores. En su comunicado, fechado el 8 de enero de 2014 y firmado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, la Federación afirma que la designación hecha por Ángel Aguirre Rivero “contraviene la exigencia constitucional de hacerlo vía consulta pública y trastoca de manera sensible la autonomía de dicho Órgano de Estado”. La gravedad de esta afirmación sólo puede dimensionarse si se considera que no es un organismo de la sociedad civil el que la sostiene, sino el conjunto de las comisiones estatales de derechos humanos de nuestro país.
El vicio que deslegitima este proceder no se relaciona con la designación del actual presidente interino, quien en su paso por la Montaña mostró profesionalismo, así como un compromiso con los derechos humanos que refrendó hace algunos meses al documentar las violaciones al debido proceso cometidas por este gobierno en contra de los activistas de la policía comunitaria detenidos y trasladados ilegalmente a la cárcel de Acapulco. El problema central estriba en que ante la opinión pública quedó demostrado cómo el gobierno estatal reaccionó de forma desmedida y virulenta ante un leve atisbo de crítica de un organismo que, precisamente, tiene su razón de ser en el ejercicio de la crítica libre ante los abusos de poder y las violaciones a derechos humanos. Esta reacción no cuidó las más elementales formas y pasó por encima de lo que el propio Consejo Técnico de la Codehum había decidido, sin que los actores políticos de la entidad se pronunciaran en defensa de un organismo público autónomo que es patrimonio de todas y todos los guerrerenses. De esa manera, los sucesos desnudaron en su hipocresía a una clase política para la que es más sencillo llenarse la boca en la prensa elogiando la labor que en vida realizara don Juan Alarcón, que actuar en congruencia para defender su legado cuando se ve amenazada la institución que presidió.
Y es que el funcionamiento del Sistema Ombudsman depende en buena medida de que las instituciones públicas de derechos humanos sean independientes no sólo en el plano normativo sino en el más relevante plano de la realidad política concreta. El procedimiento de designación de sus titulares, a este efecto, debe ser pulcro y cuidadoso. Por ello, los Principios de París, instrumento internacional que establece los parámetros más aceptados para la actuación de este tipo de instituciones, señalan con toda claridad que el nombramiento del ombudsman debe “…ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Un procedimiento desaseado como el que vivimos en la entidad genera, necesariamente, desconfianza. Al margen de las personas involucradas, ¿existen hoy condiciones objetivas para que la Codehum ejerza sus atribuciones a cabalidad con independencia? ¿Volvería el ombudsman estatal a adherirse a una solicitud de medidas cautelares con la sociedad civil o a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar contra el Ejército como ocurrió bajo el anterior mandato? ¿Se animará el presidente interino a tocar al Ejecutivo con el pétalo de una declaración después de lo ocurrido? Lo cierto es que los acontecimientos de los últimos días no permiten responder afirmativamente estas preguntas.
Sí permiten, en cambio, constatar una vez más cómo los derechos humanos siguen siendo un botín político para la clase política guerrerense; al no asumirse como elemento central del ejercicio del poder público la defensa de la dignidad humana y de la democracia que es inherente a los derechos humanos, éstos y sus instituciones son instrumentalizados a placer por quienes detentan el poder.
Algo similar ocurrió con la aprobación del dictamen aprobado por el Congreso respecto de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero. Como se mencionó con insistencia en este mismo espacio, la tortura que la Procuraduría General de Justicia de este gobierno infligió a un joven estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para intentar desvirtuar dolosamente lo sucedido el 12 de diciembre de 2011, desató una ola de señalamientos internacionales contra el Estado de Guerrero por la deficiente tipificación del delito de tortura en la entidad. Dicho crimen, como criticaron estos señalamientos, no se encuentra establecido en el Código Penal sino en la Ley que crea la Codehum, lo que en la práctica ha motivado que los agentes del Ministerio Público del fuero común –siempre propensos a encubrir los abusos del poder y siempre arrastrados por la inercia burocrática– no inicien averiguaciones previas por el delito de tortura alegando mañosamente que el delito no se encuentra en el Código. Adicionalmente, la tipificación prevista en dicha Ley, que data de 1990, ha quedado rebasada por los avances suscitados en el ámbito internacional.
Ante este panorama, organismos de la sociedad civil –entre los que estuvo Tlachinollan– presentaron ante el Congreso durante el año 2012, una propuesta integral de reforma que no sólo incorporaba la adecuada tipificación del delito sino también otras innovaciones legislativas a nivel procesal que podrían situar a Guerrero a la vanguardia en materia de prevención y sanción de la tortura. Organismos internacionales como la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), encomiaron esta propuesta y señalaron sus virtudes. La misma Codehum, además, presentó su propia propuesta para la consideración de las y los diputados, en consonancia con la que allegó la sociedad civil.
Tlachinollan acudió en más de una ocasión al Congreso a dialogar con las y los legisladores sobre la necesidad de la reforma, lo mismo que la OACNUDH y la Codehum. Las condiciones estaban dadas para generar un diálogo público que sirviera para ponderar las diversas iniciativas y para elaborar un diagnóstico sobre la persistencia de la tortura en Guerrero. Sin embargo, durante todo el 2013 prevaleció el desinterés de las y los diputados sobre este tema.
No obstante, en este agitado inicio del 2014 el interés del Congreso respecto de la tortura revivió de forma súbita, casualmente poco después de que el Gobierno estatal fuera criticado de forma generalizada por socavar la independencia de la Codehum. De manera precipitada, sin que antes se hubiera propiciado una discusión sobre la iniciativa del Ejecutivo y sin que el Congreso haya tenido la deferencia democrática de propiciar un análisis técnico de ésta por parte de los diversos actores civiles que se interesaron en el proceso, esta legislatura aprobó de manera unánime un Dictamen relativo a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.
Las consecuencias de esta precipitación, que en su premura revela las señas propias de una actuación decidida en Casa Guerrero, están a la vista: las y los diputados no sólo incumplieron una de las recomendaciones centrales del Comité contra la Tortura, en el sentido de que este delito se debe incorporar en el Código Penal, sino que además aprobaron una tipificación deficiente, contraviniendo tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Mientras que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que ésta es “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”, el Dictamen sólo se refiere a tres finalidades específicas: “I. Obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión; II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o, III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”. Como es evidente, el Congreso no incorporó la cláusula abierta que permite sancionar la tortura cuando se comete “con cualquier otro fin”, distinto a la obtención de una confesión, al castigo o a la coacción, que si fueron consideradas.
El dictamen dejó fuera muchos otros aportes innovadores contenidos en las propuestas allegadas por la sociedad civil y la Codehum. Pero más allá de estas deficiencias técnicas, interesa aquí distinguir en la aprobación apresurada de una legislación toral en materia de derechos humanos una posible acción concertada para atenuar las críticas que generó la descarada intromisión del Ejecutivo en la vida institucional del ombudsman estatal. A todas luces parecería que, una vez más, la clase política guerrerense actuó conforme al viejo método que tan arraigado está en nuestra clase política: si una decisión autoritaria es criticada, la aprobación al vapor de una ley relacionada con algún tema que preocupe a la sociedad civil puede lavarle la cara al gobierno y hacer que aquella decisión se olvide. La docilidad de un Congreso como el nuestro, desde luego, facilita y permite esta sucia labor de limpieza, donde los derechos humanos aparecen de nuevo como botín.
Pero el pueblo de Guerrero no es ingenuo. El atentado contra la independencia de la Codehum y la aprobación apresurada de la legislación en materia de tortura, permanecerán en la memoria de las y los guerrerenses que, cuando no han transcurrido ni siquiera los veinte primeros días del año, tienen ya un eslabón más que añadir a la larga cadena de agravios contra los derechos humanos que ha caracterizado a esta administración; un eslabón que se anuda a la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa; al homicidio de 13 luchadores sociales; y a la criminalización desproporcionada de activistas de la Policía Comunitaria –algunos de ellos en penales federales de máxima seguridad hasta hoy–, para quienes Tlachinollan no dejará de exigir un juicio justo y un trato proporcionado.
Si para los de arriba los derechos humanos son botín, para los de abajo son la causa más preciada; esa por la que vale la pena entregar la vida e incluso enfrentar juicios y señalamientos injustos.