Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El nuevo capítulo de la vieja guerra sucia

* Guerrilla y falsas acusaciones contra dirigentes

A pesar de que el mismo diario que proporcionó la noticia ofreció con el mismo despliegue el desmentido al día siguiente, quedó de manifiesto que el gobierno federal (y también el del estado a cargo del perredista Angel Aguirre Rivero) acusa a los dirigentes del movimiento social de Guerrero de mantener nexos con la guerrilla, lo que permitió al periódico abrir la primera nota con el alarmista encabezado de ocho columnas “Guerrilla mueve a grupos de autodefensa y maestros”. (Milenio, 7 de enero de 2014).
La información es muy precisa y no deja lugar a dudas sobre la formulación y gravedad de los cargos: “De acuerdo con informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de los gobiernos federal y de Guerrero), a los cuales tuvo acceso Milenio, los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el movimiento magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad. Y no sólo eso: pueden estarse armando (algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada”.
Llama la atención que a pesar de la estridencia de ese primer párrafo, en el segundo el autor del reportaje advierta, con un sentido común que no refleja el encabezado principal, que la información que extrajo de documentos oficiales podría ser un mero invento de los servicios de inteligencia: “Los formatos y redacciones de los diagnósticos de estos casos se asemejan a los que elaboraban los cuerpos de seguridad política del régimen priista en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando se utilizaban para descalificar o perseguir a los opositores de izquierda, a quienes etiquetaban de ‘comunistas’ y ‘subversivos’, aunque no lo fueran”.
El reportaje menciona al dirigente de la CETEG Minervino Morán Hernández, a quien se identifica como “activista” del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCMML); a Bertoldo Martínez Cruz, de “marcada ideología marxista-leninista”, “preparador de la lucha armada del EPR en Guerrero” y “enlace principal entre el movimiento subversivo estatal y el nacional”, quien “también formó parte de las direcciones estatal y nacional del ERPI”, cita Milenio; a Raymundo Sánchez Taboada, compañero de correrías de Martínez Cruz; a Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, Bernardino García Francisco y “Francisco” (Javier) Monroy Hernández, entre varios más.
Asimismo, los papeles del gobierno afirman que el Movimiento Popular Guerrerense “se concentró, en una segunda etapa de sus actividades, en sitios en los cuales existen “células armadas subversivas diseminadas en puntos estratégicos y localidades donde tienen presencia e influencia las policías comunitarias afines a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”.
En el batidillo que reflejan los documentos dados a conocer no se menciona a Cuba como maligna influencia, como solía hacerse en los años setenta, pero sí al sucedáneo de Cuba, que es la Venezuela  “bolivariana” de Hugo Chávez, y ofrece un interés particular la referencia que se hace a la matanza de El Charco como antecedente de la supuesta subversión en curso, matanza descrita ahí como dice el Ejército que fue, un “enfrentamiento” con guerrilleros.
La importancia de la información radica en el hecho de que revela la existencia, continuidad o permanencia –como lo sugiere el segundo párrafo del reportaje– de la práctica que solía ser costumbre del Estado en los años setenta, consistente en acusar soterradamente, sin pruebas, a los críticos del régimen para justificar su encarcelamiento, su desaparición o su asesinato.
El más destacado ejecutor de esa política de la guerra sucia fue el extinto general Arturo Acosta Chaparro, jefe durante algún tiempo de la sección tercera del Ejército, la encargada del servicio de inteligencia, y autor de un prolijo informe sobre el movimiento guerrillero.
El reportaje explica que los documentos citados son “informes de inteligencia del Estado mexicano”, sin aclarar si su origen es militar o civil. Es decir, si proceden de la Secretaría de Gobernación o del Ejército, las instituciones con estructuras para producir esta clase de reportes. La duda sobre este punto crucial no es despejada por el hecho de que haya sido Gobernación la que desmintió la información al día siguiente, a través del comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
“El hecho está totalmente fuera de nuestra información, de nuestro conocimiento. Ni siquiera podría aceptar el término guerrilla”, dijo Mondragón a Milenio. Explicó que “tenemos conocimiento de los grupos que en toda la República están participando, cualquiera que sea su índole, pero no puedo hablar de guerrilla en México (…) No digo quién actúa, hay grupos con intereses de diferente orden y los tenemos ubicados”, dijo, y el diario ofreció el 8 de enero el siguiente encabezado también de ocho columnas: “Están ubicados y no son guerrilleros: Mondragón”.
Si la Secretaría de Gobernación negó la validez de la información obtenida por el diario, se podría deducir que ésta provino de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eso puede ser cierto o no. Lo único que sugiere la negativa de Mondragón es que el gobierno federal no va a reconocer formalmente ni siquiera la existencia de tales papeles.
Al final de cuentas, lo relevante de este episodio es que el gobierno federal, en cualquiera de sus nichos de poder, produjo documentos que no sólo estigmatizan como enemigos a un grupo de opositores al nuevo régimen del PRI, sino que los condena y los expone a riesgos evidentes. Y eso, sin duda alguna, es guerra sucia. No una nueva guerra sucia, sino la misma de siempre, en un nuevo capítulo.
El informe revelado por el diario capitalino debe ser analizado a la luz de la aparición hace apenas mes y medio, del nuevo grupo guerrillero FAR-LP. Despierta suspicacia esta secuencia de hechos, ya sea que se considere el informe como confirmación del presunto crecimiento de las guerrillas, para lo que bastaría tomar nota de las nuevas siglas, o la irrupción del presunto grupo guerrillero como confirmación del contexto descrito en el reporte. Una cosa implica a la otra, y desde ese punto de vista la conclusión es que Guerrero está a punto de ser infestado nuevamente por grupos armados cuando el país vive en una democracia. Pero no parece que sea así, sino que el informe fue elaborado con presunciones y datos falsos para incriminar a los dirigentes sociales, como advierte el reportaje de Milenio, y las FAR-LP podrían ser una impostura preparada para dar apariencia de verdad a lo que dice el gobierno que ocurre en Guerrero. La consecuencia es que el gobierno se suministra a sí mismo un pretexto y una justificación para desatar la represión y la guerra sucia en Guerrero, por la que muchos líderes sociales han sido asesinados y otros están en la cárcel. No hay elementos que sitúen a alguno de los activistas mencionados en tareas guerrilleras, y varios de ellos desmintieron la información, lo que puede tener sin cuidado al gobierno, pues lo que busca es etiquetarlos como “subversivos”, “comunistas” o infractores de la ley, aunque no lo sean. Efectivamente, así era antes.

UAG: cinco días más de aguinaldo

Los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero recibieron el viernes pasado cinco días adicionales de aguinaldo, con lo que su gratificación de fin de año sumó 75 días. Es comprensible que este tipo de acciones incrementen la buena opinión que el rector Javier Saldaña Almazán ha cultivado entre los universitarios como eficaz gestor de recursos. Sin embargo, hay un sector al que le incomoda la visibilidad desarrollada por Saldaña, y aun más la relación que mantiene con políticos del PRI, como Manuel Añorve. Pero son precisamente esa visibilidad y esas relaciones las que le permiten al rector conseguir pilones de presupuesto.

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