La ley contra la tortura tiene más peso que tipificar el delito en el código penal, dice Jorge Camacho

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de la de Justicia del Congreso local, el panista Jorge Camacho Peñaloza, dijo que la tortura no se incluyó en el Código Penal porque “en atención a los organismos internacionales”, los diputados determinaron que es “es de mayor peso tener la ley”.
El diputado panista afirmó que es más importante la aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, que la inclusión en el Código Penal, porque afirmó que la ley específica da a los ciudadanos “todos los elementos para sancionar y castigar y determinar cuáles son los alcances”.
Afirmó que el hecho de que no esté en el Código Penal no es un elemento fundamental para poder perseguir el delito de la tortura, “con la ley somos más específicos”.
Esto a pesar de que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas había expresado su interés en el proceso de legislación de la tortura en Guerrero, y de que el delito fuera incluido en el Código Penal.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reprochó que la iniciativa que envió el gobierno al Congreso local se aprobó en la opacidad, sin discusión pública, y con ello ratificó que no existe división de poderes en la entidad.
Camacho Peñaloza dijo que las víctimas de tortura pueden acudir al Ministerio Público (MP) “y tendrán que atenderlos de manera particular, sin que esté en el Código Penal”.
Se le preguntó si posteriormente se incluiría en el Código Penal, y dijo que?están trabajando en el tema penal acusatorio, que será llevado al pleno en el próximo periodo ordinario, en el que se incluye el tema de la tortura, pero en el actual adelantó que no se incluirá.
Consideró que? a partir de la creación de la ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en Guerrero, los organismos nacionales e internacionales deberán conocer y analizar para emitir su opinión.
Dijo que no está de acuerdo en la observación que realizó el Centro Tlachinollan en el sentido de que la definición del delito no se ajusta a la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada y ratificada por el Estado mexicano.